Garzón ordena el registro y la clausura de la sede de ANV en Portugalete
La entrada de los agentes en el local de la formación 'abertzale' se produce cinco días después del encarcelamiento de la alcaldesa de Mondragón
La Policía Nacional ha registrado y clausarado, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la sede de ANV en Portugalete (Vizcaya). La operación se ha producido dentro de las diligencias abiertas por la suspensión de actividades de la formación abertzale, decretada el 8 de febrero, por un periodo de tres años. El pasado miércoles, el magistrado envió a prisión a la alcaldesa de ANV en Mondragón, Inocencia Galparsoro, por colaborar con banda armada y quebrantar "expresamente" las medidas que pesan sobre su partido.
Seis furgonetas de antidisturbios y una comisión judicial se han presentado esta mañana en la sede de ANV en la calle Santa María de la localidad vizcaína. La zona ha sido acordonada y varios agentes vigilaban los aledaños del local. Alrededor de una veintena de simpatizantes de la izquierda abertzale se han concentrado ante la sede con una pancarta en la que se leía el lema No nos callarán. Independencia. Una furgona de la Ertzaintza se ha desplazado al lugar y los agentes han procedido a la identificación de los manifestantes.
La izquierda abertzale se manifestó el pasado fin de semana para pedir la liberación de la alcaldesa. Unas 5.000 personas secundaron una marcha en Mondragón, encabezada por el ex alcalde de la localidad guipuzcoana Xabier Zubizarreta, de EH, apartado de sus funciones en 1997 por una moción de censura. Varias localidades del País Vasco sufrieron también actos de violencia callejera durante los últimos días.
Además de la suspensión de ANV, la sala 61 del Tribunal Supremo tiene abierta una causa sobre la posible ilegalización de esta formación y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV), cuya actividad también ha sido suspendida por Garzón por un plazo de tres años.
A la presión judicial contra ANV, en las últimas semanas se ha sumado la acción política. El PSE y el PNV han promovido varias mociones "éticas" en ayuntamientos vascos para desalojar de sus cargos a quienes no condenen la violencia de ETA. Las cuatro mociones presentadas hasta el momento han fracasado por falta de apoyos.
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