Los 50 fiscales de EE UU actúan contra los embargos irregulares

La máxima autoridad pública en la justicia estadounidense se moviliza en masa contra los abusos en el mercado hipotecario. Los fiscales generales de los 50 Estados del país suman fuerzas para coordinar su escrutinio a la gran banca de Wall Street, ante el temor de que hayan realizado embargos de viviendas de forma fraudulenta. Al frente de la macroacción judicial está Tom Miller, fiscal general de Iowa. Y en el centro de la investigación, la práctica conocida como robo signing, por la que los empleados de los bancos ejecutaban los embargos sin revisar la documentación que sometían a autorización judicial.

"Recientemente ha salido a la luz que algunas entidades hipotecarias han realizado declaraciones juradas o firmado ejecuciones hipotecarias de manera defectuosa", afirmó la asociación de fiscales en un comunicado. Al parecer, añade, esos documentos "fueron firmados por personas que no tenían conocimiento de los hechos".

JP Morgan gana un 23% más pese al lastre de la cartera hipotecaria

Miller dejó claro que el objetivo de esta investigación conjunta es estar seguros de que la banca resuelve el problema. Es decir, en sus propias palabras, busca "explorar remedios con la banca, que permitan mejorar la situación de los propietarios en general y la economía de la vivienda".

La banca no lo tiene fácil. Si durante la burbuja inmobiliaria se cuestionó su comportamiento al conceder hipotecas a propietarios insolventes, ahora se teme que se haya entregado a la justicia documentación falsa para apoyar los embargos y así poder quitarse con rapidez del balance activos de baja calidad.

JP Morgan Chase, el segundo banco en anunciar la suspensión de los procedimientos de embargo, presentó ayer resultados. La entidad neoyorquina, que emergió muy fortalecida de la crisis financiera, está revisando 115.000 desahucios que pudieron ser ilegítimos en 41 Estados, el doble de lo anunciado.

"Hemos detectado algunos problemas", admitió su consejero delegado, James Dimon, que intentó rebajar la "severidad" del problema en sus balances. El banco obtuvo un beneficio en el tercer trimestre de 4.420 millones de dólares (3.187 millones de euros), un 23% más que hace un año, tras reducir en un 67% las provisiones.

Sin embargo, Dimon señaló que la cartera hipotecaria sigue haciendo de lastre. La morosidad en este tipo de préstamos, explicó, se mantiene igual respecto a trimestres anteriores. Es decir, no hay una mejora y si la economía empeora, "las pérdidas vinculadas al crédito hipotecario podrían subir".

La lista de entidades que están modificando ya las prácticas sigue creciendo. Bank of America congeló las ejecuciones en todo el país y se le acaban de sumar PNC Financial, Wells Fargo y Litton, filial de Goldman Sachs. La primera entidad en admitir irregularidades fue Ally, heredera de la financiera de General Motors.

La firma RealtyTrack calcula que este año serán embargados los hogares de 1,2 millones de familias. Morgan Stanley, por su parte, señala que hay 1,8 millones de hipotecas morosas en los 23 Estados donde los desahucios deben ser autorizados por un juez, y 1,3 millones en el resto del país. "No estamos echando de sus casas a gente de forma injusta", reiteró Dimon, en un intento por tranquilizar a los analistas en medio del nuevo escándalo que azota la reputación de la banca.

La acción judicial podría forzar a más bancos a revisar sus prácticas. Pero está en duda cómo la suspensión de desahucios puede influir en el proceso de corrección del sector de la vivienda.