El PSOE tiene apoyos políticos para aprobar la reforma del aborto

El Gobierno cuenta ya, en principio, con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante el anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que presentó la titular de Igualdad, Bibiana Aído. Esta norma incluirá la nueva regulación del aborto y recogerá, por primera vez, la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres. Según explicó la ministra, se permitirá el aborto libre -por la mera decisión de la mujer tras tres días de periodo de reflexión- durante las primeras 14 semanas de gestación. Desde la semana 14 a la 22 podrán interrumpirse los embarazos si existen graves anomalías fetales o grave riesgo para la salud de la mujer. Más tarde, sólo podrá hacerse si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida o una enfermedad "extremadamente grave e incurable", lo que tendrá que ser diagnosticado por un comité médico pluridisciplinar.

El PNV y CiU darán libertad de voto a sus parlamentarios en el Congreso

Para cambiar la regulación actual es necesario modificar el Código Penal (una ley orgánica), por lo que se necesita mayoría absoluta: la mitad más uno de los diputados -176 votos favorables-. El PSOE tiene 169 escaños. Y los tres partidos que están apoyando la reforma desde el principio, Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Bloque Nacionalista Galego, suman siete. Entre los cuatro tienen ya los 176 votos necesarios. Estos grupos proponen algunas reformas con respecto al anteproyecto presentado ayer, pero todos comparten un punto de vista básico: la necesidad de reformar la regulación actual y de que el aborto se enmarque dentro de una norma más amplia que mejore la educación sexual y las prestaciones sanitarias en esta materia y ayude a prevenir los embarazos no deseados.

Pero no están de acuerdo en todo con el Gobierno. Tanto IU-ICV como ERC y BNG quieren que el plazo para el aborto libre sea superior a las 14 semanas. IU, por ejemplo, pide que se amplíe hasta la semana 20. El BNG, hasta la 16. También proponen que el aborto deje de sancionarse en el Código Penal. El anteproyecto elimina las penas de prisión para las mujeres que interrumpan su embarazo fuera de los supuestos legales, pero lo sigue tipificando como delito -que será castigado con penas de multa-.

Izquierda Unida espera que la nueva norma garantice que los abortos puedan practicarse de forma habitual en la red sanitaria pública, lo que ahora no ocurre (las intervenciones en hospitales públicos apenas suponen el 3% del total). Para ello propone que se regule en la ley la objeción de conciencia de los médicos y profesionales sanitarios, algo que no está previsto en el anteproyecto del Gobierno. El texto sí recoge la obligación de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias, de garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo bien en sus propios hospitales, bien en algún centro concertado.

En cualquier caso, y aunque se negociarán medidas concretas, el apoyo de estos grupos parece garantizado. "Las líneas básicas del anteproyecto coinciden con las conclusiones de la subcomisión Congreso-Senado sobre el aborto", señala Olaia Fernández, portavoz del BNG. "Trabajaremos por mejorar el texto, pero hay un consenso fundamental en cuanto a la necesidad de esta ley y de habilitar medidas para reducir el número de abortos".

Las conclusiones de la subcomisión parlamentaria fueron apoyadas por todos los grupos salvo el PP -que votó en contra-, Convergència i Unió -que no acudió a la votación- y el Partido Nacionalista Vasco -que se abstuvo-. El PP ya ha anunciado su oposición a la ley y la recurrirá al Constitucional si se aprueba. El caso del PNV y CiU es distinto. En ambos grupos hay diferentes visiones sobre el tema, por lo que sus parlamentarios tendrán libertad de voto. Los cuatro diputados de Unió parece que votarán en contra, pero dentro de Convergència hay diversas opiniones, al igual que en el PNV.