Los controladores mantienen su negativa a declarar
La Fiscalía de Madrid remitirá la próxima semana la denuncia a los Juzgados ordinarios.- Salgado dice que la privatización de AENA se hará con "métodos competitivos" y que se aceptará la mejor oferta
Los seis controladores aéreos que estaban citados a declarar esta mañana en los juzgados de Madrid por ausentarse de sus puestos el viernes han secundado a sus compañeros, que ayer en la segunda sesión después de que ayer se negaron a declarar ante el fiscal, y han guardado silencio alegando que no reconocen su competencia.
Según han informado en fuentes de la fiscalía, los operadores que hoy se han presentado en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de denunciados han insistido en que se les debe interrogar en el marco de la jurisdicción militar con motivo de estar movilizados desde el pasado sábado tras la militarización del espacio aéreo español. A su salida de la Audiencia, los controladores han abandonado las dependencias acompañados de sus abogados y se han negado a contestar a las preguntas de los medios informativos congregados en esta sede judicial.
Respecto a su situación, el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha estimado que no procede solicitar ninguna medida cautelar contra ellos, puesto que lo considera "desproporcionado" e "injusto" respecto a sus otros compañeros.
Conocer los motivos de las bajas
La Fiscalía les había llamado a declarar para conocer las causas por las que abandonaron de forma masiva su puesto de trabajo entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado, pero ante la postura que ha adoptado el colectivo, ya ha anunciado que prevé remitir la próxima semana la denuncia ante los Juzgados ordinarios para que les tome declaración un juez, así como la documentación obtenida estos días a través de las diligencias practicadas. Pese a ello, de momento mantiene las convocatoria del lunes, en las que se interrogará a otros ocho controladores por un delito de sedición.
Sobre las causas de las bajasm, desde la Fiscalía han confirmado que, el mismo día 3, una dotación del Suma se trasladó a una de las Torres de Control del aeropuerto de Madrid-Barajas tras recibir una llamada, dando la baja médica a ocho controladores tras diagnosticarles un estado de estrés.
En una rueda de prensa, Esteban Rincón dijo ayer que, en total, son 26 los controladores citados para declarar. Este número corresponde a los que fueron identificados por la Policía el viernes pasado tras haber abandonado su lugar de trabajo y se reunieron en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas. Esteban se mostró contrario a que se investigue por la jurisdicción militar al estimar que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo. También, rechazó que la competencia corresponda a la Audiencia Nacional al no prever el delito de sedición, recogido en el artículo 91 del Código Civil Militar.
Entre tres y ocho años
Para los controladores rebeldes el Ministerio Fiscal va a proponer penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición. No obstante, se aplicará una graduación de responsabilidades entre los dirigentes que promovieron la huelga salvaje y los que se limitaron a secundarlo. Según el Fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre tres y ocho años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación".
El ex portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, admitió a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid que la reacción de sus compañeros fue "desmesurada", si bien insistió en que todos tienen "una responsabilidad que tendrán que asumir". Cabo se acercó a la Audiencia madrileña en apoyo a los 12 controladores. El controlador aéreo, que habló a título particular, puesto que el actual estado de militarización del colectivo les impide ejercer cualquier acción sindical, insistió en que "la empresa fue la que cerró el espacio aéreo y los aviones no salieron". "El clima de agitación impedía a muchos trabajadores desempeñar su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No en las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando", sentenció.
Navidad tranquila
Mientras tanto, parece que la Navidad será tranquila en los aeropuertos. En contra de lo que habían anunciado antes de lo sucedido en el puente con los controladores, CC OO, UGT y USO no convocarán ninguna huelga durante las fiestas navideñas contra la privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) aprobada por el Gobierno. Así lo decidieron ayer jueves tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, quien garantizó que el Ministerio de Fomento va a tutelar las negociaciones entre AENA y los sindicatos. Fuentes sindicales destacaron el "acto de responsabilidad" que supone el no convocar huelga durante las navidades: "No tenemos ningún interés en fastidiar a la gente dado lo que ha ocurrido durante este puente".
Al respecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha defendido la privatización parcial de AENA, y ha añadido que se llevará a cabo con "métodos competitivos" y que se aceptará la mejor oferta. Salgado ha indicado, en declaraciones a Onda Cero, que el Gobierno calcula que con la privatización del 49% de AENA ingresará más de 8.000 millones de euros que, según destacó, permitirán que el Estado pida menos dinero prestado a los mercados. La ministra ha subrayado que la privatización de una parte del ente público, además de permitir reducir las emisiones de deuda, contribuirá a que los aeropuertos españoles tengan una gestión "más ágil y más equilibrada", dado que actualmente están "muy lejos" de las rentabilidades de otros aeropuertos del entorno. Ello permitirá, añadió, disminuir las tasa aéreas. "Espero que (la privatización parcial de AENA) contribuya a una mayor rentabilidad y a una gestión más ágil y ello permita que nos beneficiemos todos", ha subrayado.
Los procesos abiertos contra los controladores:
- Expedientes disciplinarios de AENA: El gestor aeroportuario ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los controladores que faltaron a sus puestos el viernes alegando indisposición. Este proceso entra dentro del ámbito laboral y puede acarrear sanciones administrativas. Según ha anunciado el ministro de Fomento, José Blanco, se estudiará cada caso y se prevé que a algunos se les aparte de forma definitiva de su puesto, a otros se les suspenda de empleo y sueldo y que haya también expulsiones definitivas, entre otras medidas.
- Expedientes de la Agencia Española de Seguridad Aérea: La AESA también ha abierto actuaciones contra el colectivo por presuntas infracciones de la ley de seguridad aérea.
- Actuaciones de la Fiscalía por el Código Penal Civil: Las distintas fiscalías autonómicas han abierto hasta el momento 20 procesos de diligencias que implican a más de 400 profesionales por lo sucedido en los aeropuertos. Según los indicios que maneja el Ministerio Público, los controladores afrontan delitos "muy graves" de sedición previstos en la Ley de Navegación Aérea de 1964. Su artículo 20 castiga con hasta seis años de prisión a "los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta". Este sería el castigo contemplado por el ministerio público para los controladores que abandonaron su puesto hasta la una de la tarde del sábado, cuando el decreto de estado de alarma se publicó en el BOE.
El delito de desobediencia grave que contiene el Código Penal Civil (el que se aplica a cualquier ciudadano), prevé un castigo de entre seis meses y un año de cárcel que, en caso de que su autor no tuviera antecedentes -como es más que previsible en el caso de los huelguistas- no implicaría en ningún caso el ingreso en prisión.
- Actuaciones de la Fiscalía por el Código Penal Militar: Junto a las diligencias abiertas por lo sucedido entre la tarde del viernes y el sábado por la mañana que puedan ser sancionables por lo civil, la Fiscalía también está estudiando si los controladores podrían haber cometido un delito de desobediencia y otro de sedición a partir de las 13.00 del sábado, cuando se decretó el estado de alarma tras la militarización de las torres de control, con lo que los operadores pasaban a estar movilizados y bajo jurisprudencia militar.
El delito de sedición está recogido en el artículo 91del Código Penal Militar y prevé que "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusar en obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a 15 cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
El delito de desobediencia está recogido en el artículo 102 del Código Penal Militar y prevé penas de hasta seis años de cárcel.
- Actuaciones particulares: Junto a estas iniciativas, está por ver el número de denuncias que finalmente presentan los particulares, tanto a título individual o como colectivo, en los diferentes juzgados españoles por, mayoritariamente, daños y perjuicios.
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