La Seda emprende acciones legales contra su ex presidente Rafael Español

Una tupida cortina, como el telón de un teatro, tapaba la puerta acristalada tras la cual se celebró ayer en El Prat de Llobregat la junta de accionistas de La Seda de Barcelona -una de las históricas multinacionales catalanas del sector químico- , que por primera vez prohibió el acceso a la prensa. Los inversores que entraban y salían de allí decidieron ayer pedir responsabilidades jurídicas a Rafael Español, ex presidente de La Seda, y al ex director general Aurelio González-Isla, por una serie de operaciones que despiertan algo más que recelos y que han obligado a la compañía a provisionar 84 millones de euros.

La junta, tensa -e incluso bronca en ocasiones, según relataron sus asistentes- y de más de cinco horas de duración, aprobó plantear varias acciones sociales de responsabilidad: una contra Español, que no compareció y fue también destituido como consejero, por un crédito dudoso a una sociedad llamada Jatroil, participada por La Seda; y otra también contra Español y contra González-Isla por unas ventas dudosas de material a Túnez y Rusia.

El ex presidente Rafael Español no compareció y deja de ser consejero

El grupo ha provisionado 84 millones por operaciones dudosas

Las acciones sociales de responsabilidad se deciden en las juntas de accionistas para que la empresa plantee acciones legales contra sus administradores. El secretario del consejo, Xavier Foncuberta, aclaró que se presentarán demandas civiles, pero que el tipo de proceso concreto y los cargos atribuibles a los administradores se concretarán en las próximas semanas. En ocasiones, estas acciones no acaban en juicio.

El parte de guerra se completó con el cese del consejero Jacinto Soler Padró, muy enfrentado a una parte del consejo, y sobre el que también pesa ahora una acción social de responsabilidad por supuestas "filtraciones a la prensa". El cese fue propuesto por el actual presidente de La Seda, José Luis Morlanes. "Me voy, de momento", afirmó Padró a los periodistas al abandonar la junta antes de que finalizara. "La responsabilidad hay que pedírsela a Matos (Imatosgil) y Caixa Geral [accionistas de la compañía] porque han estado mandando en el grupo y lo han llevado a esta situación crítica. Me han pedido la dimisión porque sigo en la línea de pedirles que lancen una oferta pública de adquisición (OPA)", recalcó instantes antes de protagonizar un rifirrafe con unos de los accionistas.

De hecho, Padró pidió en la junta una acción de responsabilidad contra Caixa Geral y el grupo Matos, que controlan el 7,2% y el 12,4% del capital, respectivamente, a los que acusa de haber gobernado la compañía de forma conjunta. El grupo Matos, además, recibió un préstamo de La Seda por valor de 22 millones que no ha sido devuelto y que constituye otra de las anomalías anotadas por el informe del auditor KPMG sobre las cuentas, posterior a un informe de Horwath. Pero la acción instada ayer por Padró no prosperó. Este consejero compró el 54% de La Seda por una peseta en 1991, en plena crisis de la empresa, y hoy tiene menos del 1%.

El estado clínico de la compañía sugiere cuidados intensivos: acumula una deuda global de 886 millones de euros. Ha logrado una segunda prórroga de 60 días con el grupo de bancos a los que debe un préstamo sindicado a más de 578 millones (que forman parte de la deuda), que podrían pedir una amortización anticipada si no llega un acuerdo. Sus cuentas de 2008, que arrojaron inicialmente unas pérdidas de 180 millones, han sido revisadas en varias ocasiones hasta quedar en unos números rojos de 589 millones. Y las acciones de la compañía, a 0,34 euros por título, llevan suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el pasado 5 de junio. Ese mismo mes dimitió Rafael Español, que llevaba en el cargo desde 1994.

Con esta tesitura, los pequeños inversores de la compañía se movían ayer entre la resignación y el ánimo combativo. "El presidente dice que espera solucionar la cosa, pero yo creo que no, aquí se ha ido acumulando mucha cosa", explicaba un accionista que lleva 30 años en La Seda y asegura haber perdido 28.000 euros. Otros, como los agrupados en la plataforma Unidos por La Seda -que han denunciado a la compañía-, acosaron al consejo durante la junta con una batería de preguntas y críticas.

Morlanes dijo después a los periodistas que la jornada había resultado "muy positiva", incluso "estimulante", pero rechazó responder a cualquier pregunta sobre las responsabilidades de los ex administradores. "Se han dado las explicaciones que se debían a los accionistas; ahora hay que cerrar esta etapa", apuntó.

La Seda se enfrenta a retos importantes, como el de llegar a un acuerdo con la banca para refinanciar su voluminosa deuda y lograr que los accionistas suscriban una ampliación de capital de 150 millones de euros. Caixa Geral se comprometió ayer a acudir a ella. La compañía también ha pedido un crédito de 15 millones de euros al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el órgano de crédito público de la Generalitat. Además, el grupo quiere impulsar un severo plan de reestructuración, que incluye la reducción de 300 empleos (240 de ellos de una planta que se cerrará en Wilton, Reino Unido) y la venta de siete plantas (entre ellas, la de Tarragona).

Varios de los empleados británicos afectados por el cierre de Wilton se concentraron junto a otros trabajadores españoles, afectados por un ajuste temporal de empleo, ante las puertas del hotel que acogió la junta.