Las empresas tendrán hasta julio para legalizar el empleo sumergido

La zanahoria primero y el palo después. El plan para aflorar la economía sumergida que ultima el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluye un periodo de gracia de tres meses de duración -que, en principio, abarcaría de abril a junio de este año- durante el cual empresarios y trabajadores podrán regularizar su situación en condiciones favorables; seguida de una campaña de año y medio, entre julio de 2011 y diciembre de 2012, durante la cual la Inspección de Trabajo se volcará en perseguir a los infractores y castigarles con sanciones mucho más rigurosas que las ahora vigentes, según fuentes gubernamentales.

Aunque el Gobierno no quiere hablar de ultimátum ni tampoco de amnistía, el plan parece contener elementos de ambos. No habrá perdón de las deudas con la Seguridad Social para quien se acoja al periodo voluntario de regularización, según las fuentes consultadas, pero sí condonación de la multa prevista y condiciones especiales para el pago aplazado y fraccionado de las cantidades debidas a la Seguridad Social.

Trabajo proyecta triplicar por decreto ley las sanciones vigentes

En cambio, quienes persistan en la ilegalidad se enfrentarán, a partir del próximo verano, con sanciones que duplicarán o triplicarán las actuales, según las mismas fuentes El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ultima ya una reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para castigar con mayor dureza a los empresarios que no den de alta a sus empleados y a los trabajadores que compatibilicen el cobro de un salario con la percepción del subsidio de desempleo.

Para que los nuevos castigos puedan aplicarse de inmediato, el Gobierno reformará la LISOS por decreto ley. "Las sanciones previstas ahora son tan bajas [de 30 a 60 euros, para las infracciones leves; y de 3.000 a 90.000 para las muy graves, con posibilidad de reducirlas a la mitad] que casi constituyen un estímulo para el fraude", aseguran fuentes de Trabajo. No obstante, dicho departamento no quiere ofrecer detalles sobre el contenido del plan para aflorar la economía sumergida, alegando que se quiere negociar con los interlocutores sociales una vez que se cierre el acuerdo sobre el marco de la negociación colectiva, en las próximas semanas. Por eso se mantiene también la incertidumbre sobre la fecha precisa de entrada en vigor, aunque Zapatero reiteró ayer en el Congreso que está previsto aprobarlo durante el mes de abril.

El presidente no desveló su contenido en el debate sobre el último Consejo Europeo -en el que España presentó la lucha contra la economía sumergida como una de las ocho medidas para cumplir el Pacto del Euro- pero avanzó que habrá "incentivos razonables [...] en un plazo corto de tiempo" y también un endurecimiento de las sanciones "a medio plazo". Quienes persistan en la situación de ilegalidad, advirtió, se enfrentarán "a consecuencias graves".

Más explícito fue Zapatero respecto a la "regla de gasto" que se introducirá en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para combatir el déficit público. La calificó de "anticíclica" y aseguró que su objetivo no es sustituir sino complementar los límites de gasto que ya existen. Se trata, dijo, de "evitar que en época de bonanza el gasto crezca por encima de la economía y la recaliente".

En concreto, cuando haya más ingresos de los previstos, estos no podrán destinarse al aumento del gasto, sino que tendrán que servir para reducir el déficit. Además, si el presupuesto tiene superávit o es equilibrado, el gasto no podrá ser superior al crecimiento nominal del PIB; mientras que, si existe un déficit excesivo, según los criterios de la UE, habrá que acompañarlo de un plan de reequilibrio.

La regla será obligatoria para las Administraciones central y local; y se planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades autónomas también la incorporen a su propia legislación interna.