La subasta de la CAM se aplaza para después del 20-N

La Caja Mediterráneo (CAM) se intervino el 22 de julio pasado. Fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dijeron entonces que era urgente colocar la entidad cuanto antes para evitar la sangría de una caja sin rumbo. El deterioro de sus cuentas -ha perdido 1.136 millones hasta junio- se acelera cuando no está bajo un mando estratégico claro. Si, además, los escándalos sobre las retribuciones de sus exdirectivos no dejan de conocerse, la situación empeora.

Sin embargo, la realidad ha estropeado los planes oficiales. Según fuentes del mercado, la subasta no se cerrará hasta finales de noviembre ("siempre después de las elecciones del 20-N") y quizá para la primera semana de diciembre. Aun no se han seleccionado a las entidades finalistas por lo que no han empezado las due dilligence, es decir, el estudio pormenorizado de los datos de la cuenta de resultados.

Las entidades interesadas (Santander, BBVA y Banco Sabadell) han entregado sus precios no vinculantes. La Caixa que ha depositado un plan estratégico. Ahora todos están a la espera de la respuesta del FROB. Desde este organismo se argumenta que es la cantidad de datos que han pedido las entidades interesadas las que impiden que avance la subasta con mayor velocidad.

Fuentes del mercado apuntan que el Banco de España no quiere que la subasta de la CAM entre en el debate electoral. Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, admitió el 30 de septiembre que se podrían perder los 2.800 millones colocados por el Estado. Aunque finalmente pudieran ser absorbidos por el Fondo de Garantía de Bancos y Cajas, el final de la caja alicantina puede ser polémico. Según otras cajas, la CAM tiene 7.000 millones, el 10% de su balance, en préstamos a corto plazo en el Banco Central Europeo. Además, tiene vencimientos por otros 5.000 millones en los mercados mayoristas. Esto suma 12.000 millones, una cantidad casi imposible de admitir por ninguna entidad en un momento en el que están cerrados los mercados financieros.

Entre los ejecutivos de cajas y bancos se da por hecho que el Estado tendrá que ofrecer algún sistema para que el comprador no asuma estos vencimientos de corto plazo, mediante una fórmula que los dilate en el tiempo.

La prolongación de la subasta podría afectar, entre otras partidas, a la retirada de depósitos. Hasta agosto, la CAM había utilizado 500 millones de los 3.000 que puso el FROB a su disposición. "Ahora, esta cantidad puede ser mucho mayor por lo que cuentan sus competidores", dije un ejecutivo de un banco. Esta manguera de liquidez es un problema añadido para la venta.

En el cuaderno de venta, el Estado dice que se haría responsable del 80% de las primeras pérdidas que aparezcan, hasta 2.500 millones. A partir de esa cantidad, si continúan presentándose problemas, el fondo de rescate se queda con el 90% y el comprador con el 10% del capital restante.