Las formas de financiar los libros escolares
La comunidad autónoma que más ha avanzado en la gratuidad ha sido Castilla-La Mancha
Cuando se iniciaba el curso escolar de 1997, los padres recogían firmas para llevar al Congreso una iniciativa popular: que los libros de texto fueran gratuitos. Aquello no prosperó. El PSOE recupera hoy esa idea en su programa electoral pero ya las comunidades autónomas han iniciado ese camino. Hay hasta siete modelos distintos para hacer a los padres más llevadera la cuesta de septiembre. El más consolidado es el de Castilla-La Mancha. 167.000 escolares tienen este curso sus libros de texto gratis. El Gobierno de la comunidad calcula que sus familias se han ahorrado una media de 115 euros.
La gratuidad se ha ido implantando de forma progresiva hasta alcanzar este curso a toda la primaria y a 1º y 2º de ESO. Dos cursos más y toda la etapa obligatoria será, además, verdaderamente gratuita. El director general de Coordinación y Enseñanza Universitaria de esa región, Pedro Pablo Novillo, cree que de implantarse esta medida a nivel nacional, como persigue el PSOE, el sistema sería parecido al castellano manchego, que a su vez bebe del francés.
Zapatero tendría que garantizar cerca de 500 millones de euros para cumplir su promesa
Si se tiene en cuenta que la media del gasto por alumno le sale al Ejecutivo de José Bono a 115 euros, José Luis Rodríguez Zapatero tendría que dedicar alrededor de 500 millones de euros anuales para cumplir su promesa electoral si llega al Gobierno, porque el total de alumnos de 6 a 16 años es de algo más de 4,2 millones.
El sistema castellano manchego es sencillo. Los profesores deciden los libros a comprar y dan a sus alumnos un vale canjeable en las librerías, que luego pasarán su factura en los colegios. Éstos, a su vez, habrán recibido el dinero de la Consejería de Educación. Los libros pertenecen al centro y pasarán de un alumno a otro. Tendrán una vigencia de cuatro años, salvo que se deterioren antes. La nota que presentan los niños en las librerías es incompatible con regalos o promociones características en estas compras. "Sólo el 2% de los libros se adquirieron en grandes superficies, la mayoría va a las librerías", explica Novillo. Una comisión en la que participan editores y libreros evalúa cada año el sistema, sus carencias y necesidades.
"No damos ayuda ni a ricos ni a pobres, porque el libro es del centro. Los niños los usan con una pegatina que pone su nombre y luego los devuelven para que los usen otros", aclara Novillo. Y destaca la triple dimensión de este sistema: "Por un lado hay un gran acuerdo con las librerías de la comunidad, para que se beneficien del sistema y tomen contacto con los que serán sus futuros lectores; además está el ahorro económico que supone para las familias; pero lo más destacable, lo que es el corazón del programa, es la educación en valores que proporciona: los niños cuidan los libros porque saben que tendrán que utilizarlos otros, que deberán encontrarlos impecables y se fomenta la igualdad entre todos". El Gobierno de esta comunidad preveía renovar un 5% del material cada curso por deterioro, pero los dos primeros cursos los cambios no fueron superiores al 1,5%. Hubo un colegio en el que se renovó un solo libro.
Los libros se estropean más cuanto más pequeños son los niños que los usan y, desde luego, cuantos más años pasan.
Este modelo, del que se enorgullecen en Castilla-La Mancha -"Muchas comunidades están viniendo para ver cómo implantarlo"-, tiene variaciones en otras regiones. Algunas dan ayudas a los padres directamente, otras priman las familias numerosas sin distinción de renta; en otras, ayuntamientos y diputaciones colaboran con este gasto escolar y otras completan las ayudas del Ministerio de Educación con becas para libros. Muchas no tienen nada, como viene denunciando la Confederación laica de padres de alumnos (Ceapa). Lo recuerda su presidenta, Maite Pina: "Por resumirlo, nuestro sistema ideal para aplicar la gratuidad de los libros de texto sería el modelo de préstamo, es decir, que los libros pertenezcan al centro y que pasen de unos niños a otros, para que aprendan a cuidarlos; las editoriales no deberían cambiar el diseño prácticamente cada año, como ocurre: mis hijos se llevan tres años y pocas veces me ha servido algún libro para los dos. Y tampoco los colegios deberían modificar los textos cada curso. Por otro lado, creemos que deben ser gratis para todos porque las ayudas que llegan sólo a los más desfavorecidos, como ocurre con la población inmigrante, a menudo acarrean las críticas de otras familias que también necesitarían esta colaboración".
