Salgado escoge a un experto en finanzas para sustituir a Vegara

A punto de sonar la campana, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha encontrado al sustituto de David Vegara. José Manuel Campa (Oviedo, 44 años), licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad de Oviedo, doctor en Economía por Harvard y profesor del IESE Business School desde el año 2000, es el nuevo secretario de Estado de Economía. Comparte el puesto de número dos del ministerio con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

La decisión de Vegara de abandonar el ministerio junto al ministro Pedro Solbes el pasado 10 de abril, le hizo a Salgado un boquete en el organigrama con el que no contaba. Vegara creció en prestigio con la crisis financiera internacional y fue el artífice de las primeras ayudas al sector en España. Pero el cambio de Gobierno no colmó sus aspiraciones y dio un margen de un mes para su marcha.

Se le considera un profesional de ideas liberales en materia socioeconómica

Es sobre todo un teórico, experto en economía internacional

Ese plazo se ha cumplido estos días y Salgado ha fichado a un economista, con un perfil sobre todo académico, con amplia experiencia internacional y prácticamente nulo conocimiento de la Administración pública española. Todos los consultados coinciden en que es un profesional sólido y con un alto prestigio como experto en economía financiera internacional.

Justo el perfil que Salgado ha buscado durante este mes. Algunos le han dado calabazas. Fichar por la Administración pública desde la empresa privada en los tiempos que corren no parece muy tentador. Poco sueldo y muchos disgustos. De la lista se descolgó César Molinas, también experto en mercados internacionales, aunque más en la órbita de la consultoría y los hedge fund.

También ha estado en esa lista Santiago Fernández de Lys, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Salgado quería un economista del nivel de Vegara, aunque ha encontrado a alguien probablemente menos completo. Vegara venía del sector privado y conoce bien tanto la economía nacional como la internacional. El nuevo secretario de Estado de Economía es más bien un teórico que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional fuera de España.

Quienes le conocen aseguran que dará, en cualquier caso, la talla, dada su elevada preparación técnica. Ha sido el único español que recibió, en el año 2002, el Premio Germán Bernácer al mejor economista europeo de menos de 40 años. Tendrá muy poco tiempo para ponerse a tono, ya que deberá poner en marcha el fondo para recapitalizar las entidades financieras que el Gobierno aprobará en breve. Ahí la formación de Campa es alta y su elección da idea de dónde le aprieta el zapato a la ministra Salgado. En especial, la situación de las cajas de ahorros.

Antes que profesor del IESE, Campa fue durante diez años profesor asociado de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York hasta el año 2000. En 2005 ejerció como consultor de la Comisión Europea y en 2001 como consultor en el Servicio de Estudios del Banco de España. También ha sido investigador invitado en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en el banco de la Reserva Federal de Nueva York, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial.

En el ámbito de la empresa privada, su actividad es mínima.Figuraba como consejero en la empresa General de Alquiler de Maquinaria (GAM), cargo del que dimitió ayer. Junto con otro profesor del IESE realizó una valoración de El Corte Inglés a petición de César Areces, que demandó a la empresa.

Al margen del currículum oficial, José Manuel Campa es considerado un profesional de ideas liberales u ortodoxas en el ámbito socioeconómico. Hace unas semanas incluyó su nombre entre los 100 economistas que proponen una amplia reforma del mercado laboral español. La medida más llamativa es la desaparición de los contratos temporales y su sustitución por un contrato indefinido, con coste del despido creciente con la antigüedad. El objetivo sería cerrar la brecha entre el alto coste del despido de los empleos temporales (8 días) y los fijos (45 días por año).