Era el día del vuelo inaugural

¿Por qué tenía tanta prisa el consejero de la Embajada de Estados Unidos en Madrid en obtener el apoyo que buscaba del Gobierno español el 10 de enero de 2002? A la misma hora en que, como muestra el documento "muy secreto" 3329/02, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores Miguel Aguirre de Cárcer le recibía en su despacho, un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense despegaba desde el aeropuerto de Kandahar, la ciudad del sur de Afganistán que había sido feudo del mulá Omar. A bordo viajaban 23 supuestos terroristas, la mayoría afganos, aunque también había saudíes, yemeníes e incluso un británico y un australiano.

Tras casi 24 horas y 12.000 kilómetros de vuelo (y una escala intermedia, en la que el pasaje fue transbordado a un C-141), los prisioneros llegaron a la isla caribeña. Allí estrenaron el siniestramente famoso campamento Rayos X, con sus celdas como jaulas, los monos de color naranja, las gafas para cegar y las cadenas para inmovilizar manos y pies.

Según los registros de tráfico aéreo de Portugal, el vuelo que había salido de Kandahar entró en el espacio aéreo bajo control de las Azores a las 10.01 GMT (hora del meridiano de Greenwich) del 11 de enero de 2002 y salió a las 13.14 GMT del mismo día. Era un C-141, con el indicativo RCH7502. Procedía de LEMO (denominación aeronaútica de la base española de Morón) y se dirigía a MUGM (Guantánamo).

Sin embargo, en la documentación que ha remitido a la Audiencia Nacional, Defensa asegura que este avión no hizo escala en Morón, sino que sobrevoló el espacio aéreo español a través del Estrecho de Gibraltar. Según los registros de Defensa, el avión hizo escala en Incirlik (Turquía).

En cambio, Defensa ha reconocido al juez que 11 aviones hicieron escala en bases españolas procedentes o con destino a Guantánamo entre 2002 y 2005 y que otros 13 cruzaron el espacio aéreo español. En los dos primeros años, que coinciden con la etapa de mayor ocupación del campamento Rayos X, que llegó a albergar hasta 775 reclusos, hubo una decena de sobrevuelos y escalas. Sólo en dos ocasiones, según la documentación oficial, hay constancia de que esos aviones trasladaran presos de Guantánamo: el 18 de julio de 2005, cuando fue extraditado a España el marroquí Ikassrein Lahcen, a petición de la Audiencia Nacional; y el 30 de septiembre del mismo año, cuando se repatrió a un ciudadano egipcio.

Las autorizaciones para escalas o sobrevuelos de aviones son de dos tipos: individuales, que se conceden caso por caso en cualquier aeropuerto español; o genéricas (denominadas blanket clearance o autorización general), limitadas a las bases militares de Morón, Rota y Torrejón.

Los vuelos a Guantánamo se autorizaron al amparo de una blanket clearance que se renovaba automáticamente cada tres meses: la Operación Libertad Duradera, que servía de paraguas tanto para la guerra de Afganistán como para las operaciones contra Al Qaeda.

Tras el 11-S, el Consejo Atlántico activó por vez primera el artículo 5 del Tratado de Washington, el mecanismo de defensa mutua que obliga a los aliados a prestarse asistencia en el caso de que uno sea agredido. No se hizo tanto a petición de EE UU como por empeño de los países europeos, deseosos de mostrar su solidaridad, pero al Pentágono le sirvió de base para embarcar a sus socios en una guerra cuyos objetivos y métodos decidía unilateralmente.

El 12 de febrero de 2007, después de que EL PAÍS publicase las primeras noticias sobre vuelos entre Morón, Rota y Guantánamo, el presidente de la sección española del comité hispano-norteamericano pidió a su contraparte estadounidense que le confirmara si se había respetado el artículo 25.2 del convenio, que prohíbe a los aviones de EE UU transportar "personalidades, mercancías peligrosas, pasajeros o carga que pudieran ser comprometidos para España".

Ese mismo día, el teniente coronel Glenn A. Ferguson contestó por escrito: "Cumplimos y hemos cumplido absolutamente el convenio de cooperación en Defensa y no hemos violado el párrafo 2 del artículo 25". El Gobierno del PSOE se dio por satisfecho. Alega que los aviones militares de EE UU tienen consideración de vuelos de Estado y no puede registrarlos, según el Convenio de Chicago de 1944. Quizá no hubiera sido necesario. Habría bastado preguntar al Gobierno de Aznar.