La Comisión hará historia

La Unión Europea puede incurrir de nuevo en el equívoco burocrático de creer que una política común es, por definición, una política deseable. Bajo la presión de la Francia de Sarkozy y la Italia de Berlusconi, la Comisión ha preparado un borrador de Directiva del Retorno que se someterá pasado mañana a la consideración de los Veintisiete. De ser aprobado, los Estados miembros contarán con un instrumento, casi habría que decir una coartada, para establecer un implacable protocolo de expulsión para ocho millones de extranjeros sin papeles. Ahora que cualquier nadería se convierte en acontecimiento histórico, resulta sorprendente que no se destaque la dimensión de este proyecto: nunca hasta la fecha, en ningún tiempo ni próximo ni remoto, los poderes públicos habían decidido deportar de su territorio a ocho millones de personas. Si algo merece el calificativo de histórico, aunque, a continuación, haya que añadir el de escalofriante, es esta normativa elaborada con la puntillosa insensatez de los oficinistas que se limitan a traducir órdenes políticas en papelería administrativa.

La Directiva del Retorno empieza por rehabilitar la figura jurídica de la retención, una monstruosidad desde el punto de vista de los principios penales democráticos a la que recurrieron con profusión los regímenes dictatoriales. En los Estados de derecho, los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, sólo pueden estar, o en libertad, o privados de ella por una resolución judicial que debe atenerse a las causas y a los plazos fijados por una ley preexistente. No existe ni puede existir nada entre medias. Y, menos aún, una detención administrativa, que es el secreto semántico que se esconde bajo la retención masiva de inmigrantes en campos habilitados para ellos. La Comisión, el supuesto embrión del Gobierno de la Europa unida, de la Europa de la razón, los valores, el espíritu crítico y otras sonoras palabras, al parecer, de quita y pon, no va a sugerir pasado mañana acabar con esta práctica, sino regularla, por así decir, desde un punto de vista técnico.

El derrotero por el que se adentrará la Unión de prosperar esta iniciativa sobre inmigración lleva a una conclusión que no debe ocultarse a los ciudadanos: en la Europa de los Veintisiete, habrá castigos privativos de libertad que deriven de los Códigos Penales de los países miembros y otros castigos, en cambio, que no serán considerados castigos, aunque conlleven la privación de libertad, y que estarán fijados en una Directiva, regulados como simples decisiones de la Administración. La ubicación no es intrascendente, puesto que abre la rendija por la que la Comisión sugiere la abolición de algunas de las garantías irrenunciables de la ley penal democrática, única norma que autoriza a recluir a un ciudadano, a privarle de su libertad, tras una resolución de los jueces.

En el borrador de la Directiva de Retorno se dice que los inmigrantes sin papeles podrán permanecer hasta seis meses en los centros de internamiento y que ese plazo se podrá ampliar en otros 12, hasta completar un máximo de año y medio, en los supuestos de "falta de cooperación del afectado" o de "retrasos en la obtención de la documentación necesaria por parte de los terceros países". ¿Qué significa esto? En el primer supuesto, que la detención administrativa puede ser utilizada como medio de presión, o por decirlo en toda su crudeza, como chantaje, para que el "afectado" colabore. En el segundo, que un retraso administrativo de los países terceros puede convertirse en agravante de la retención que pese sobre un extranjero sin papeles; pero en un agravante sin parangón en el derecho interno, puesto que no es que permita prolongar en una porción tasada el tiempo que un extranjero puede permanecer privado de libertad, sino que autoriza nada menos que a triplicarlo en función de algo de lo que, además, no es responsable. Por si no fuera bastante, la Directiva de Retorno prevé que estas medidas se apliquen, también, a los menores que no estén acompañados. Es decir, a menores que, sin haber alcanzado la edad penal, podrán pasar hasta 18 meses recluidos.

El Gobierno tendrá ocasión de presentar, pasado mañana, la nueva política de inmigración que se anunciaba tras las elecciones. Los "contratos" o "compromisos de integración" propuestos por el PP son una broma, comparados con lo que este borrador de Directiva pone en juego. La decisión que se tome no cabrá disculparla en nombre del realismo en el tratamiento de la inmigración. Porque resolver mediante la abolición de las garantías jurídicas la situación de los ocho millones de trabajadores extranjeros que la UE pretende deportar no es un encomiable ejemplo de realismo, sino una insensata preferencia por los atajos. Aunque se trate de atajos comunes, de políticas comunes, ésas que tanto estimulan el equívoco burocrático del que la UE nunca parece a salvo.