El Gobierno y el campo argentinos, enfrentados por la sequía

La peor sequía de la historia. O de los últimos 20, 50 o 70 años. Las apreciaciones difieren pero todas acusan un estado de alarma para la producción agropecuaria, histórico baluarte de la economía argentina. Los efectos perjudiciales para los cultivos y el ganado atribuidos al fenómeno meteorológico de "La Niña" han profundizado el malestar del sector rural, que en 2008 enfrentó al Poder Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la polémica decisión de aumentar las retenciones a las exportaciones. La reciente declaración de la emergencia agropecuaria no ha contribuido a desanudar las tensiones, según Arturo Llavallol, secretario de la Sociedad Rural, una de las cuatro grandes organizaciones que conforman la Comisión de Enlace (participan además Confederaciones Rurales -CRA-, Federación Agraria y Coninagro).

Según los pronósticos, la sequía se extenderá hasta el otoño y el invierno. Es probable que haya lluvias aisladas durante febrero

"Estamos en una situación muy delicada por culpa de las malas políticas, la crisis internacional y la sequía. La única manera de salir a flote es aumentar la producción agropecuaria, pero el Gobierno atenta contra ella", apunta Llavallol desde Buenos Aires.

Las instituciones que representan a los productores han considerado insuficientes y desacertadas las medidas fiscales que dispuso Fernández de Kirchner para ayudar al campo. Llavallol indica que no habrá gran beneficio a partir del aplazamiento del pago del impuesto a las ganancias y al patrimonio, y de los anticipos de dichos tributos. "Estos no vencían ahora sino en unos meses y el impuesto a las ganancias sólo se paga en caso de rentabilidad, que no la habrá. El pago ha sido postergado solamente por un año y, encima, el Gobierno obliga a abonar los intereses respecto de la suma diferida", critica el dirigente.

Paliativo irrelevante

El jueves, la CRA denunció que la eliminación de los aranceles de las cartas de porte (instrumento que autoriza el transporte del ganado y de los cereales), la otra decisión del Gobierno, tiene como objetivo principal perjudicar a la entidad que prestaba el servicio al productor. "El costo de la carta asciende a dos pesos (45 céntimos de euro) por hectárea de soja, por lo que la medida no modifica la realidad del productor afectado por la sequía; es irrelevante como ayuda y, por lo tanto, la gratuidad obedece a intereses políticos", advierte un comunicado de la institución.

La Sociedad Rural, por su parte, reprocha al Gobierno que adopte políticas referidas al campo sin consultar a las entidades que nuclean a los productores. "La Comisión de Enlace había pedido que se liberen las exportaciones de carnes y granos, que están prácticamente cerradas, y ayudas para los pequeños y medianos empresarios", recuerda Llavallol. Pero pese a la insistencia del campo, subsisten las retenciones del 35% de los ingresos por exportación, y las restricciones al comercio internacional de carne y de leche. El clima adverso a la producción agropecuaria no es sólo una cuestión interna sino también internacional: los precios de las materias primas han caído un 50% desde el comienzo de la crisis financiera.