La Audiencia ordena vigilar a Iñaki de Renteria tras liberarlo

Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Renteria, es un hombre libre, a todos los efectos, desde el pasado miércoles. Pero a pesar de que en este momento no existe ninguna causa pendiente contra él, la Audiencia Nacional -que archivó el miércoles un proceso por su presunta implicación en el intento fallido de asesinar al Rey en Mallorca con un rifle de precisión en el verano de 1995- ordenó ayer a la policía y la Guardia Civil su vigilancia permanente. El tribunal también le prohibió abandonar el territorio nacional y le exigió que designara un domicilio en España para tenerlo localizado.

Fuentes de la lucha antiterrorista cuestionaron la medida de vigilancia sobre una persona en libertad, cuya base legal no se especifica en la resolución. Además, explicaron las dificultades del despliegue de medios requerido. Policía y Guardia Civil aún no habían recibido el requerimiento de la Audiencia en la tarde de ayer. Las primeras gestiones no permitieron localizarlo en los domicilios que habitualmente ocupaba, aunque esas mismas fuentes, lo sitúan en Euskadi, en casa de un amigo suyo.

Francia no permitió que se le juzgase en España por intentar matar al Rey

La Sección Segunda de lo Penal acordó, con el apoyo del fiscal, el archivo de su supuesta participación en la tentativa de regicidio basándose en que una de las condiciones puestas por Francia al acceder a extraditar a España Gracia Arregi se encontraba la de juzgarlo sólo por pertenencia a organización terrorista, pero no por el magnicidio frustrado. Al haber cumplido ya condena en ese país por asociación de malhechores (delito análogo al de pertenencia a banda armada) y como una persona no puede ser condenada dos veces por los mismos hechos, el tribunal ordenó el archivo definitivo -sobreseimiento libre- y la puesta en libertad del acusado.

Ayer, sin embargo, el Ministerio Público pidió que se revocara ese archivo y se dejara la causa "en suspenso". El fiscal entiende que no pudo ser juzgado por el intento de magnicidio debido a una "falta de autorización administrativa" (y no por la prohibición de juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos); es decir, porque Francia, en su decreto de extradición, no lo permitía. Según su escrito, en ese caso, lo que corresponde es la suspensión del caso hasta que se obtenga esa autorización.

Y eso sólo puede lograrse, según fuentes de la Fiscalía, presentando una nueva solicitud ante Francia en la que se aporten nuevas pruebas de su participación en la conspiración para matar al Rey y en caso de que ese país lo acepte. Una segunda posibilidad sería la que prevé el artículo 21.2 de la Ley de Extradición Pasiva, que permite saltarse las limitaciones impuestas por Francia en caso de que el etarra permanezca en el país durante 45 días. Por esa razón, la Fiscalía pidió la vigilancia permanente, la localización en su domicilio y la prohibición de abandonar España, que la Sala finalmente acordó.

Fuentes de la Audiencia aseguran, sin embargo, que las posibilidades de que Francia acceda a que el ex dirigente etarra sea juzgado en España por el intento de asesinato del monarca son remotas. Esas mismas fuentes recuerdan que el tribunal de Versalles -el que autorizó la extradición- analizó todas las pruebas facilitadas por el instructor del caso, Baltasar Garzón, al que llegó a reclamar más información del caso.

Al final, los magistrados franceses llegaron a la conclusión de que los indicios de la participación de Iñaki de Renteria en esa tentativa de atentado que detallaba el juez español "no serían constitutivos en Francia de complicidad en tentativa de asesinato".