La participación de los salarios en la riqueza nacional cae a mínimos históricos

Ser asalariado en España significa llevarse una ración cada vez más pequeña de la riqueza nacional. Los salarios han perdido terreno hasta situarse en mínimos históricos (46,4% del PIB en 2006), mientras que las rentas de las empresas ganan unas décimas. Es un fenómeno mundial, fruto de la globalización, que se ha acentuado en España en los últimos años por la incorporación de inmigrantes al mercado laboral en los estratos menos cualificados y peor remunerados. La consecuencia es una baja productividad, derivada también de la reducida inversión en capital tecnológico por parte de las empresas.

Nunca en España la tarta ha sido tan grande (este año, un billón de euros) y nunca, desde que se elabora la estadística, los asalariados ha tenido menos parte en ella. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las rentas salariales representaron a finales de 2006 el 46,4% del PIB, 3,2 puntos menos que hace 10 años. El excedente bruto de explotación supone el 42,1%, tres décimas más. Los impuestos que pagan los bienes producidos o importados (IVA y especiales), se llevan el 11,5%, 2,9 puntos más.

"Éste es un producto claro de la globalización", señala Ángel Laborda, del Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros, "que provoca un exceso de oferta de trabajo y, en consecuencia, su abaratamiento". Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea han alertado recientemente sobre el fenómeno a nivel global. El riesgo es, coinciden, el sostenimiento futuro del Estado del bienestar.

En España, los efectos de la globalización han sido más intensos por la incorporación masiva de inmigrantes "en los tramos salariales más bajos y menos cualificados", añade Laborda. Esa incorporación se ha producido con salarios un 30% más bajos y ello explicaría en parte la pérdida de peso de las rentas del trabajo en el conjunto. "El crecimiento del empleo en los últimos años se ha producido en un 70% en actividades por debajo del salario medio", asegura Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.

En el otro lado de la balanza están las rentas empresariales, más beneficiadas que las salariales de estos años de bonanza económica. ¿Está resucitando el fantasma del capitalismo salvaje? Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, ligado a la CEOE, se pregunta si es bueno que las empresas tengan más beneficios y no le cabe duda de que sí. Añade, como explicación, el creciente número de autónomos o no asalariados, tres millones en la actualidad, medio millón más que hace un año.

Déficit de inversión

José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales, tira directamente a dar: "Si el asunto fuera grave, hace ya 15 años que los sindicatos habrían puesto el grito en el cielo, y no ha sido así". Ferrer contraataca y plantea si ese incremento de los beneficios empresariales ha ido a parar a la inversión productiva y responde que no. "Se han repartido sobre todo en dividendos a los accionistas y en los sueldos de los altos ejecutivos, que suponen 280 veces el salario medio español", critica el dirigente de UGT.

Un aspecto en el que existe coincidencia es en que la inversión en capital tecnológico explica también la pérdida de terreno de los salarios. "Hay que hacer más esfuerzos en esta área", señala Iranzo. Laborda apunta que "como el coste del factor trabajo se ha abaratado tanto en España, el sistema productivo español se ha hecho bajo en intensidad de uso de capital y ello afecta negativamente a la productividad". Es decir, que sale más barato emplear a más gente que invertir en una buena máquina.

Para Juan Iranzo ésta no es una situación negativa. "El nuevo modelo español es capaz de crear empleo y esto es lo más social que conozco. Primero, por la satisfacción personal que produce, y luego, porque es lo que contribuye al sostenimiento del Estado del bienestar". Toni Ferrer no lo ve tan de color de rosa. "Es un problema de modelo de crecimiento, basado en el ladrillo y en los servicios", explica. Son sectores con más autoempleo, no sujetos a la negociación colectiva, donde, asegura el dirigente sindical, sí se han producido mejoras de poder adquisitivo.

La negociación colectiva se desarrolla en España con unos baremos que perjudican a las rentas salariales, le contradice en parte Laborda. El criterio es la inflación prevista o pasada, en lugar de aplicar el deflactor del PIB. La diferencia entre uno y otro es que el índice de precios al consumo (IPC) mide todos los precios, incluidos los de los de la importación, mientras que el deflactor sólo mide los nacionales, incluida, por ejemplo, la compra de vivienda. Y el segundo indicador ha sido superior al primero desde 2001.