Andalucía aprueba la ley que garantiza el derecho a la vivienda
El Parlamento andaluz aprobó ayer, sólo con los votos del PSOE, la primera ley que regula en España el derecho a una vivienda digna y adecuada, como establece la Constitución. El nuevo Estatuto de Autonomía andaluz -que ayer cumplió tres años desde su aprobación en referéndum- concreta este precepto y obliga a los poderes públicos a establecer una serie de garantías para su cumplimiento.
La ley no introduce el derecho a exigir en los tribunales la propiedad de una casa, pero sí permite a los ciudadanos reclamar ante los tribunales de lo Contencioso-administrativo el incumplimiento de las obligaciones por parte de las Administraciones públicas de que haya planes de vivienda protegida. Las Administraciones disponen de dos años de margen antes de que se puedan presentar demandas por esta causa.
El hecho de que la ley "no consagre el poder exigir una vivienda sin más" fue el argumento que utilizó la portavoz del PP, Alicia Martínez, para votar en contra. En su opinión, la Junta de Andalucía endosa a los Ayuntamientos una responsabilidad autonómica, y consideró defraudadas las "expectativas" del proyecto. "La Junta de Andalucía invita, pero los ayuntamientos pagan", criticó.
Despiste de IU
En las antípodas del PP se situó IU, cuyo portavoz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, cree que el mercado no debe intervenir en materia de suelo. Aunque IU presentó en su día una enmienda de devolución a la Junta del proyecto de ley, no planteó ninguna parcial al texto porque a su ponente se le pasó el plazo estipulado. Aún así coló in voce una docena de propuestas admitidas por el PSOE.
El socialista José Caballos dijo no entender el rechazo de IU, pero sí el del PP: "El único límite de la negociación era que esta ley sería del derecho a la vivienda, no una ley de derechas para la vivienda".
En su opinión, la negativa del PP sólo se debe a que "el Doctor No que dirige la derecha andaluza", es decir, Javier Arenas, lo impide. Acusó al líder del PP de tener "secuestrados" a sus alcaldes para hacerle la oposición a la Junta de Andalucía y destacó la contradicción de que el PP andaluz se oponga a los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, cuando 704 municipios ya han iniciado los trámites para crearlos.
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