La ONU condena a España por no dejar que un enfermo de sida terminal muriera en su casa

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha condenado al Estado español por no permitir al entonces recluso Diego Morales, que cumplía condena en la cárcel de El Dueso (Cantabria) y que afrontaba la fase terminal de la enfermedad del sida, que pasara sus últimos días en la casa de sus padres, en Murcia, falleciendo el 1 de enero de 1994. Con esta decisión de Naciones Unidas, la familia Morales considera cerrado un agrio proceso judicial, iniciado hace más de 15 años, y que fue desestimado en España en última instancia por el Tribunal Constitucional.

En este sentido Isabel, hermana del fallecido, recordó ayer que los hechos se remontan a finales de 1993, fecha en la que todavía los tratamientos médicos contra el sida no estaban muy avanzados. Concretamente el 25 de octubre de 1993 un documento de Instituciones Penitenciarias enviado denegaba el tercer grado a Diego Morales, pero advertía a los responsables del penal de que en el caso de un agravamiento de su salud podría modificar esta decisión, por lo que le advertía de que debería comunicarlo. "Fueron unos momentos muy duros para toda la familia", aseguró ayer Isabel, desbordada por los medios de comunicación "después de quince años de silencio de todo el mundo ante la injusticia de lo que pasó con mi hermano".

El dictamen del Comité de la ONU da la razón a los postulados de la familia, representada por el abogado experto en temas de Derechos Humanos José Luis Mazón, cuando señala: "La actitud pasiva del centro penitenciario, que tampoco informó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del agravamiento de la salud del interno, Diego Morales, privó a sus familiares de una información que, sin duda, tuvo un impacto significativo en sus vidas".

La familia destaca, en este punto, que el dictamen sostiene que la falta de actuación de los responsables de la cárcel provocó un aceleramiento de la enfermedad: "Nos dijeron que Diego estaba mal, pero no hasta el punto de enterarnos unos días después de que había muerto en el hospital de la prisión", se lamenta Isabel, quien considera una aberración que tuviera que morir el 1 de enero de 1994 "esposado", cuando pudo haber pasado sus últimos días entre familiares. "Y eso provocó un trauma irreparable en mi madre, que quince días antes había visto fallecer a mi padre de cáncer, y un año atrás a otro de sus hijos en un accidente de moto", recuerda.

Con este dictamen, el Comité de la ONU da un plazo de 180 días al Gobierno de España para que le envíe información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar esta decisión, al mismo tiempo que le obliga a ofrecer a los familiares del fallecido "una reparación apropiada, incluida una indemnización adecuada a la violación que se ha producido" y le advierte sobre la obligación "de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro". En este sentido, la hermana del fallecido asegura que hoy en día, la única reparación posible es que no vuelva a ocurrir algo así en España, "aunque tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que sólo los que tenemos medios podemos acudir a tribunales como el de la ONU. Otros muchos presos no pueden decir lo mismo".

Por su parte, el letrado Mazón sostiene que la decisión de Naciones Unidas es "una condena contra la deshumanización penitenciaria y contra la insensibilidad de los jueces" que intervinieron en el caso, al igual que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional, que dieron por buena la crueldad con que se trató al preso en sus últimos meses". Asimismo, resalta que el dictamen dice que el Estado debe de tomar medidas para que no se produzcan violaciones parecidas. "Hay muchos presos enfermos de sida en las cárceles y se les retiene allí hasta poco antes de morir, esta es la política del Estado", sentencia Mazón, quien logró la inhabilitación del polémico juez Ferrín Calamita por la paralización de la adopción de dos lesbianas.

Diego Morales fue condenado por varios delitos contra la propiedad y por intento de fuga a un total de 28 años de prisión. En junio de 1984, con 27 años, ingresó en la cárcel de Murcia, donde permaneció hasta el 12 de octubre de 1985, para cumplir su condena. Posteriormente fue trasladado a las prisiones de Puerto de Santa María (Cádiz) y Gijón, para terminar en la de El Dueso (Cantabria), informa Efe.

En un informe médico de noviembre de 1990, expedido con ocasión de su llegada al centro penitenciario de Gijón, consta que había sido diagnosticado como VIH positivo el 4 de abril de 1989. Según la familia, que lamenta que no fuera tratado médicamente hasta un años después de diagnosticarle la enfermedad, esta sería la prueba de que hubiera sido contagiado en uno de los centros penitenciarios en los que fue recluido, términos en los que no entra el dictamen de la ONU, ya que no ve posible su comprobación.

Ya en El Dueso (Cantabria), añade la resolución del Comité de la ONU, fue atendido en marzo de 1993 por los servicios médicos del establecimiento por diversas dolencias, y con posterioridad la enfermedad que padecía se complicó con una tuberculosis pulmonar y una infección intestinal.

Instituciones Penitenciarias no quiso hacer ayer declaraciones al respecto al tratarse, según uno de los portavoces de prensa, "de un caso que ocurrió con otra Administración".