El Constitucional intenta desde hoy cerrar la sentencia del Estatuto

El Tribunal Constitucional inicia a partir de hoy el que puede ser su último Pleno, convocado para "votación y fallo" de la sentencia del Estatuto catalán, aunque está previsto que se prolongue en "días sucesivos". El tribunal abordará hoy mismo la ponencia de su presidenta, María Emilia Casas, que considera 14 cuestiones inconstitucionales en el Estatuto y somete otras 24 a interpretaciones para considerarlas constitucionales. Es el séptimo proyecto de sentencia del Estatuto.

Se trata de una ponencia progresista, muy similar en los resultados al quinto y fracasado proyecto de sentencia, elaborado por la magistrada Elisa Pérez Vera. Deja a salvo la constitucionalidad del término "nación" aplicado a Cataluña, aunque lo somete a una interpretación de conformidad, tanto en el enunciado del Preámbulo como en lo relativo a los símbolos "nacionales" de Cataluña del artículo 8.1.

En el caso del Preámbulo, explica que al no tener los preámbulos contenido normativo, resulta suficiente señalar que las referencias a "Cataluña como nación" y a la "realidad nacional de Cataluña" no tienen eficacia jurídica interpretativa. En cuanto al término "nacionales" lo limita a los símbolos de la nacionalidad de Cataluña.

Según las fuentes jurídicas consultadas, los magistrados llegan al Pleno con las mismas posiciones de partida que han hecho encallar los anteriores proyectos de sentencia, por lo que no es probable que la ponencia de Casas sea aprobada. Sobre todo porque la magistrada no ha llevado a su texto el reconocimiento de la "indisoluble unidad de la Nación española" como exige Manuel Aragón, descolgado del sector progresista del tribunal.

A la vista de la situación, si al inicio del Pleno la presidenta no ha logrado reunir los apoyos suficientes, previsiblemente no someterá la ponencia a votación, porque después no sería factible debatir sobre una ponencia rechazada en su conjunto. Así, si Casas ve que no cuenta con suficientes apoyos, en vez de someter a votación el texto íntegro, intentaría someter la ponencia a una votación "por bloques".

Según las citadas fuentes, la votación por bloques incluiría cuatro grandes apartados: un bloque de normas de constitucionalidad; otro de normas que se declararían inconstitucionales; un tercero sobre interpretaciones de conformidad; y el último se reservaría para el Preámbulo.

Si aún así Casas ve que la votación puede fracasar, o no hay acuerdos sobre alguno de los bloques, la votación se desarrollaría "artículo por artículo". El problema es que, dada la composición del Pleno, integrado por 10 magistrados, es muy probable que se repitan las votaciones según los distintos bloques en que aparece fracturado el Pleno respecto de algunas de las cuestiones más delicadas. Es decir, que se reproduzcan votaciones que arrojen un resultado de 4-3-3, en las que el empate se produzca entre las posiciones minoritarias, como ya ha sucedido anteriormente.

Cuatro magistrados del bloque progresista pueden considerar un precepto constitucional, otros tres del sector conservador pueden apreciarlo inconstitucional, y los tres restantes, situados en un sector intermedio, podrían decantarse por una interpretación de conformidad. Esa es la situación típica que ha impedido hasta ahora que haya sentencia.

Para resolver ese 4-3-3, se seguiría el siguiente método: se celebra una segunda votación, en la que participan los 10 magistrados, pero solo sobre las dos posturas minoritarias, es decir, sobre si el precepto es inconstitucional, o si es susceptible de una interpretación de conformidad. La postura que triunfe entre estas dos, se enfrentará a la mayoritaria favorable a la constitucionalidad, en una nueva votación de los 10 magistrados. Y la que de entre estas dos tenga más votos -en caso de empate a cinco resuelve el voto de calidad de la presidenta- será la que refleje la sentencia.

Según las fuentes jurídicas consultadas, este sistema provocará que las votaciones se dilaten, dado que las respectivas posiciones de los magistrados siguen en el mismo sitio. Pero también producirá una cierta tendencia hacia las posiciones intermedias, es decir, hacia interpretaciones de conformidad, que Casas posiblemente prefiere antes que laminar el Estatuto de tachas de inconstitucionalidad.

La ponencia de la presidenta es la que menos tachas de inconstitucionalidad tiene, 14, respecto a los seis proyectos anteriores, es decir, es la más favorable al Estatuto catalán.