Las suspensiones de pagos aumentan su descenso hasta el 14% en el segundo trimestre

El final de la caída libre en la economía y el inicio tibio de la recuperación que ha acompañado al arranque de este 2010 ha permitido cambiar la tendencia en el número de empresas que se declaran en concurso de acreedores. Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística, las sociedades que han entrado en suspensión de pagos ante las dificultades para afrontar a sus acreedores y mantener el negocio se han reducido un 14,2% en el segundo trimestre hasta las 1.511, su segundo dato a la baja tras tres años consecutivos de subidas.

El número de empresas en concurso, ya sea voluntario o forzado por sus deudores, ha aumentando proporcionalmente en paralelo a la recesión durante los dos últimos años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la llegada de la crisis financiera. Ambos factores provocaron el cierre del grifo del crédito y secó el circulante, lo que impidió a muchas sociedades mantenerse a flote ante la conjunción de falta de liquidez y caída de actividad. Ante este panorama de desplome en la creación de sociedades, morosidad y con el paro creciendo a un ritmo de cifras de seis dígitos trimestralmente, las quiebras en el tejido empresarial español marcaron máximos históricos sobre las 1.760 en el segundo trimestre de 2009, cuando la crisis trataba de cerrar la fase más aguda de deterioro.

Declararse en concurso para una persona tiene un coste de entre 15.000 y 20.000 euros

Sin embargo, con el regreso a un "débil" crecimiento en 2010, según constató el viernes el Banco de España, la sangría en términos de suspensiones de pagos se ha detenido. Pese a ello, sigue sin bajar de unos niveles que eran desconocidos hasta la llegada de la crisis. Frente a las más de 1.500 empresas que han pasado a engrosar la lista de quiebras entre abril y junio, en 2007 la media trimestral era inferior a las 300, una quinta parte.

Empresas de renombre

A lo largo de este periodo, del que no han podido escapar empresas tan conocidas como Martinsa o Marsans, también se han multiplicado las personas que se declaran en concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar sus deudas. Según los datos del INE, 268 personas físicas sin actividad empresarial han suspendido pagos en el segundo trimestre, un 16,5% menos que hace un año, lo que supone su primer descenso en tasa interanual desde el inicio de la crisis ha finales de 2007. Sin embargo, hay que recordar que en el mismo periodo de 2009 este dato alcanzó un récord, lo que facilita el recorte, y que, por ejemplo, entre abril y junio de 2007 apenas 26 personas optaron por lo que entonces parecía una opción cuanto menos exótica.

Lo que no cambia son las características de las empresas que se declaran en concurso de acreedores: sociedades de responsabilidad limitada con una facturación inferior a los 2 millones de euros al año y mayoritariamente de la construcción, que agrupa a una de cada tres del total de las supensiones de pagos. En cuanto a su distribución geográfica, Cataluña reúne a una de cada cuatro, lo que la sitúa como la peor de la lista seguida por Valencia y Andalucía.

La tendencia continuará hasta fin de año

Las previsiones para lo que queda de año es que la tendencia continúe hasta cerrar 2010 con un recorte similar al registrado hasta junio. Según el Registro de Economistas Forenses (REFor), este año se presentarán cerca de 5.000 insolvencias, un15,5% menos que en el ejercicio anterior. Pero esta reducción no será homogénea, ya que esperan que apenas se note entre los concursos presentados por ciudadanos particulares.

Pese a la opinión de que esta opción no es recomendable para las personas físicas sin actividad empresarial, este colectivo sostiene que "sí son una solución en el caso de personas que acumulan muchos préstamos personales", aunque recuerdan que no sirven para paralizar la ejecución de hipotecas por impago.

"Las insolvencias de particulares siguen siendo muy reducidas en comparación con otros países vecinos", han añadido en un comunicado. Según sus cálculos, declararse en suspensión de pagos no es gratis, ya que supone un coste medio de entre 15.000 y 20.000 euros en concepto de gastos de procurador, abogado y remuneración de administradores judiciales.