Medicina amarga para Portugal

Portugal parecía estar al borde de una grave crisis política hace dos semanas, según los pronósticos de buena parte de medios de comunicación y de analistas. La amenaza de dimisión del primer ministro, José Sócrates (socialista), si no se aprueba el durísimo ajuste que implican los Presupuestos del Estado de 2011, provocó una cascada de especulaciones que dibujaban los escenarios más dispares y disparatados, como la designación de un nuevo jefe de Gobierno por el presidente de la República. Fue un ejercicio colectivo de política-ficción, cuando el Ejecutivo aún no había entregado los Presupuestos a la Asamblea de la República (lo hizo el 16 de octubre), ni había empezado el debate parlamentario (actualmente en curso), ni se había producido la votación (prevista para el próximo 3 de noviembre).

Los sindicatos convocan una huelga general para el 24 de noviembre

Lo cierto es que el severo ajuste anunciado por Sócrates (más impuestos, recorte de salarios, menos deducciones fiscales, reducción de apoyos sociales, entre otras medidas) ha sido rechazado por sindicatos y todos los partidos del arco parlamentario, a la izquierda y derecha del Gobierno, que no tiene mayoría en la Cámara. Las dos grandes centrales sindicales, CGTP (comunista) y UGT (socialista), han sido capaces, después de 22 años, de ponerse de acuerdo para convocar conjuntamente una huelga general para el próximo 24 de noviembre.

El Partido Comunista, Bloco de Esquerda y el derechista Centro Democrático Social (CDS) votarán contra el proyecto. El primer ministro necesita, pues, el voto favorable o la abstención del conservador Partido Social Demócrata (PSD), principal fuerza de la oposición, que se ha convertido en pieza fundamental del actual debate.

Quince días de intercambio de ataques que hacían presagiar lo peor han dado paso a las negociaciones entre el Gobierno y el PSD, que ayer por la tarde tenían prevista su primera reunión en el Parlamento para encontrar un punto de acuerdo. Hoy, pocos dudan de que la mayoría de diputados del PSD, aunque sea a regañadientes, se abstendrán en la votación del 3 de noviembre y darán luz verde a los Presupuestos.

La propuesta del Gobierno contiene el mayor recorte de gasto público en Portugal desde la revolución de 25 de abril de 1974, concretamente el 5,3%, que equivale a 4.500 millones de euros. Se trata de un ajuste que supone una reducción del gasto del 48,9% del PIB en 2010 al 45,4% en 2011, es decir, 3,4 puntos. El plan, si se aprueba, tendrá un coste social durísimo, con un recorte entre el 3,5% y el 10% de los salarios de los funcionarios de la Administración central, regiones autónomas (Azores y Madeira), Ayuntamientos y sector empresarial del Estado, por un valor 1.432,5 millones.

El Ministerio de Salud sufrirá el mayor recorte, 1.200 millones de euros menos que en 2010 (12,8%), que provocará el aumento del precio de los medicamentos al disminuir drásticamente la coparticipación del Estado. Como ejemplo, el precio que el usuario tendrá que pagar por el protector gástrico Omeprazol de 20 miligramos y 56 unidades pasará de 8,54 a 16,38 euros. La Seguridad Social recibirá 984,3 millones de euros menos que en 2010 para combatir la pobreza; en educación, la rebaja será de 803,2 millones, y para enseñanza superior y acción social irán destinados 113 millones de euros menos. Además, todas las pensiones, incluidas las sociales, quedarán congeladas.

Los Presupuestos contemplan una disminución de la inversión pública del 22,6%, pero el PSD quiere más. El principal partido de oposición insiste en un aplazamiento de seis meses de todas las grandes obras públicas y en la cancelación definitiva de los proyectos con financiación pública y privada que no están contratados, aunque estén en fase de licitación. Es el caso del proyecto de tercer puente sobre el Tajo en Lisboa o el concurso para el nuevo aeropuerto en la capital, aunque estas dos inversiones (más de 5.000 millones de euros) no tendrán impacto en los Presupuestos de 2011. La suspensión de concursos obligaría al Estado a indemnizar a las empresas aspirantes.

Mientras la oposición en bloque, aunque con argumentos distintos, rechaza las medidas de ajuste, la Comisión Europea y el FMI aplauden "el coraje" del Gobierno, que justifica el brutal plan de choque como la única vía para cumplir los objetivos comprometidos ante Bruselas de rebajar el déficit público del 7,3% a final de año al 4,6% al concluir 2011.

En el terreno tributario, el impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas (IRS) y el IVA, que afectan en primera instancia a trabajadores y jubilados, aumentarán significativamente en 2011. Además del 1% sobre el IRS que el Gobierno aprobó en 2010 y que continuará en vigor el año próximo, otros cambios importantes que incrementarán la presión fiscal. Asimismo, se congelarán las deducciones que beneficiaban los rendimientos de trabajo.

La cesta de la compra tendrá una factura más pesada con el aumento del IVA, no solo porque el índice normal aumentará de 21% a 23%, sino también porque muchos bienes sujetos al impuesto reducido (6%) y al tipo intermedio (13%) pasarán al tipo normal. Por ejemplo, alimentos de gran consumo como la leche con chocolate, libros y otras publicaciones no periódicas que hasta ahora pagaban 6% de IVA pasarán a tributar el 23%. Conservas de carne, pescado, mariscos, frutas y verduras, aceites y margarinas, aumentarán del 13% al 23%. Con este incremento del IVA, el Gobierno espera un aumento de la recaudación del 9,9%. Pero antes tendrá que llegar a un acuerdo con el PSD, que solo acepta el aumento del IVA en un punto porcentual.