Des-concierto'

Es sabido que la importancia de una noticia no coincide con su interés informativo. Y esta semana pasada se ha constatado, pues la noticia más importante ha estado tapada por otras mucho más interesantes. De entre éstas, la más destacada ha sido el culebrón del PP, un thriller donde el falso culpable Rajoy es perseguido por buenos y malos para que no llegue vivo al congreso de junio. Y aún ha habido otras de parecido interés: la precipitada detención en Burdeos del penúltimo padrino de la mafia criminal vasca, la novena entrevista fallida entre el presidente español y el lehendakari, la convalidación parlamentaria de la impune compatibilidad de Taguas... Pero sin duda, la noticia más importante de la semana ha sido el inicio de la reforma de la financiación autonómica con la reunión el martes del Consejo de Política Fiscal y Financiera seguida al día siguiente de una cena de presidentes socialistas en el palacio de la Moncloa.

¿Por qué los vascos y los navarros tienen concierto económico y los demás no?

Es preciso renegociar el reparto territorial de la Hacienda Pública española por dos razones al menos. La más urgente es la necesidad de adaptarla a la entrada en vigor del nuevo Estatut catalán pactado en enero de 2006 por Artur Mas y Zapatero, que impone la transferencia de la mitad de los ingresos fiscales del Estado. Es la tercera ronda del largo ciclo de deriva autonómica, tras la primera pactada por Pujol y González, que transfirió la sexta parte de los impuestos, y la segunda pactada por Pujol y Aznar, que cedió la tercera parte de la Hacienda Pública. Pero aún existe otra razón adicional que hace esa reforma todavía más necesaria.

Es la que se deriva del incremento reciente de la población española en cinco millones de habitantes adicionales (un 10% más), legítimos perceptores de derechos sociales en tanto que contribuyentes y cotizantes. Son los nuevos españoles (paráfrasis de los nuevos catalanes) llegados en los últimos diez años pero desigualmente distribuidos por el territorio estatal, pues se concentran en las áreas más dinámicas de Baleares, Madrid y Cataluña: las tres comunidades autónomas que, a causa de su sobrecarga demográfica, experimentan mayor retroceso en el gasto público por habitante tras el reparto de los fondos de suficiencia calculados sobre la población de 1999.

De ahí la legítima reivindicación catalana de reestructurar la nivelación territorial del gasto público para hacerla más justa y equitativa. Lo cual supone un cambio en la posición tradicional de los catalanes, que antes exigían vincular la distribución del gasto público en proporción al esfuerzo fiscal que grava la renta generada (lo que resulta políticamente discutible), y hoy argumentan la necesidad de distribuirlo en función de la población: un alegato de impecable corrección política que no admite contestación porque se funda en la justicia social. Y una postura, además, que se aproxima a la que defienden tradicionalmente comunidades receptoras como la andaluza. De ahí que ahora ya resulte factible alcanzar un consenso pactado sobre la nivelación equitativa del gasto público por habitante.

Pero semejante acuerdo sobre la reforma de la financiación actual no suspendería más que momentáneamente la tradicional reivindicación catalana de mayor soberanía fiscal. En efecto, tal acuerdo nivelador del gasto por habitante sólo obligaría a las autonomías de régimen general, quedando fuera del mismo las comunidades forales cuyo concierto económico las dota de soberanía fiscal (Navarra y Euskadi), con lo que su gasto público por habitante es muy superior al resto del territorio español. ¿Por qué los vasco-navarros tienen concierto económico y los demás no? Si es por derechos históricos (argumento políticamente discutible), los catalanes tampoco quieren ser menos. De ahí que hasta el PSC, y no digamos CiU, reivindiquen su concierto económico. Y si algún día Cataluña lo obtuviera, el resto de comunidades donantes tampoco querría ser menos.

Ésta es la raíz última del des-concierto autonómico: la injusta disparidad del gasto público por habitante entre las comunidades forales, blindadas por su concierto económico, y todas las demás, obligadas a hacer caja común. Por ello, la solidaridad interterritorial con las comunidades receptoras sólo corre a cuenta del esfuerzo fiscal de Baleares, Madrid, Cataluña y Valencia, mientras los impuestos de Navarra y Euskadi quedan exentos, destinándose a sufragar tan sólo el muy superior nivel de gasto público del que se benefician en exclusiva sus habitantes. Una injusticia fiscal que ha sido reconocida por primera vez en el informe que acaba de dictaminar una comisión de 26 expertos convocada por el Instituto de Estudios Fiscales.

Y hasta que no se resuelva esa injusticia cundirá el desconcierto fiscal, pues la financiación autonómica seguirá siendo imposible de cuadrar.