Rajoy usará la carta del BCE para justificar sus reformas
El organismo remitió una carta al Gobierno en agosto en la que se pedían acciones contra el desempleo a cambio de reactivar su programa de compra de deuda española
La carta que el Banco Central Europeo (BCE) envió a los presidentes del Gobierno español e italiano en agosto tendrá en España más de un acuse de recibo. El futuro presidente, Mariano Rajoy, piensa usarla para justificar las reformas laborales que llevará adelante una vez tome posesión. Así se lo dijo a los agentes sociales el pasado miércoles en la reunión que mantuvo con los líderes de sindicatos y empresario, explican fuentes conocedoras del encuentro. Rajoy ya tiene la carta en su poder y la va a aplicar hasta sus últimas consecuencias.
Una bajada de la masa salarial y cambios en la regulación de los contratos para jóvenes para combatir son las reclamaciones laborales que hizo el BCE para comprar deuda soberana en agosto, cuando la prima de riesgo española superó por primera vez los 400 puntos básicos. La misiva no precisa más, explican fuentes del Gobierno.
En esta línea, el líder del PP pidió a los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y CEOE, Juan Rosell, que le presenten después del 6 de enero acuerdos en varias materias, entre ellas negociación colectiva, estrechamente ligado a la evolución de los salarios, y contratación. Si antes de esa fecha no hay pacto, Rajoy gobernará, explican en el PP.
Los cambios que reclamaba el BCE en su carta eran una condición básica para comprar deuda España e Italia en agosto, cuando la prima de riesgo se disparó y superó por primera vez los 400 puntos básicos. Entonces, el Ejecutivo reclamó a sindicatos y empresarios que prorrogaran el pacto de moderación salarial y se enfrascó en un debate sobre qué medidas adoptar para combatir el desempleo juvenil que concluyó con la modificación de los contratos formativos.
Esta conclusión supuso la victoria de las tesis del Ministerio de Trabajo sobre la posición que defendía el Ministerio de Economía y la propia Presidencia del Gobierno. En estos departamentos querían importar de Alemania un modelo de contrato para "empleo de poca importancia", según la traducción literal. Esta figura, creada en 2003, contempla un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (641 euros mensuales) y que paga impuestos, lo que implica que no genera derechos.
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