El Parlamento Europeo condena las inhabilitaciones del gobierno de Chávez

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una resolución que condena las inhabilitaciones a políticos venezolanos decretadas por el gobierno de Hugo Chávez y la expulsión del país de los miembros de Human Right Watch por publicar un informe crítico sobre el respeto a las libertades en Venezuela. Caracas ha rechazado la resolución y ha afirmado que es una "inaceptable injerencia" y que "apoyar la corrupción".

El documento fue aprobado finalmente por 51 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, con menos del 10% de los 785 eurodiputados que integran la cámara presente en el hemiciclo, dado que la votación se celebró al cierre de la sesión plenaria, cuando muchos parlamentarios ya habían abandonado Estrasburgo (noreste de Francia).

Esta acción "siquiera es una censura. Han cometido una inaceptable acción de injerencia en asuntos de un Estado que además ni pertenece a Europa, dando un espaldarazo a la corrupción", ha declarado a Efe el vicecanciller venezolano para Europa, Alejandro Fleming.

La resolución, presentada por el grupo conservador del Partido Popular Europeo (PPE) con el apoyo de los liberales y los soberanistas de la Unión por la Europa de las Naciones (UEN), expresa la preocupación del Parlamento Europeo por la lista de inhabilitaciones presentada por el Contralor General venezolano (fiscal encargado de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público y luchar contra la corrupción) en la que se inhabilitan a casi tres centenares de políticos, en su mayoría de la oposición al régimen de Chávez, a presentarse a las elecciones regionales y municipales del próximo 23 de noviembre.

Los eurodiputados consideran que "la utilización política de estas listas cercena los derechos civiles y políticos de los opositores al actual Gobierno venezolano, en concreto los derechos a ser elegido y el derecho de los electores a elegir libremente a sus autoridades locales, regionales y nacionales", por lo que "exhorta" al gobierno venezolano a dejar esa decisión en manos de la justicia "en el marco de las disposiciones de los artículos 42 y 65 de la Constitución venezolana que reconocen únicamente esta facultad de manera definitiva al poder judicial".

Por otra parte, la resolución condena "enérgicamente" el asesinato del líder estudiantil del partido socialcristiano Copei, Julio Soto, el pasado 1 de octubre en Maracaibo, y exige a las autoridades venezolanas "cuantos esfuerzos sean necesarios" para esclarecer "a la mayor brevedad posible este crimen" y poner a sus responsables ante la justicia.

Asimismo, la resolución "rechaza tajantemente el acoso y la expulsión "arbitraria" del director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el subdirector, Daniel Wilkinson, "por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los 10 años de mandato del presidente Hugo Chávez. La Eurocámara considera que dichas expulsiones suponen "un precedente muy grave" para la "libertad de expresión y crítica que ha de existir en toda sociedad democrática".

La ponente de la resolución, la liberal rumana Renate Weber, indicó ante el pleno que en Venezuela ocurren "accidentes muy sospechosos con el resultado de muerte de personas críticas, que no se investigan adecuadamente". En cambio, el eurodiputado portugués de Izquierda Unitaria Pablo Guerreiro tachó el documento de "operación de injerencia del Parlamento Europeo" en un intento de "desestabilización del Estado venezolano", puesto que se refiere a unas "decisiones que únicamente competen al pueblo soberano".

Además, la resolución "rechaza tajantemente el acoso y la expulsión "arbitraria" del director para América de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, "por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los 10 años de mandato del presidente Hugo Chávez".