Industria baraja subir hasta el 3% las nuevas tarifas de la luz en julio

A partir del 1 de julio desaparecen las tarifas eléctricas integrales, las que decide el Gobierno y aplican las grandes compañías distribuidoras a sus clientes. En su lugar, para todos aquellos usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (23 millones de usuarios de los 24,2 con baja tensión, según la patronal Unesa) existirán las denominadas Tarifas de Último Recurso (TUR). El importe de éstas lo decidirá el Gobierno y lo aplicarán las compañías comercializadoras autorizadas (Comercializadoras de Último Recurso, CUR) creadas por las grandes compañías distribuidoras. En suma, si alguien piensa que, en general y para el consumidor de a pie, cambia poco el panorama, acierta.

La Seguridad Social enviará certificados a los pensionistas para el bono social

Los usuarios que no acudan al mercado libre no notarán el cambio

Aunque poco no es lo mismo que nada. El Ministerio de Industria baraja en estos momentos una subida de esas nuevas tarifas de la electricidad de hasta el 3% a partir de julio. La subida, que se añadiría a la registrada en el mes de enero (3,5% de media), no se revisará en los próximos seis meses, según explican fuentes al tanto del proceso. La subida tarifaria se ha considerado en un contexto de caída de precios. La previsión del IPC interanual en mayo apunta a un descenso del 0,8%, pero es probable que los precios suban a partir de mediados de año.

Subida y estabilidad semestral tienen un doble propósito. Por un lado, avanzar en la cobertura del llamado déficit tarifario que se debe a las empresas del sector (16.500 millones hasta 2008) generado desde 2000 y por otro, evitar un desgaste político importante cada tres meses.

El proceso que se aproxima, uno de los pasos hacia la liberalización del mercado energético que exige Bruselas, es absolutamente desconocido por la mayor parte de la población. Así lo han denunciado asociaciones de consumidores como Facua y así lo ha recogido también la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Conviene, por lo tanto, detenerse a explicar en qué consiste el proceso y a quién y cómo afecta.

A las nuevas tarifas TUR se podrán acoger los usuarios con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios. Son la inmensa mayoría de los hogares y muchas pequeñas tiendas y supermercados. Queda abierta la puerta para que los clientes que lo deseen cambien de suministrador y exploren el mercado en busca de ofertas. Por el momento, y lógicamente puesto que las nuevas tarifas no están aprobadas, no hay ofertas de descuentos por parte de las empresas comercializadoras. Éstas se dividen en dos grupos: las que pueden ofrecer servicio de TUR (son las comercializadoras de las grandes compañías, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y E.ON) y las que tendrán que buscarse la vida en el mercado libre diseñando ofertas y jugando con los márgenes de compraventa de energía que permita el Gobierno.

Los usuarios que decidan ignorar el cambio seguirán igual. Si no hacen ninguna gestión, el 1 de julio su suministro será automáticamente asumido por la comercializadora de la empresa que le presta ahora el servicio.

Lo mismo vale para clientes -hogares y pequeñas empresas- que tienen contratada una potencia superior a los 10 kilovatios. Si no se mueven, no negocian y no contratan a mejores precios, seguirán recibiendo el servicio eléctrico como hasta ahora.

Aunque en este caso, la pereza tendrá su castigo. El recibo de estos clientes reacios al cambio tendrá un recargo del 5% trimestral. Y el periodo transitorio durará sólo hasta abril de 2010. Entonces, se supone que las comercializadoras tendrán experiencia y datos suficientes como para atraer con sus ofertas a los clientes más reacios.

El cambio de tarifas -y las subidas, cuando las haya- no afectarán a todo el mundo. Los consumidores con potencias mínimas contratadas (hasta tres kilovatios) en su vivienda habitual; los perceptores de pensiones mínimas; las familias con todos sus miembros en paro y las familias numerosas tendrán la tarifa congelada hasta el año 2012. Dicho de otra forma, esos colectivos disfrutarán de una bonificación (bono social) en la factura eléctrica que, según el Gobierno, se eleva a 450 millones de euros y que correrá a cuenta de las empresas. La condición de beneficiario eléctrico se revisará cada dos años.

El bono cubrirá la diferencia entre el valor de la Tarifa de Último recurso (TUR) y una tarifa reducida que, en el caso de los clientes con potencias inferiores a tres kilovatios, se aplicará automáticamente.

En el caso de los pensionistas con prestaciones mínimas, según fuentes de Industria, será la Seguridad Social la que enviará certificados a los perceptores para que hagan la solicitud a la compañía. Parados y familias numerosas tendrán que solicitar los documentos que acrediten su condición a las comunidades autónomas donde residan.

Cumplidas las exigencias liberalizadoras de Bruselas -que prohíbe las tarifas por uso, como era el caso de la tarifa nocturna-, sólo quedarán dos tipos: tarifas sin discriminación horaria, tarifas con discriminación horaria -que requieren un contador capaz de facturar por horas- y tarifas bonificadas.

Diseñado el escenario, que incluye un complejo proceso de compra de energía mediante subastas por parte del Operador del Mercado Eléctrico (Omel), sólo queda esperar que el sistema que impulsa la Comisión Europea funcione y que la competencia se traduzca en ofertas de precios interesantes para los usuarios.