El Constitucional rechaza de plano la recusación de tres jueces progresistas por el PP

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano, por ocho votos a dos, la admisión a trámite de las recusaciones del Partido Popular contra los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, a los que acusaba de haberse mostrado favorables a la reforma de la ley orgánica del Tribunal.

Los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata han anunciado sendos votos particulares discrepantes de la decisión de la mayoría. El magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas ha anunciado la posibilidad de un voto particular concurrente, es decir, coincidente con el parecer de la mayoría pero haciendo constar determinadas precisiones.

El pleno del Constitucional, tras reunirse el lunes por la mañana y el martes por la tarde, ha rechazado de forma fulminante tramitar las recusaciones de los tres magistrados progresistas, por no considerarles contaminados, pese a la maniobra del PP de acusarles de falta de parcialidad sobre la base de una información sin firma publicada en el diario El Mundo el 25 de octubre.

La información de El Mundo hacía referencia a una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, en la que Sala, Aragón y Pérez Tremps se habrían "mostrado favorables" a la reforma de la ley orgánica. La información sirvió de gancho al PP para, al día siguiente de su publicación, impugnar la presencia de los magistrados señalados por El Mundo para tratar de apartarles del pleno que debe juzgar la reforma legal.

Sin embargo, los seis magistrados aludidos por El Mundo dirigieron una carta al presidente del pleno, Vicente Conde Martín de Hijas, para poner en su conocimiento, "a los efectos que puedan resultar oportunos, que lo hablado por cada uno de nosotros en la reunión celebrada el 12 de junio (...) no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo".

El tajante desmentido a El Mundo no arredró al PP que, lejos de retirar las recusaciones, organizó una febril campaña de acoso a los magistrados del Constitucional, en particular a uno de los firmantes del desmentido, el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas. Éste, sin embargo, pese a criticar al presidente en funciones por haber incorporado el desmentido a las actuaciones, mantuvo el desmentido en lo sustancial: contra lo publicado por El Mundo, "en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora de la ley orgánica del Tribunal Constitucional".

La carta de Rodríguez Arribas redobló los esfuerzos del PP y sus dos magistrados más afines, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Arribas, articularon una batería de votos discrepantes, petición de trámites de audiencia y actuaciones obstruccionistas en un último intento para agotar todas las posibilidades de expulsar del pleno a tres jueces del sector progresista.

En paralelo, el PP intentó que se acumularan sus tres recusaciones a las presentadas por el Gobierno contra García Calvo y Rodríguez Zapata, que, éstos sí, habían expresado por escrito su "más profunda discrepancia" con la reforma de la ley del Tribunal. A su entender, la nueva ley no daba cobertura a la prórroga del mandato de la presidenta María Emilia Casas.

Dada la falta de parangón entre el escrito firmado por García-Calvo y Rodríguez-Zapata y las recusaciones del PP, articuladas sobre una información periodística sin firma y desmentida por seis magistrados, el PP intentó que se vieran todas juntas para intentar que se rechazaran todas y poder mantener en el pleno a los dos recusados por el gobierno. Rozando el disparate, el PP incluso exigió la toma de declaración, en "confesión jurada" de la presidenta del tribunal y de los tres magistrados recusados. Todo inútil: al final el pleno ha rechazado de plano las recusaciones.