Las llaves del piso seguirán sin ser suficientes para saldar la hipoteca

Existen puntos de acuerdo, pero es imposible ponerlos en marcha por falta de tiempo. Es el balance de la subcomisión parlamentaria que se creó hace tres meses para analizar las deficiencias del sistema hipotecario español. Los diputados coinciden en que es necesario impulsar cambios legales para frenar los abusos en las ejecuciones hipotecarias, pero los tres grupos más importantes se muestran reacios a adoptar la petición que se ha convertido en motor del Movimiento 15-M: la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda hipotecada salde la deuda con el banco. La disolución anticipada de las Cortes impedirá que las conclusiones se plasmen en una ley durante esta legislatura. Pero los diputados piensan apurar los plazos y continuar hasta el final. Alguno añade que lo allí hablado surtirá de munición para redactar el programa electoral de su partido.

La demanda estrella del 15-M no se incluirá en una futura reforma

Un experto estima el coste para los bancos en 20.000 millones de euros

Mientras Bankinter o el Santander han hecho guiños a los indignados que reclaman fórmulas para aliviar la asfixia de las familias que no pueden pagar su casa, en los pasillos del Congreso se barajan iniciativas que pueden lograr un consenso entre partidos. Entre otras medidas, se baraja regular la supervisión de las tasadoras para asegurar su total independencia de la banca; modificar la ley para que el importe por el que una entidad financiera ejecuta la hipoteca se aproxime al 100% del valor de tasación de la vivienda; articular procedimientos para proteger al deudor de buena fe que pierde su residencia habitual... "Nuestra voluntad es acometer la reforma del sistema hipotecario", dice el representante del PP, Pablo Matos.

Son algunas de los acuerdos que se atisban como posibles. Pese a que la subcomisión acaba de empezar sus trabajos, los diputados consultados por este periódico coinciden en estos aspectos. "En un tema ha coincidido todo el mundo: en la necesidad de actuar sobre las cláusulas abusivas. El banco reclama no solo lo que no le han pagado, sino unas cantidades horrorosas de mora", señala el presidente de la subcomisión, el convergente Pere Macías. "Hay que adoptar medidas para moderar los intereses de demora, que si se unen a las costas judiciales puede suponer un 30% de la deuda que hoy tienen que pagar los desahuciados. Otra iniciativa interesante sería que solo devengaran interes de demora por las cantidades impagadas, y no toda la deuda", señala Fernando Méndez, registrador de la propiedad cuya comparecencia fue de las más valoradas por los parlamentarios.

Hasta ahora han desfilado por la subcomisión asociaciones de consumidores en una primera sesión y catedráticos y expertos en la segunda. Para el 14 y 21 de septiembre estaba previsto que acudieran profesionales como notarios y registradores y representantes del sector financiero. Pero no está claro que vaya a ser posible por el adelantamiento de elecciones.

Las iniciativas planteadas se dividen en dos grupos: las que plantean mejorar el marco legal para evitar en el futuro -como la de crear una ley para situaciones de sobreendeudamiento, como existe en otros países- o las que tratan de aliviar las situaciones más dramáticas ya existentes, de familias que han perdido su hogar y que además tienen que pagar una deuda que les condena a la exclusión social. "Necesitamos un cambio estructural, que es la reforma de una ley hipotecaria que beneficia a la banca, y otro coyuntural, la dación en pago como medida temporal para hacer frente a una situación excepcional", considera otro de los convocados por los parlamentarios, el catedrático Gonzalo Bernardos. Este profesor, que fue el único convocado en calidad de experto que defendió la dación en pago, aboga por una inyección del FROB -el fondo de ayudas a la banca- para saldar la deuda de las ejecuciones pendientes. "Este es un momento excepcional y requiere soluciones excepcionales. Exagerando, esta medida costaría 20.000 millones de euros. A la banca le vamos a dar muchísimo más desde los presupuestos oficiales", asegura.

Méndez da varios argumentos para explicar su negativa a esta medida. "Si se adopta la dación en pago, el crédito será más inaccesible y especialmente para las rentas más bajas. Los deudores cumplidores estarían pagando las penas de los incumplidores. Y si encima se hiciera con efectos retroactivos, la reputación internacional de España se vendría abajo, que sería señalado como un país donde no respeta los contratos privados".

"Todo depende de la voluntad política que haya. Para hacer la reforma laboral sí que hubo voluntad y se aplicó con efectos retroactivos la rebaja de días de indemnización por despido", responde Adrià Alemany, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Cuantas más voces de expertos hemos escuchado, más descartábamos la dación en pago", señala la diputada socialista Ana María Fuentes. "No nos convence esa solución", añade Macias, de CiU. Partidos como ICV, BNG o ERC defienden este mecanismo para saldar la deuda al entregar al banco la vivienda hipotecada.

El activista de la Plataforma de Afectados, ligada al Movimiento 15-M, espetó a los diputados: "La mejor manera de desactivar una reforma política es creando una comisión de estudio parlamentaria. A nadie se le escapa que los tempos de esta comisión se han calculado para que no termine su trabajo antes de las elecciones". "Lo más sorprendente es el desconocimiento del mercado hipotecario que vi entre los diputados. Alguno me dijo que si se aprobaba la dación en pago, se encarecerían las hipotecas ya firmadas, cuando eso es imposible", asegura. Cuando se creó la subcomisión el pasado mes de mayo se dijo que presentaría un informe detallado de las cláusulas abusivas. Tres meses más tarde, este informe no se ha hecho y la capacidad de reforma legal en esta legislatura tiende a cero.