El Congreso aprueba la reforma del Código Penal que castiga con cárcel la conducción temeraria

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy para su envío al Senado la proposición de ley que reformará el Código Penal en materia de seguridad vial y que endurece las penas para los conductores que sobrepasen los límites permitidos de velocidad y los de alcohol y drogas. La reforma, que se tramita por la vía de urgencia para que pueda estar en vigor antes de final de año, contempla penas de cárcel para los conductores temerarios que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vía urbana o en 80 en vía interurbana. El texto ha contado con el respaldo de la mayoría de la Cámara, salvo el PP, que ha votado en contra. IU-ICV y PNV se han abstenido.

Tras la aprobación del proyecto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado en los pasillos del Congreso que se trata de una reforma del Código Penal que "nos iguala" a Europa y que está destinada a "quienes van demasiado deprisa y conducen a velocidades temerarias" con riesgo para su vida y para la de los demás. A partir de ahora, "quien conduzca superando los límites de velocidad, con tasas de alcohol mayor de las permitidas o sin carné, se arriesga a una sanción de tipo penal", ha advertido Rubalcaba.

El proyecto, según ha reiterado durante el debate el diputado de CiU y presidente de la Comisión de Seguridad Vial, Jordi Jané, se centra especialmente en los dos elementos que están presentes en la mayoría de los accidentes de tráfico: la velocidad y el alcohol.

Penas de prisión

A partir de la aprobación de la nueva normativa, aquellos que sobrepasen los límites de velocidad (conducir a más de 200 kilómetros por hora en autovía, a más de 180 en carretera y a 110 en vía urbana) serán castigados con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en todos los casos, serán privados de conducir por un tiempo de entre uno y cuatro años.

La pena de prisión será de entre seis meses a dos años para el que conduzca "con temeridad manifiesta" y ponga "en concreto peligro la vida o la integridad de las personas", y de dos a cinco años si se demuestra además que se conduce de esa forma con "desprecio por la vida de los demás".

Quienes conduzcan con una tasa de alcohol de 1,2 gramos en litro de sangre podrán ser castigados con entre tres y seis meses de cárcel, pena que será de seis meses a un año en el caso de que un conductor se niegue a someterse a las pruebas de alcoholemia, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Una reforma "acelerada"

El texto aprobado hoy también incluye una enmienda consensuada entre CiU y PSOE para evitar casos como el de Farruquito y que castiga con cárcel de tres a seis meses el hecho de conducir sin haber obtenido el carné, la misma pena que tendrá el que lleve un coche habiendo perdido todos los puntos del permiso.

Desde el PP, el diputado Federico Souvirón ha justificado la oposición de su partido al considerar que es una reforma "a toda prisa", emprendida sin diálogo y que incluye enmiendas que "sólo han venido a taponar las vías de agua para que el barco no naufragara antes de hacerse a la mar". Para Souvirón, es excesivo el límite establecido de alcohol en sangre, respecto a la media de la Unión Europea, así como los límites a la velocidad, al entender que las señales de tráfico de las carreteras españolas deben actualizarse y no se corresponden con la situación de la vía.

Souvirón ha señalado que la reforma no atiende las circunstancias que puedan concurrir en cada caso y "dejará fuera a conductores que aún circulando por debajo de la velocidad permitida lo hagan de manera temeraria". Para ilustrar su razonamiento, el diputado ha preguntado a la Cámara si es lo mismo "circular a 110 en proximidad de un colegio que por una travesía deshabitada de madrugada", o bien, "circular por una carretera interurbana de primera generación que en autovía de última generación".

El portavoz del PSOE en la Comisión de Seguridad Vial, Victorino Mayoral, ha salido al paso de las críticas y ha defendido el proyecto como un conjunto de medidas para luchar contra la siniestralidad dentro de la nueva política de seguridad vial que ha conseguido que haya "500 muertos menos al año".

La diputada del PNV Margarita Uría ha calificado la reforma de "precipitada" y "sin datos que justifiquen las medidas". Además, ha avisado de que el proyecto no cuenta con informes de la Fiscalía ni del Consejo General del Poder Judicial. En la misma línea, Isaura Navarro (IU-ICV) ha censurado la "tramitación acelerada" de la norma y se ha mostrado más partidaria de medidas para favorecer la eficacia del carné por puntos, como la eliminación "urgente" de los puntos negros, mejorar las infraestructuras y la señalización, incorporar limitadores de velocidad en los vehículos y, en todo caso, vincular la penalización del exceso de velocidad al peligro generado.