Zapatero planteará a las comunidades ampliar la protección a los parados

El drama social de las familias que se queden a la intemperie, por carecer todos sus miembros de trabajo, y haber agotado la panoplia de subsidios que existen hoy en España, es la materia prioritaria para la que el Gobierno busca soluciones.

De momento, el Ejecutivo trabaja en tres nuevas líneas de medidas contra la crisis. Primero, para la protección de los desempleados y, singularmente, para las familias con todos sus miembros en el paro. En segundo lugar, en incentivos a las empresas para la contratación y, por último, en medidas para que las pymes asfixiadas por la morosidad de los ayuntamientos en pagar sus servicios, no se vean abocadas al cierre.

Así lo reconocen medios gubernamentales y así se plasmó en la reunión que ayer tuvo la comisión ejecutiva federal del PSOE, cuyos miembros mantuvieron un vivo debate con su secretario general y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente no aclaró si hoy aprovechará su comparecencia en el Congreso para hacer algún anuncio sobre estas materias. Pero en ellas se trabaja.

El Gobierno quiere potenciar la renta de inserción, fijada por cada autonomía

El Gobierno abrirá nuevas líneas de protección para los desempleados sin subsidio. Lo hará a través de la negociación en conferencias sectoriales con las comunidades autónomas. Las medidas se articularán mediante la figura jurídica de la renta mínima, que existe en cada autonomía, con diferente coste y con distinta denominación.

En el debate de la ejecutiva se analizaron las posibilidades de crear nuevas figuras de apoyo a los parados y la discusión se mantuvo a favor de nuevas percepciones y nuevos conceptos, en vez de aumentar el tiempo del paro al que se accede por vía contributiva y que sólo puede ligarse al período que se ha trabajado. El esbozo de la propuesta figura en el documento de Medidas Urgentes para Mejorar la Protección de los Parados que llegó el viernes pasado a manos de los agentes sociales: "Es preciso reforzar la protección de los trabajadores en situación de desempleo, complementando los programas de renta de inserción o similares que en el ámbito de la protección social disponen las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos".

La implicación con las autonomías no se antoja sencilla, dado el retraso del acuerdo para un nuevo sistema de financiación. Aún así, el Gobierno quiere caminar junto a patronal y sindicatos pero también con las autonomías. Ya lo ha hecho con los ayuntamientos a través del fondo estatal de inversión local, dotado con 8.000 millones y en el que Zapatero tiene puesta mucha esperanza como palanca de creación de empleo. Probablemente, volverá a presupuestarse el próximo año.

La línea de ayuda a los autónomos y pequeñas empresas en situación de asfixia por culpa de la morosidad de los ayuntamientos ha empezado a estudiarse. Ahora bien, en la solución no está que el Estado adelante el dinero a los ayuntamientos, sino en un respaldo directo a las empresas para evitar el cierre.

En los incentivos a las empresas, el Gobierno estudia una medida muy novedosa que ya está en la mesa del diálogo social. Se trata de la conversión de la prestación de un desempleado en bonificaciones para que una empresa le contrate. Esta medida, que el Gobierno plantea como "voluntaria" en su propuesta a sindicatos y patronales, se condiciona a que el parado lleve al menos tres meses como demandante de empleo y a que las empresas se comprometan a mantener el puesto de trabajo. El secretario general de ERC, Joan Ridao, rechazó ayer esta posiblidad, porque "el trabajo es un derecho básico que no puede venderse o comprarse".

De las 10 propuestas del Gobierno, dos se las atribuye ERC: las bonificaciones en un 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en las suspensiones temporales de empleo en 2009 cuando el empresario se comprometa a mantener al trabajador al menos un año más, y la reposición de las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados por regulaciones temporales