Caracas califica de "cobardía política" la actuación del Gobierno en el 'caso Cubillas'

El Gobierno venezolano exige en un comunicado el cese de las declaraciones "ambiguas y tendenciosas" que vinculan al país con la banda

El Gobierno de Hugo Chávez está cansado de las constantes vinculaciones entre Venezuela y la banda terrorista ETA realizadas por ministros del Gobierno de Zapatero. Así de tajante se han mostrado en un comunicado de la Cancillería venezolana dado a conocer esta noche: "El Gobierno bolivariano considera una demostración de cobardía política, que la clase política española pretenda justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo (ETA), intentando endorsárselo al gobierno y al pueblo de Venezuela", indica un comunicado de la Cancillería venezolana.

El Gobierno venezolano "rechaza tajantemente las declaraciones que de manera insistente y repetida han producido el Vicepresidente del Gobierno de España Alfredo Pérez Rubalcaba, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Trinidad Jiménez y el ministro de Justicia Francisco Caamaño, en el sentido de asociar al pueblo y al gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA", dice.

La nota vuelve a hacer hincapié en que no existe ningún tipo de relación con la banda terrorista y que todo se debe a una campaña persecutoria de la "prensa sensacionalista española". Venezuela es un país "extraño a este violento fenómeno cuya única raíz y razón de ser se encuentra en España", y agrega que el pueblo y el Gobierno venezolano "son objeto día tras día de una violenta campaña de terrorismo psicológico ejercida por la muy sensacionalista prensa española" que actúa contra la Revolución Bolivariana.

"El gobierno venezolano no permitirá que se siga cediendo desde España, por oportunismo o por convicción, a la presión de las corporaciones mediáticas a expensas de la dignidad del pueblo venezolano", dice.

La nota termina de manera aún más tajante: el Gobierno del presidente Hugo Chávez "exige el cese inmediato de estas declaraciones ambiguas y tendenciosas de parte de altos responsables gubernamentales de España".

Un conflicto que se ha reavivado desde el inicio del caso Cubillas, un etarra deportado a Venezuela en 1989. La semana pasada, el Gobierno español solicitó la extradición de Arturo Cubillas al que la Justicia española reclama por presuntos nexos con ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El pasado martes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que el ministerio público no había recibido aún de las autoridades españolas una notificación formal sobre la solicitud de extradición.

Ortega subrayó que Venezuela es "un Estado libre, independiente y soberano" y que la decisión que toma con respecto a la justicia, lo económico o lo social "corresponden única y exclusivamente a las políticas que el Estado venezolano diseña".

Cubillas, que tiene nacionalidad venezolana y trabaja en un ministerio de este país, compareció ayer en calidad de testigo ante un fiscal venezolano en una causa abierta a petición suya al legar "indefensión" ante las acusaciones que le implican en el entrenamiento a etarras de fabricación de explosivos en Venezuela.

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