"Desigualdad social"
Para los editores, sin embargo, el sistema de préstamos no es el adecuado, ni mucho menos. Y ellos también se basan en el modelo francés, "en crisis", para justificar su rechazo a este sistema. "Se incrementa la desiguadad social porque los padres que tienen posibilidades compran a sus hijos los libros nuevos y además los libros se deterioran mucho. En época de restricción económica, los textos se quedan obsoletos, porque nadie los cambia", aseguró Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.
Si para los padres la gratuidad de los libros es una necesidad y obligación constitucional, para los editores supone sólo una "opción política" que no entran a valorar. "Pero si por fin se adopta la gratuidad, creemos que el modelo debe cumplir tres requisitos: que permita la libertad de edición; que sea el profesor quien decida qué libros quiere haciendo uso de su libertad de cátedra; y que se fortalezca la cadena librera".
La cartera escolar en Europa
En la mayoría de los países europeos los libros de texto son gratis para los escolares. Ocurre así en Noruega, en Suecia, en Islandia, en Dinamarca. También en Francia, Reino Unido, parte de Alemania, Grecia. En otros, como Holanda, es gratuita la primaria, pero no la secundaria. Eso lo remedian en alguna medida con un sistema de alquiler y un mercado de libros usados. En Portugal no son gratuitos aunque, como en España, comienzan a oírse voces políticas que defienden esa idea. En la mayoría de los países citados la inversión en libros de texto corre a cargo del Gobierno central, si bien en algunos casos estas ayudas las completan los ayuntamientos. En Suecia las arcas municipales se ocupan de todo.
Ha sido la Confederación laica de padres de alumnos (Ceapa) la que se ha encargado de elaborar esta fotografía europea. Su presidenta, Maite Pina, está por completo a favor de la gratuidad, pero considera que el debate llega un poco tarde. "Ahora, cuando se empiezan a usar los materiales informáticos, hablar de la gratuidad de los libros de texto es un poco antiguo, porque lo que se tenía que estar financiando ya son los soportes electrónicos. Tendrían que haber sido gratis mucho antes", lamenta. Pero por ahora será al ritmo y modelo que vayan marcando las comunidades autónomas. Y pasadas las elecciones ya se verá.
Lo que temen los editores es un modelo que prime lo económico sobre lo pedagógico, por ejemplo, que se decida un solo libro para matemáticas, por ejemplo, porque sale más barato. "Si se hace ese control sobre la edición se abaratan costes, pero se efectúa un control ideológico camuflado tras lo económico", advierte el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España,
Antonio María Ávila.
Ávila preferiría antes del modelo francés, de préstamo de libros de un año para otro, el cheque libro, que se les da a las familias cada año por el valor de los libros de texto. De esa forma, el que tenía pensado gastarse un dinero se lo gastará igual y eso favorecerá la adquisición en librerías de otros materiales complementarios para el alumno.
Para la Ceapa, sin embargo, el modelo de préstamo es mejor por el valor pedagógico que entraña. "Siempre los hermanos se han pasado los libros unos a otros y no estaban deteriorados porque tenían que aprender a cuidarlos", recuerda Maite Pina.
Hay muchas opiniones y muchos modelos. El PSOE no ha detallado el que propone en su programa electoral. En la actualidad las ayudas para libros escolares, vengan de donde vengan, alcanzan en España la cifra de 135 millones de euros.
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