Cascos no paga las transferencias para servicios sociales a 78 Ayuntamientos
Los alcaldes amenazan con suspender prestaciones y despedir a funcionarios
El Principado de Asturias no abona el dinero correspondiente a transferencias de educación y políticas sociales de los 78 Ayuntamientos de la región. El parón se produjo el 15 de julio, coincidiendo con la investidura de Francisco Álvarez-Cascos (Foro Asturias), que gobierna en minoría con un programa basado en la "austeridad y la lucha contra el despilfarro". Las partidas congeladas representan hasta el 15% del presupuesto anual de los consistorios y sirven para financiar el mantenimiento de conservatorios, escuelas infantiles para niños de hasta tres años y programas de atención domiciliaria enmarcados en la ley de dependencia, entre otras prestaciones sociales cuya continuidad queda ahora en el aire. Los fondos corresponden a la compensación del Gobierno autónomo a los Ayuntamientos por los servicios que asumen fuera de sus competencias.
Las partidas suponen hasta el 15% del presupuesto de los Consistorios
Esta parálisis de las transferencias la denuncia el alcalde socialista de Pravia, Antonio de Luis Solar,quien asegura que el tema centrará la asamblea de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) del próximo día 11. De Luis Solar -que será el futuro presidente de la institución, que agrupa a los 78 consistorios asturianos- afirma que todos los alcaldes socialistas de estos concejos (hay 45) y populares (12) están de acuerdo con esta queja y califica de "muy preocupante" la situación: "Si el Principado no nos paga , suspenderemos los servicios e, incluso, podríamos despedir a trabajadores". Solar acusa al Ejecutivo de Álvarez-Cascos de congelar transferencias autorizadas por su antecesor, el socialista Vicente Álvarez Areces. EL PAÍS ha intentado sin éxito desde el lunes recabar la opinión del Principado.
Además, el Gobierno de Álvarez-Cascos tomó ayer una decisión de calado: un recorte del gasto de 156 millones de euros del presupuesto en curso. La reducción, que representa el 1% del PIB regional, pretende combatir el déficit (1,37% en el pasado primer semestre), según fuentes del Principado. El recorte ahorrará a la Administración el 3,65% de las cuentas públicas de este año. Cascos ha dicho que la tijera no afectará a las prestaciones sociales y que solo persigue cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Los recortes afectarán a la "reprogramación de inversiones plurianuales" de la consejería de Fomento, que concentra la mayor parte de los presupuestos, y también a la cadena pública Televisión del Principado (RTPA), cuya partida se reduce en 53,5 millones, de los que 11,3 millones corresponden a las transferencias de capital previstas en 2011.
La Asociación de Empresarios Audiovisuales del Principado ha remitido una carta al presidente de RTPA, en la que denuncia una demora en los pagos que, según dice, pone en riesgo a 40 empresas y 500 empleos. El acuerdo del Consejo de Gobierno plantea un plan para la reducción de 300 vehículos oficiales de los 691 turismos acreditados en el Principado, así como la supresión de 1.000 de las 2.311 líneas de móvil y la reducción del gasto en material de oficina y dietas.
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