Cataluña despedirá a interinos y eliminará pagas y permisos

La indignación en el lado de los delegados fue tal que a punto estuvieron de levantarse de la Mesa General de la Función Pública, donde se sientan representantes de los sindicatos y de la Generalitat. La magnitud de los recortes a los empleados públicos de la Administración catalana y sus empresas públicas que expusieron ayer los responsables de la Función Pública no tiene precedentes. "Supone hacer retroceder 30 años las condiciones salariales, laborales y sociales de la plantilla de la Administración catalana", clamó en un comunicado.

El documento de propuestas que la Generalitat entregó a los sindicatos clasifica 19 medidas, entre estructurales y coyunturales. Entre las coyunturales figuran la "revisión" de las plantillas de interinos "en servicios no finalistas ni esenciales", la rebaja en la parte catalana de las pagas dobles de 2012, la suspensión del Fondo de Acción Social (FAS, ayudas para hijos con discapacidad, dentista, etcétera) y de la aportación al plan de pensiones, y la no convocatoria de nuevas plazas de trabajadores públicos.

En el capítulo de recortes estructurales destacan la "revisión" del tique de comedor de cinco euros las tardes que los funcionarios trabajan, la reducción de días de asuntos propios (ahora hay entre 8 y 11) y de días de vacaciones por antigüedad, la eliminación del complemento de asistencia que tienen algunas empresas públicas y la supresión de las subvenciones sindicales y del número de liberados sindicales "por encima de lo que prevé la normativa".

El Gobierno pretende ahorrar con estas medidas más de 860 millones de euros. Entre los montantes destacan la reducción de los complementos salariales para todos los empleados públicos y funcionarios (306 millones) y la modificación de complementos por estadios, niveles de carrera y tramos para el personal docente (297,5 millones). El Ejecutivo también calcula que con la modificación de los días de asuntos personales se ahorrará 22,3 millones, que equivalen a 822 años por año. El recorte por medidas coyunturales asciende a 389,5 millones y las propuestas de reducción estructurales suman un total de 470,5 millones de euros.

"No nos lo podemos ni creer", afirmó la responsable del Área Pública de CC OO, Josefina Pujol. El capítulo que más preocupa es el de los despidos de interinos: el sindicato recordó ayer que el personal temporal e interino supone entre el 25% y el 30% del total de la Administración (203.000 personas si se suman los departamentos, el Servicio Catalán de Salud y las empresas públicas).

La segunda preocupación es la pérdida de poder adquisitivo: a la rebaja del 5% impuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 se suma la congelación vigente. Según fuentes de la negociación, la reducción de la paga extra supondría una merma del 1,7% en el total del salario. Sumando el resto de las propuestas, los representantes de los trabajadores aseguran que la pérdida acumulada alcanzaría el 20%, si se tienen en cuenta los complementos que se retiran y suspensiones coyunturales como el FAS.

El representante del Sector de la Generalitat de UGT, Xavier Casas, calificó la propuesta de la Generalitat de "declaración de guerra" y de "recorte inédito, que atenta contra las medidas de conciliación y manda al paro a centenares de empleados de una Administración anoréxica". El sindicato Médicos de Cataluña tachó los recortes de "mutilación de derechos sociales" y vaticinó que las medidas "encenderán el fuego de la revuelta" entre los profesionales de la salud.

En tono conciliador, la vicepresidenta del Gobierno y responsable de la cuestión, Joana Ortega, quiso mostrar la voluntad negociadora del Ejecutivo para lograr un acuerdo que satisfaga a todos. "Compartimos la voluntad de una función pública profesional, efectiva, ágil, e intentar preservar el máximo posible los puestos de trabajo", aseguró Ortega. La vicepresidenta reclamó "un esfuerzo" para lograr el acuerdo y aseveró que el Gobierno está abierto a negociar. "No venimos con un acuerdo cerrado", concluyó Ortega.

La oposición protestó por el nuevo recorte y exigió concreción. El PSC reclamó una comparecencia de Ortega para detallar las medidas: "El Ejecutivo genera confusión para obtener ventaja en la negociación", afirmó la portavoz socialista, Laia Bonet. Su homóloga en Iniciativa, Dolors Camats, habló de "fraude" a los servidores públicos; los ecosocialistas exigieron, además, un pleno monográfico para tratar el modelo de bienestar catalán. Esquerra acusó al Gobierno de "apoyarse en los estigmas sobre los empleados públicos" y reclamó reformas fiscales para aumentar los ingresos de la Generalitat. El PP ve bien que se hagan ajustes, pero reclamó que se haga hincapié en la reducción de empresas públicas.