Obama baja impuestos a las empresas y suprime ventajas para los más ricos

¿Rebajas fiscales para la clase media o para los ricos? En esos términos presentó ayer Barack Obama el debate con vistas a las elecciones legislativas al presentar en Cleveland la segunda parte de su nuevo plan de estímulo económico: una reducción de impuestos para las familias y para las empresas que inviertan en investigación y promocionen la creación de empleo.

Unida a la propuesta de gastar 50.000 millones de dólares (39.300 millones de euros) en el desarrollo y modernización de las infraestructuras, que Obama hizo pública el lunes, estas medidas, de cierto tono proteccionista, tienen el doble objetivo de acelerar la creación de empleo y de recuperar la iniciativa política con vistas a la campaña electoral que ya está de hecho en marcha.

Apoyo a las inversiones en investigación y a la creación de empleo

Las reducciones de impuestos a las empresas para estimular la inversión en nuevas tecnologías que las haga más competitivas en los mercados internacionales puede ayudar a más de un millón y medio de compañías y costar por encima de los 100.000 millones de dólares, aunque la Casa Blanca lo considera una medida que facilitará de forma inmediata la creación de puestos de trabajo de alta cualificación.

"Durante años", dijo Obama en un discurso que pretendía resumir su pensamiento económico, "nuestra política fiscal ha destinado miles de millones de dólares a estimular a las empresas a crear empleos y obtener beneficios en otros países. Quiero cambiar eso. Propongo una más generosa y permanente extensión de créditos fiscales a las empresas que desarrollen e innoven aquí, en Estados Unidos". Aunque es un plan que en el pasado han defendido los republicanos, es poco probable que en el actual clima de enfrentamiento político la oposición le dé respaldo para su aprobación en el Congreso.

Más polémica aún resulta la segunda parte de la política fiscal presentada por Obama. El presidente está dispuesto a eliminar los recortes fiscales con carácter universal decididos durante la presidencia de George W. Bush, que vencen el próximo 1 de enero, y prorrogarlos únicamente para las parejas con menos de 250.000 dólares de ingresos anuales o para los individuos por debajo de los 200.000 dólares. El país no puede permitirse, a juicio de la Casa Blanca, una extensión de beneficios fiscales para los multimillonarios que ha costado al Tesoro 700.000 millones de dólares, casi tanto como la guerra de Irak o el programa de estímulo aprobado a los pocos días de la presidencia de Obama.

La oposición criticó ayer la eliminación de las ventajas fiscales de Bush y presentó, por medio de su portavoz en la Cámara de Representantes, John Boehner, un plan alternativo: la congelación de todos los impuestos durante dos años y la reducción del gasto público hasta los niveles prerrecesión de 2008.

Ya están pues establecidos los límites del debate político ante las elecciones de noviembre: el Gobierno propone más inversión pública y más impuestos a los ricos para dinamizar la economía, mientras que la oposición conservadora apuesta por el recorte del gasto y la congelación de impuestos como el mejor mecanismo para que la economía, por sí sola, recupere la vitalidad perdida. Para Obama eso constituye un retorno precisamente a la política económica que provocó la situación actual. Para la oposición, el gasto público es el responsable de la acumulación de deuda y de la debilidad de la economía, y es, por tanto, el culpable último del elevado desempleo.