Embajadas catalanas a contracorriente

Las nuevas tecnologías, las facilidades en las comunicaciones y las estrecheces económicas están obligando a replantear la red diplomática de muchos países. Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Austria están en proceso de cerrar varias embajadas y consulados. España, infrarepresentada en el extranjero, sigue abriendo legaciones. Y Cataluña, aunque a otro nivel, sigue la estela española.

El debate sobre este despliegue va desde las críticas por una costosa operación simbólica soberanista a la necesidad de dotar a Cataluña de rostro político y cultural en determinados países o instituciones.

La Generalitat, además de las 38 oficinas comerciales desplegadas por todo el mundo desde hace años, ha inaugurado en los últimos dos ejercicios cinco delegaciones políticas en París, Londres, Berlín, Bruselas y Nueva York. Las seguirán otras en Buenos Aires, Casablanca, México y en una capital asiática. No son embajadas, porque sólo los Estados pueden acreditar embajadores, pero sí son embajadas, en tanto que asumen funciones de representación política.

Cataluña es la comunidad con más oficinas políticas en el extranjero

La de Bruselas tiene una larga tradición y unas funciones precisas e indiscutibles. Anna Terrón es la delegada de la Generalitat ante la Unión Europea. La oficina tiene su origen en el Patronat Català Pro Europa, que en la etapa de Pujol presidió el eurodiputado de CiU Carles Gasòliba. La socialista Terrón, eurodiputada entre 1994 y 2004, es una gran conocedora del tejido institucional europeo.

La de París tiene como objetivo meter a Cataluña en la Unesco, organismo internacional donde podría tener la condición de "miembro asociado", aunque para ello debe primero conseguir que el Gobierno español lo proponga y después que lo aprueben dos tercios de los miembros de la Conferencia General de la Unesco. En 2004, ERC presentó una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a que lo propusiera, algo que no ha ocurrido. Fuentes diplomáticas españolas reconocen que su titular, hermano de Carod, mantiene una excelente relación con la embajada y no se ha extralimitado en sus tareas.

Berlín, es una incógnita. En tiempos de Jordi Pujol, Alemania, y más concretamente algunos länder como el de Baden-Württemberg, ocupaban un espacio referencial. El espejo bávaro, por más que en realidad el estatuto de Baviera no se diferencie en nada del de los demás Estados federales, siempre ha sido utilizado como reclamo. Pero la capital alemana no alberga ninguna institución internacional y es difícil saber cuál es la tarea del embajador catalán.

También es difícil distinguir el interés que Londres tiene en estos momentos para Cataluña. Un eventual proceso de independencia de Escocia explicaría el interés soberanista de disponer de una sede en la capital británica, que tampoco alberga ninguna organización internacional de interés para Cataluña.

Por su parte, Nueva York, como centro cultural y neurálgico del planeta, parece una elección inevitable. Otra cosa es que, desde allí, se pretenda, como se ha dicho, introducirse en las esferas de las Naciones Unidas.

El coste de estas delegaciones, sobre todo la de Nueva York, no se conoce en su detalle. En los presupuestos hay consignados 2,2 millones de euros para este año, lo que incluye los locales y los gastos de mantenimiento. Los sueldos van aparte. En ellas trabajan entre cinco y diez personas además del delegado, que tiene rango de director general y cobra 87.500 euros anuales.

Josep Lluís Carod Rovira considera plenamente justificado el gasto. La crisis económica no justifica, en su opinión, el repliegue.

"Ningún país cierra embajadas en momentos de crisis económica", repite en contra de las evidencias cada vez que sus planes son cuestionados. Carod mantiene que con las delegaciones se ahorrarán costes, pues ayudarán a unificar oficinas ahora dispersas de organismos comerciales como el Copca o el Cidem y del Instituto de Industrias Culturales.

Cataluña es la comunidad con más oficinas en el extranjero, pero otras no se quedan atrás, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tiene 31 oficinas comerciales y una quincena de agentes repartidos por todo el mundo; Castilla y León también tiene una quincena de oficinas. En la órbita del PSOE, Andalucía tiene 24 oficinas. Eso sí, todas estas comunidades se desmarcan del proyecto político de Carod Rovira.