Cadena alimentaria, poder desigual

Los precios de los productos agrarios frescos se incrementan una media del 500% y hasta un 1.000% desde su salida de origen hasta su llegada al consumidor, según los datos elaborados mensualmente por la organización agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), junto a la Unión de Consumidores Españoles y de Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa.

La participación del agricultor o ganadero en el precio final de un producto agroalimentario al consumo mantiene una línea de caída hasta situarse solamente en poco más del 20%, según los datos manejados por la Comisión de la Unión Europea. Los estudios desarrollados en los últimos años por el Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Ambiente sobre el comportamiento de los productos agrarios más importantes han confirmado el efecto multiplicador de los precios en los procesos de comercialización.

La Administración quiere equilibrar por ley los actuales desajustes

El minifundismo en la oferta agraria y en la industria es el gran problema

Corregir los desequilibrios detectados en el conjunto de la cadena alimentaria constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones y objetivos, no solo del sector agrario o la industria alimentaria de tamaño pequeño o medio, sino también para el conjunto de las Administraciones. El Parlamento y la propia Comisión Europea han sido pioneros en el planteamiento de medidas para lograr un equilibrio a hora de distribuir los beneficios en el valor final de un producto agroalimentario. Por primera vez, la mejora de la cadena alimentaria se contempla en la propuesta comunitaria para la reforma de la Política Agrícola Común. En España, ese objetivo se quiere lograr con la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo proyecto acaba de aprobar el Gobierno.

El actual desequilibrio y la desigualdad en la distribución de beneficios en la cadena alimentaria responderían fundamentalmente a dos causas. Una, la falta de las adecuadas estructuras para la comercialización. Dos, la existencia de un poder desigual entre todos los participantes en dichos procesos.

El sector agrario es el eslabón más débil de la cadena, que paga los platos rotos de la industria y de la distribución. Esta situación de indefensión corresponde a la existencia de una actividad muy atomizada, en la que no tienen el peso suficiente tanto las organizaciones cooperativas como las organizaciones de productores. Se halla igualmente en inferioridad frente a otros sectores económicos, por tratarse, en muchos casos, de productos perecederos y estacionales, con una oferta muy dispersa y con los precios sometidos a una fuerte volatilidad.

Las industrias se hallan en el medio de la cadena alimentaria y sobre ellas ejerce su poder la gran distribución, aunque las mismas tienen la ventaja de poder trasladar la presión al sector de origen. El principal problema lo soportan las pequeñas y medianas empresas, que deben esforzarse para sobrevivir frente a la guerra de precios a la baja, al desarrollo de la marca blanca y otras estrategias adoptadas por la gran distribución para aumentar la demanda. En esta batalla no se hallarían los grandes grupos con marca y con capacidad para imponer sus exigencias a la distribución.

Finalmente, como la parte más fuerte de la cadena se halla una gran distribución, cada día más concentrada, con capacidad para imponer sus exigencias en sus políticas de compras.

Esta situación de desequilibrios se puede visualizar por el volumen de facturación de los primeros diez grupos en la producción, la industria y la gran distribución. Las primeras diez cooperativas agrarias facturaron en 2009 unos 3.443 millones de euros. En el mismo periodo, las primeras diez empresas en el sector de la industria alimentaria, seis de ellas multinacionales no españolas, sumaron ventas por 17.011 millones de euros. A su vez, los diez primeros grupos en la distribución facturaron 53.041 millones de euros.

Las posiciones de poder en la cadena alimentaria, según denuncian organizaciones agrarias, cooperativas y la propia industria, se traducen en el desarrollo de prácticas comerciales abusivas en las condiciones de compra y pagos, ventas a precios bajos o a pérdidas u otras condiciones que distorsionan los mercados y que van en contra de las reglas de la competencia. Aunque con la aplicación de la nueva ley sobre pagos aplazados se estableciera un plazo de 30 días para los productos frescos y de 60 días para los elaborados, desde los proveedores agrarios e industriales se sigue denunciando incumplimiento.

El quebrantamiento de los plazos por parte de la gran distribución supone disponer de una mayor tesorería sin coste alguno, la posibilidad de invertir para seguir creciendo, disponer de más superficie de ventas y finalmente aumentar aún más su poder de negociación. La posición de dominio no es solo cosa de la distribución, sino también de muchas empresas agroalimentarias con prácticas similares hacia el sector agrario y muy especialmente las industrias lácteas, según denuncia la UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores).

Esta situación de desequilibrio es reconocida por la Administración. En su proyecto de ley pretende mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, desde la cual se aboga por una mayor clarificación y transparencia de la cadena alimentaria para mejorar el margen de las industrias y de las rentas agrarias.

En este objetivo, la propuesta legislativa se plantea como primer paso fortalecer la organización en el sector agrario vía cooperativas y organizaciones de productores. Entre industrias y sector agrario se propugna la posibilidad de suscribir contratos obligatorios y, dando un paso más al frente, la posibilidad de que cooperativas, organizaciones profesionales o la interprofesional de un sector puedan negociar contratos con índices de precios para todo un colectivo. Sin embargo, la propia Administración cierra hoy esa posibilidad y todo lo deja a expensas de que esa práctica reciba luz verde en la reglamentación comunitaria. La realidad es que la misma ya se está aplicando en otros países, sin la oposición de Bruselas.

El objetivo de la Administración es luchar para erradicar las prácticas comerciales abusivas en industrias y, sobre todo, en la gran distribución, contra la existencia de pagos típicos, subastas a ciegas, ventas a pérdidas, la regulación de las promociones y, sobre todo, la elaboración de un código de buenas prácticas comerciales.