Castilla y León raciona el dinero de los colegios e institutos

Las tensiones por los recortes educativos se están extendiendo a más comunidades, incluso a aquellas en las que las aguas habían permanecido más tranquilas hasta ahora, como Castilla y León. La razón es que el Gobierno autónomo ha decidido reducir en el último momento el presupuesto anual para los gastos de funcionamiento de los colegios e institutos de la comunidad, que en algunos casos supone un recorte del 40% del presupuesto anual. La Junta ha asegurado que no transferirá dinero a los colegios que no lo necesiten.

Los centros públicos reciben ese importe (52 millones de euros para los 1.100 centros de la comunidad) para pagar la calefacción, el mantenimiento, recibos de luz y agua en institutos; el material académico, libros y equipamiento diverso, también en primaria, en dos entregas. En la primera, en torno a marzo, reciben el 60% de total del año; y en la segunda, en el último trimestre, el 40% restante. Pero este año, algunos colegios no van a recibir nada de esa segunda entrega. En Palencia, a 40 de ellos les han transmitido oralmente que no se les va a ingresar ni un euro.

El Gobierno afirma que disponen de 16 millones de euros de remanente

El importe liberado no llega al 20% del total previsto para el curso

Directores y sindicatos aseguran que las cuentas no les van a cuadrar

En algunos casos se está encendiendo la calefacción solo en días alternos

La Consejería de Educación preguntó a principios de curso a cada centro cuánto dinero le quedaba y solo les van a dar ahora lo que consideran que necesitan, que en algunos casos es muy poco o nada. El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, dijo el viernes que los colegios e institutos de la comunidad tienen entre todos un remanente de 16 millones de euros y que ninguno tendrá problemas de funcionamiento, aunque van a revisar ahora el proceso para ver si ha habido algún error.

El problema es que directores, sindicatos y profesores aseguran que en muchos casos no les llega con el dinero ahorrado y el que les han entregado hasta el siguiente pago. "La notificación de un ingreso menor a estas alturas del curso supone poner en riesgo la gestión normal de los centros, como el pago de proveedores o el mantenimiento de instalaciones y maquinaria, entre otros aspectos", asegura Jesús Goicoechea, de FETE-UGT.

Los directores se quejan de que no se ha tenido en cuenta para hacer los cálculos, por ejemplo, que muchos centros acumulan esas reservas para poder hacer frente a los retrasos por parte de la consejería -el año pasado, en vez del 1 de noviembre, el dinero llegó el 31 de diciembre; este año, tampoco ha llegado por el momento a muchos sitios a mediados de diciembre-; ni se ha considerado que el presupuesto para el gasóleo de la calefacción lleva tres años congelado cuando la factura ha crecido un 30% o que en muchos casos parte de ese dinero que aparece en las cuentas de los colegios corresponde a programas financiados por el Ministerio de Educación o la Unión Europea: sin ir más lejos, la iniciativa de movilidad Erasmus para profesores.

"Los institutos ya ajustan las cuentas al céntimo cuando las preparan cada año. A veces, fraccionan algunos pagos, o los concentran a final de año, y eso tampoco lo han tenido en cuenta", asegura Goicoechea. Además, se queja de la confusión y el desconcierto creados en un proceso que se ha comunicado de formas distintas y con explicaciones diferentes. Santiago-Juárez, en sus declaraciones del pasado viernes, admitió que ha podido haber algún problema de comunicación.

En las notificaciones que han recibido los centros de Burgos y Valladolid (en el resto de provincias, se ha hecho oralmente, según UGT), efectivamente, las explicaciones son distintas. "Debido a la actual coyuntura económica, el crédito a recibir es notablemente inferior al 40% previsto", dice el texto remitido a los colegios e institutos vallisoletanos. Añade, eso sí, unos teléfonos de contacto para que llamen a quejarse aquellos establecimientos con "especiales dificultades".

Sin embargo, el texto para los institutos burgaleses dice, simplemente, que se ha repartido el poco dinero que había de la mejor manera que han encontrado: "Puedo garantizarle que las disponibilidades de tesorería -enormemente exiguas en las actuales circunstancias económicas- se han distribuido a los centros escolares en su totalidad. Estoy seguro de que extremará el rigor en la gestión económica de su centro", dice la carta fechada el 24 de noviembre.

Más allá de estimaciones, es muy difícil calcular la medida de la restricción. Pero si tomamos la cifra que dio Santiago-Juárez del presupuesto que se tenía que entregar ahora (22 millones de euros) y la cruzamos con el dinero que una portavoz de la Consejería de Educación aseguró el jueves que se había liberado hasta el momento, unos cuatro millones, el resultado sería un descenso del 80% en esa segunda entrega y de algo más de un tercio en el total del año. Por ejemplo, un colegio de infantil y primaria (en estos, el mantenimiento, la luz, el agua, etcétera, lo pagan los Ayuntamientos) de unos 500 alumnos que tenía que recibir 4.000 euros recibirá 1.000. O en un instituto de secundaria de algo menos de 300 estudiantes, en vez de 22.000, serán 4.000.

Este último es el caso del IES Campo Charro, de La Fuente de San Esteban (Salamanca), según relató el director a sus profesores. Lo cuenta uno de ellos, Antón Seoane. "Lo que se nos ha ingresado (y no habrá más hasta marzo o abril) solo permite pagar los recibos de luz y teléfono de dos meses en un centro como el mío. Solo la calefacción es algo inasumible que podremos costear gracias a que el centro cuenta con una reserva", escribe Seoane en un correo electrónico. De hecho, algunos centros, cuenta Goicoechea, de UGT, están encendiendo la calefacción solo en días alternos. Otros están dando vueltas a cómo atender al mantenimiento de equipos o han decidido ya dejar de aportar ayudas a los alumnos para los programas de intercambios.

El portavoz y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, insistió en que se va a revisar el proceso y adelantó que esta situación obliga a la Junta a buscar un nuevo sistema para que los fondos se utilicen para su fin y no se queden sin utilizar.