La energía deja de ser negocio seguro

Que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tenga presentes a grandes científicos y pensadores como Albert Einstein a la hora de actuar es lógico. Einstein dijo: "Nunca pienso en el futuro, llega enseguida". El ministerio hace caso al genio y al menos en materia energética, ha decidido vivir -y legislar- al día. El objetivo: intentar alcanzar el equilibrio entre la apuesta medioambiental del Gobierno, el apoyo a la gran empresa tradicional y la falta de recursos en plena crisis. Muy difícil. El resultado, al menos durante esta semana, con la tramitación de una enmienda para limitar las ayudas a las renovables que modificaba lo establecido por segunda vez en cuatro meses, fue el caos.

CiU tardó 24 horas en entender que ponía patas arriba a las renovables

La presión de los grandes grupos tumbó la idea de limitar las primas

La raíz del problema está en que el negocio energético nacional se ha hundido con la crisis. Hay menos demanda (caída del 5,2% hasta septiembre, según fuentes de Red Eléctrica de España); sobra potencia instalada (90.000 megavatios, de los cuales 21.900 son eólicos y de otras tecnologías limpias) y sobra carbón. Todo el mundo pide ayudas y no hay dinero con el que apoyar a todos los que necesitan apuntalar sus resultados. Peor aún, los presupuestos no dan para todo y las tarifas eléctricas, reformadas en julio en medio de importantes protestas, tampoco.

Pero había que hacer algo. En los últimos meses -desde mayo- ese algo ha consistido en un intento, por parte del Gobierno, de ordenar el aumento de instalaciones de energías renovables con derecho a cobrar primas. "Sebastián [Miguel Sebastián, ministro de Industria] intenta cargarse las renovables", señalan en la asociación empresarial de renovables APPA. Esta organización respira por la herida. Recuerda lo que ya se hizo en 2008 con el sector fotovoltaico, que en apenas un año creció un 450% y llegó a los 3.400 megavatios instalados frente a los 400 previstos oficialmente hasta 2010. En octubre del año pasado, un decreto frenó en seco el pago de primas y paralizó el sector, que perdió, según denuncian, 15.000 empleos. El salto espectacular que dio el sector fotovoltaico en 2008 contribuyó a que ese año se pagaran 3.000 millones de euros en primas a las energías renovables.

La espita, una vez abierta, es difícil de cerrar. No hay problema cuando el negocio crece y el dinero fluye. Pero es un problema cuando la actividad se paraliza. Por ejemplo, mientras el Plan de Energías Renovables 2005-2010 prevé la instalación de 500 megavatios termosolares, las solicitudes de registro presentadas ante Industria, en una carrera para asegurar el cobro de ayudas, multiplican por nueve esa cifra (4.330 megavatios). Así que había que actuar. El intento, fallido, se materializó en una enrevesada iniciativa en el Senado, pactada entre el PSOE y el grupo nacionalista catalán CiU, que afectaba a los dos decretos previos (el 661/2007 y el decreto ley 6/2009), que fijaban el marco de ayudas al sector de las energías limpias. La enmienda transaccional (de transacción: yo te doy, tú me das) era tan enrevesada y el mecanismo tan exótico -se presentó durante la tramitación en el Senado de la Ley de Sociedades de Inversión Cotizadas, Socimi- que hasta los avezados diputados y senadores de CiU, según ha explicado el portavoz económico del grupo, Josep Sánchez Llibre, tardaron 24 horas en darse cuenta de las consecuencias de lo pactado. Que no eran otras que dejar el sector de las renovables al aire y sin garantías de rentabilizar inversiones, que, en el caso termosolar, rondan de media los 200 millones.

Fuentes del ministerio niegan la mayor y aseguran que la iniciativa de la enmienda -con sus polémicos añadidos- fue sólo cuestión de CiU, que reivindicaba competencias autonómicas. Industria, supuestamente, sólo conoció la iniciativa por asesores parlamentarios.

Finalmente, el jueves, el Congreso hizo de Penélope y deshizo lo tejido en el Senado. Habían dado fruto las protestas del sector termosolar, el más afectado por el intento de limitación y habían funcionado también las presiones políticas de comunidades gobernadas por socialistas, como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, en cuyos territorios se desarrollan los proyectos de energía termosolar más importantes.

Y es que, a diferencia de lo que sucedió con la fiebre fotovoltaica de 2007-2008 (sector atomizado, 1.300 empresas, voces divididas y esfuerzos diseminados), los reformadores toparon con hueso en este caso. Las empresas con planes termosolares son algo serio. La asociación Protermosolar agrupa, entre otras, a Acciona Energía, ACS-Cobra, Abengoa, Endesa Generación, Iberdrola Renovables, Basf Española, Gas Natural SDG... Lo más granado.

Industria estaba al tanto de la iniciativa de corte que se intentaba en el Senado. Pero ¿la impulsaba? El departamento que dirige Miguel Sebastián no lo admite. Aunque parece poco probable que el grupo socialista del Senado se arriesgara a poner patas arriba, por su cuenta, la delicada arquitectura del sector sin el conocimiento de Industria. Lo que queda tras el chusco episodio es inquietud. Así lo reconoce el secretario general de Protemosolar, Luis Crespo.

La situación del sector energético -que ha llegado a importantes acuerdos con Industria para resolver el déficit tarifario (titulización de 10.000 millones), para traspasar costes extrapeninsulares a los Presupuestos del Estado (256 millones) y para adecuar la tarifa a precios del mercado- vuelve a ser de inquietud. "Gracias a la inversión realizada en el exterior en los últimos años, más del 50% de los resultados de las eléctricas no dependen del mercado interno", destaca el presidente de la asociación patronal Unesa, Pedro Rivero. Más directo, un ex alto cargo de Industria describe la situación gráficamente: "Una chapuza". "Todo no se puede hacer a la vez", concluye un directivo del sector eléctrico que prefiere no ser citado.