Aguirre adelgazará Metro para ahorrar
El Gobierno regional sacará a subasta locales en desuso, suprimirá alquileres y reducirá los directivos en casi un 50% dentro de un plan de austeridad que no cuantifica.- PSOE e IU sospechan que sea "el paso previo para privatizar" la empresa pública
Ante la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid, el consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, ha detallado esta mañana un amplio plan de ahorro del Gobierno regional para la empresa pública, una vez asuma el 100% de su gestión a partir del año que viene. Actualmente, el Ayuntamiento posee el 75% de las acciones (el resto son de la Comunidad). Dentro del proceso de reparto de competencias abierto tras las elecciones de mayo, Alberto Ruiz-Gallardón planea ceder la parte del Consistorio al Gobierno de Esperanza Aguirre. Calcula se supondrá un ahorro para las arcas municipales de 156 millones de euros el primer año.
En el primer trimestre del año, el Ejecutivo de Aguirre se propone suprimir el arrendamiento de oficinas y sacará a subasta locales propios que estén en desuso, y concentrará la mayoría de sus servicios y personal en las instalaciones que tiene en el distrito de San Blas de la capital para reducir costes. También incluye la disminución de casi un 50% de la estructura de la dirección de la empresa. Estas son algunas de las medidas que recoge un plan cuyo ahorro en euros no ha cuantificado y que "no tiene nada que ver" con una posible privatización a futuro de la empresa, ni tampoco supondrá una merma en la seguridad y en la calidad del servicio, según ha garantizado el consejero delegado a los grupos de la oposición durante su comparecencia.
Un nuevo aparcamiento en Vicálvaro
González Velayos ha señalado que, ante la situación económica de la empresa, es imprescindible aplicar medidas basadas en la "austeridad y en la eficacia de la gestión". "La reducción de gastos será mayor en capítulos que son parcialmente prescindibles, minimizándolos en lo que sea razonable", ha especificado sin mayor concreción. Y como ejemplo, ha adelantado que se llevará a cabo una reordenación de los inmuebles para eliminar los costes de arrendamiento, aprovechando los que Metro tiene en propiedad.
Así, en el primer semestre de 2012 se suprimirán algunos arrendamientos de oficinas y se trasladará el personal que allí trabaja a inmuebles propios. "Prescindiremos de aquellos locales en desuso que no estén destinados a la explotación, procediéndose, en su caso, a la enajenación de los que sea conveniente por medio de subasta pública", ha dicho. La pretensión es "reagrupar la mayoría de los servicios" en los terrenos que Metro tiene en San Blas, más de 300 hectáreas donde se concentran los talleres centrales, de ingeniería, almacenes y la clínica, y que aún deja espacio suficiente para albergar todas las instalaciones.
También se mejorará el sistema de contratación, implantando de forma generalizada la subasta, lo que permitirá conceder la prestación del servicio a quien haga la mejor oferta de precio "siempre y cuando haya superado los requerimientos técnicos y de calidad para garantizar la seguridad". Contempla también mejorar los ingresos "rentabilizando las opciones publicitarias que ofrece Metro, como ya se hace en otros países, aumentando los locales comerciales y desarrollando una nueva política de gestión de los aparcamientos", como los que ya lleva en Nuevos Ministerios y en Miguel Hernández.
En ese sentido, González Velayos ha anunciado que se abrirá otro nuevo aparcamiento en Vicálvaro. Respecto a las inversiones, ha señalado que se dará prioridad a las que verdaderamente sean necesarias para garantizar el servicio y la seguridad. Además, ha anunciado que habrá una tercera fase consistente en la aplicación de "mejoras operativas hasta llegar a una gestión más eficiente". "Metro de Madrid no puede ser una excepción", ha dicho.
José Manuel Franco, diputado del PSOE, ha celebrado el ahorro en Metro, siempre un cuando no merme la seguridad y la calidad. Su mayor preocupación es una posible privatización de Metro de cara al futuro, ya que si un servicio público funciona bien, "no tiene por qué dejar de ser público" y no hay que "ceder" a intereses privados. "Me gustaría obtener la garantía de que un servicio tan importante no va a ser privatizado, y ese compromiso no lo tenemos a día de hoy; viendo lo que está pasando en otras áreas, nos podríamos temer lo peor", ha dicho Franco.
Isabel Moreno, diputada de Izquierda Unida, ha coincidido en expresar su temor a que deje de ser de titularidad pública, algo que no parece viable con su actual situación económica, pero que sí podría ser factible en un tiempo gracias a ese plan de ahorro. "Nos preocupa que (el plan) sea el paso previo para adelgazar la empresa y luego privatizarla", ha insistido, antes de confiar en que las medidas de ahorro no impliquen perder seguridad o calidad. UPyD, por boca de Loreto Ruiz de Alda, también ha expresado su preocupación por una eventual privatización, pero ha incidido especialmente en que no se puede hacer "pagar" la mala gestión de Metro a los usuarios con incrementos de las tarifas, o con un empeoramiento del servicio.
![Gallardón (izquierda) y Aguirre, inaugurando en marzo la ampliación de la línea 2 de Metro.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/BU734CEQ3EPWOMPZPYYEFMSW6A.jpg?auth=0c1f417d725c1a4a234b15a6cd296b5fef3a9a7a17269675ac5326a919d06627&width=414)
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