Industria corta el grifo a la energía solar

El Ministerio de Industria ha decidido cortar por lo sano. Las cuentas públicas están mal y hay que lanzar un mensaje de austeridad a los mercados. El ministerio va a reducir drásticamente las subvenciones que reciben los productores de energía solar fotovoltaica. El recorte será de un 45% en las primas para las nuevas plantas fotovoltaicas de suelo -los llamados huertos solares-, un 25% para las instalaciones de techo de mayores dimensiones, y un 5% para las pequeñas.

Se trata de una propuesta que debe ser estudiada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Consejo de Estado, responsables de emitir informes no vinculantes, por lo que el real decreto no estará en vigor, como mínimo, hasta septiembre.

El Gobierno justifica la medida por los últimos avances tecnológicos

Con esta medida, el titular de Industria, Miguel Sebastián, zanja las polémicas negociaciones que ha llevado a cabo durante 10 meses con las empresas energéticas para el recorte de las subvenciones que reciben los productores de energías renovables. A comienzos de julio, Industria cerró el pacto con la industria para recortar las subvenciones a las plantas eólicas y termosolares, con ahorros de 80 y 1.000 millones al año, respectivamente.

En el caso de la fotovoltaica, donde el recorte es mucho mayor, no se ha evaluado cuál será el ahorro. En 2009, estas ingresaron el 43% de los 6.214 millones que se pagaron en subvenciones al régimen especial, y solo en los cinco primeros meses de 2010 el sector fotovoltaico recibió 983,4 millones en primas.

Industria justifica la medida con que así se recogen las mejoras tecnológicas y la reducción de costes que se han producido en el sector fotovoltaico y aconseja "trasladar esta ganancia a los consumidores permitiendo una rentabilidad atractiva para los promotores". Junto a la reducción de primas, Industria ha introducido un límite de 25 años de cobro de retribuciones para las instalaciones acogidas a la anterior normativa, de 2007.

La decisión de Industria coincide con el enfriamiento del llamado pacto energético que, en el mejor de los casos, queda para septiembre. Un mes después de la inesperada comparecencia conjunta de Miguel Sebastián y del portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, en la que anunciaron la voluntad de alcanzar "cuanto antes" un acuerdo sobre el futuro energético del país, no hay resultados. Más allá de la congelación de las tarifas de la luz pactada en julio -que irritó profundamente a las empresas- no hay nada concreto. Montoro, incluso, ha enfriado las expectativas al asegurar públicamente que Sebastián se precipitó al hablar de un posible pacto de Estado. Como fondo, se mantiene la polémica sobre el futuro de las energías renovables. Todo queda para septiembre: desde el recorte de primas a la fotovoltaica, pasando por la determinación de la cesta de tecnologías que debe asegurar el suministro hasta 2035, por no hablar de la revisión de las tarifas.

La subcomisión del Congreso, creada en mayo de 2009 y denominada "análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años", solo ha conseguido avanzar, sin conclusiones definitivas, en consideraciones generales sobre nueve puntos. Estos abarcan desde las energías renovables -propone incentivar la eólica- al gas, además de la energía nuclear. Los modestos avances de la subcomisión no han sido suficientes, no obstante, para progresar en el acuerdo energético al que aspira el Gobierno. No hay conclusiones y las negociaciones continuarán en septiembre.

Pero lo que sí ha creado la subcomisión es polémica. Algunas de las asociaciones de empresas productoras de energías renovables, a las que se apunta con el dedo por contribuir de forma decisiva al llamado déficit tarifario que ahoga al sistema (16.000 millones de deuda acumulada) son muy críticas con la subcomisión. Es el caso de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Según esta asociación, la subcomisión maneja un documento final sobre la prospectiva energética, que reduce el porcentaje de energías renovables previstas para 2020 respecto al consumo final de energía del 22,7% -porcentaje recogido en el documento que se manejó en las llamadas negociaciones de Zurbano- al 20,8%. Se quedan por el camino 10.000 megavatios renovables, destaca el ex director del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) Javier García Breva, hoy miembro de APPA.

Según García Breva, el borrador respalda claramente a la energía eólica y al gas. Aunque no lo dice, ambos sectores son las plazas fuertes de empresas que, como Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han cuestionado el sistema de primas que cobran las renovables más inmaduras, léase el sector fotovoltaico.

Los aplazamientos en el logro de acuerdos para el sector energético ha puesto de los nervios a todas las empresas. Las eléctricas, de forma individual y a través de la asociación patronal que las agrupa (UNESA), han recurrido ante los tribunales la congelación de tarifas decidida en julio. El presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso, acusó el viernes a Industria de ignorar una propuesta de su asociación para ahorrar hasta 8.000 millones en el sector eléctrico, con sacrificios significativos por parte de sus compañías asociadas.