Obama, contra el cambio climático

EE UU dio esta madrugada un decisivo paso en la lucha mundial contra el cambio climático. Tras un largo e intenso debate, la Cámara de Representantes aprobó una ley que, por primera vez, impone unos límites a la emisión de gases contaminantes a centrales energéticas, fábricas y refinerías de crudo e incluye una cuantiosa financiación para fomentar el cambio de un parqué empresarial y de transporte basado en el carbón y otros combustibles fósiles, a uno de energías alternativas, menos contaminantes. El objetivo es reducir las emisiones de CO2 en un 17% para 2020 y en un 83% para 2050 con respecto a los niveles de 2005.

Se trata de un objetivo muy ambicioso para el país más contaminante del mundo. No es Kioto, pero casi: supone volver a la contaminación de 1990 y requiere un esfuerzo similar al que se ha marcado Europa, del 20%, para 2020.

La norma, que logró el apoyo de 219 diputados (uno más de los necesarios), creará un sistema comercial similar al que existe en otras regiones del mundo, por el que las empresas pueden vender y comprar bonos contaminantes. Según el texto propuesto por los demócratas Henry Waxman y Edward Markey, de 1.200 páginas, EE UU debería obtener el 6% su electricidad de energías renovables como la eólica o la solar en 2012.

Los líderes republicanos intentaron evitar que la ley fuera aprobada hasta ya entrada la noche, alargando el proceso de votación en casi cinco horas. El representante por Georgia Nathan Deal llegó a poner a España como ejemplo de por qué la Cámara no debería aprobar la ley. "En España, por cada puesto de trabajo que se ha creado gracias a las nuevas energías, se han destruido otros dos. Ese no es el camino", dijo. Finalmente, ocho republicanos votaron a favor de la medida en una sesión que finalizó pasadas las siete de la tarde (una de la madrugada, hora peninsular española).

Los demócratas, sin embargo, hicieron un gran esfuerzo por aprobarla. El representante John Lewis regresó a la Cámara tras haberse sometido una operación de corazón. Patrick Kennedy dejó la clínica de rehabilitación en la que había ingresado este mismo mes para tratar una adicción a las drogas. Ellen Tauscher, a la que Hillary Clinton ofreció un puesto en el Departamento de Estado, rehusó aceptarlo oficialmente antes de hoy para no tener que dimitir y no perder la oportunidad de votar.

A la ley le queda aún un largo recorrido antes de llegar al despacho del presidente Barack Obama, que la abrazó como bandera medioambiental de su campaña. Ahora, debe ser sometida a votación en el Senado, donde se espera un difícil debate entre republicanos y demócratas.

"Europa se ha adelantado a EE UU en este asunto en los pasados años", dijo ayer Obama en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, mientras se debatía la norma. "Yo soy el primero en admitir que EE UU, en los años pasados, no ha estado donde necesitaba estar". Hasta la fecha, EE UU no ha ratificado el protocolo de Kioto, que establece unos límites obligatorios a la emisión de gases contaminantes.

El coste de las modificaciones que establece la nueva ley sería de 15 millones de euros anuales en los próximos 10 años. Según un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso, a cada familia le supondrá unos 124 euros, "porque la mayoría de la actividad económica está basada en combustibles fósiles", explican desde esa oficina.

La Casa Blanca ha apoyado la medida como una forma de crear una nueva industria basada en las energías renovables. Las perspectivas podrían ser optimistas para el corazón industrial de la nación. Ohio ha perdido 200.000 empleos en la última década. Michigan, casi 500.000.

Los proponentes de la ley, aliados con la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, negociaron duramente durante la mañana de ayer para poder lograr los 218 votos necesarios. Los conservadores no ven la norma con buenos ojos, porque la consideran una subida de impuestos disfrazada de ley medioambiental. "Esto es la mayor subida de impuestos de la historia de América", dijo el representante republicano Mike Pence. La Oficina de Presupuestos confirmó en su informe oficial que la ley significaría la creación de un nuevo impuesto energético sobre los ciudadanos.