Trabajo encuentra respaldo político para encarecer la prejubilación

Los cálculos del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para sacar adelante su plan de encarecer las prejubilaciones en las grandes empresas con beneficios eran ciertos. Antes de hacerse públicas sus intenciones, en su departamento creían que podrían contar con el apoyo de varios grupos de la oposición. Ayer lo comprobó. El grupo catalán CiU se mostró a favor de la medida. Los también catalanes de ERC anunciaron una iniciativa para endurecer los expedientes de regulación de empleo (ERE). Menos decidido fue el PP, que, aunque se mostró partidario de la medida, exigió que Gómez dé explicaciones en el Congreso.

"No se trata de limitar ningún derecho ni del trabajador ni de las empresas. Si el trabajador ya no busca empleo activamente y va a jubilarse, no debe cobrar el desempleo; y si lo hace tiene que asumirlo la empresa", afirmó ayer Gómez. El ministro se refería a la información adelantada por este diario de que Trabajo encarecerá las prejubilaciones obligando a las grandes empresas con beneficios a que se hagan cargo del coste de las prestaciones por desempleo de los jubilados.

IU y UGT piden que se prohíban los ERE en empresas con beneficios

El anuncio de que Telefónica quiere reducir un 20% su plantilla en España, pese a haber ganado más de 10.000 millones en 2010, ha allanado las intenciones de Trabajo. De una u otra forma, todos los partidos la han criticado y la aprovechan para justificar su apoyo al Ejecutivo. De hecho, Gómez cargó contra el anuncio de la empresa: "No es propio de una empresa socialmente responsable". Luego afirmó que los planes de Telefónica podrían encarecerse cuando saque adelante su propuesta.

Gómez tiene prisa para que así sea. "Hay instrumentos suficientes para aprovechar el tiempo y que no tarde demasiado este tipo de reformas", afirmó, en referencia a la tramitación parlamentaria del Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo o en la Ley de la Seguridad Social.

Así que Telefónica tendrá que correr si no quiere que le afecte la nueva legislación. No obstante, la apertura de la negociación entre la dirección de la compañía y sindicatos tendrá que esperar hasta la primera semana de mayo, ya que hasta el 27 de abril no se constituye el comité intercentros salido de las elecciones sindicales. UGT y CC OO, que controlan la mayoría, irán de la mano.

Por su parte, el PP se mostró dispuesto a endurecer la legislación sobre prejubilaciones. Sin embargo, su portavoz económico, Cristóbal Montoro -era miembro del Gobierno que en 2003 aprobó el expediente de la operadora al que se acogieron 14.000 empleados- aprovechó el anuncio de Telefónica para criticar al Ejecutivo: "La política de ERE está siendo un disparate".

Entre los nacionalistas catalanes, las intenciones de Trabajo tuvieron buena acogida. "El sentido común dicta que no puede ser que las prejubilaciones de grandes empresas con beneficios le cuesten dinero al contribuyente", sentenció el portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano. Aunque antes de dar por definitivo el apoyo de la coalición, aseguró que esperarían a conocer "el texto de la enmienda".

También ERC se mostró partidaria de endurecer la legislación sobre ERE. "No se puede cargar sobre el Estado la avaricia empresarial para aumentar su cuenta de resultados", incidió el portavoz, Joan Ridao, que adelantó una propuesta de su grupo en este sentido.

Más allá fue Gaspar Llamazares, de IU, quien defendió directamente que se prohíban los ERE para empresas con beneficios. La misma exigencia planteó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Si no es así, en su opinión, "lo que pasará es que al final se empeorarán las condiciones de los que se prejubilen con los ERE futuros". CC OO, por su lado, criticó que la iniciativa de la imagen de una reacción al ERE planteado por Telefónica. Su portavoz, Fernando Lezcano, afirmó que debe plantearse un debate amplio en torno a los consejos del Pacto de Toledo.