El Gobierno recoge las promesas sobre energía de hace un lustro

Febrero de 2005. Entrada en vigor del Protocolo de Kioto. Acto vistoso en La Moncloa. Bailarinas, tules y música clásica. Discursos y promesas. En el acto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se compromete a "revisar este año [2005] el plan energético, el plan de promoción de energías alternativas y la eficiencia energética". Casi cinco años después, el Gobierno intenta plasmar en una ley, con todo lo que ello conlleva, las promesas sobre el sector de la energía sobadas durante un lustro: eficiencia, ahorro, planificación y medio ambiente.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en lo que se refiere a la energía, recoge elementos conceptuales positivos por novedosos. Pero las musas no acaban de bajar al escenario del teatro. No hay concreción, más allá de lo que viene obligado por los compromisos contra el cambio climático asumidos en el seno de la UE (20% de energía renovable en 2020 o 10% de energía renovable en el sector transporte).

Ideas como facilitar trámites a las renovables tienen más de dos años

En el lado positivo, y así lo reconocen incluso algunos representantes de organizaciones muy críticas con la política energética del Ejecutivo están conceptos como la obligación de tener en cuenta los "costes medioambientales e intergeneracionales" de la utilización de las distintas fuentes de energía, así como la progresiva "internalización" de costes en dichas fuentes (artículo 98). Ambos conceptos podrían favorecer a las energías renovables.

También se considera un paso adelante la creación de una Conferencia Sectorial Energética que evite enredos competenciales entre la Administración central y las autónomas. Y también puede anotarse en el lado de los avances la obligación de elaborar, al fin, una "planificación integral" del sector energético (artículo 96).

Así que, de conceptos bien. De acciones concretas, menos bien. En cuestión de energía, el anteproyecto es una gran señal de humo. Grande. Puede que espectacular. Pero con grandes posibilidades de diluirse en el horizonte sin más consecuencias.

Hay muchas razones para pensar así. Por ejemplo, los plazos para su tramitación. Un anteproyecto como el presentado, hasta que se convierte en ley, puede requerir muchos meses. Si se tiene en cuenta que el desarrollo de algunos de sus artículos exige, a su vez, modificaciones legales, la norma puede empezar a caminar en la antesala de las próximas elecciones generales. Con todo lo que ello supone.

Otro punto extraño es que el anteproyecto ignora el calendario que impone la Directiva de Energías Renovables (2009/ 28/CE) que entró en vigor en junio de este año y que tendrá que estar traspuesta en la legislación nacional antes del 25 de diciembre de 2010. Entre otras cosas, la norma comunitaria obliga al Gobierno a presentar en Bruselas un avance del Plan Nacional de Energías Renovables 2012- 2020 antes de que acabe el presente año y a presentar el plan cerrado, con objetivos por tecnologías, antes del 30 de junio de 2010.

Además de lagunas, el anteproyecto contiene también buenas dosis de voluntarismo. Por ejemplo cuando (artículo 97) menciona la obligación del Gobierno de aprobar Planes Nacionales de Ahorro y Eficiencia Energética. Como propósito está bien. Pero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, presentó el último plan en 2008 sin presentar el balance de los anteriores. Es difícil.

En el apartado de la generación eléctrica (artículo 98), el anteproyecto alude a la Planificación Indicativa que recogerá diferentes escenarios. Bien. Como propósito está bien. Pero cabe preguntarse qué fue de los intentos de mejorar la planificación desde el año 2004. El Libro Blanco de la electricidad del profesor Ignacio Pérez Arriaga y la Prospectiva energética -ministros José Montilla y Joan Clos, entre los años 2005 y 2007- se quedaron en conatos de planes.

Sobre las energías renovables, el anteproyecto es rotundo: la idea es (artículo 98) "maximizar" su participación en el sistema. Bien. Loable. Necesario incluso en un horizonte de recorte obligado de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay contradicciones. Si se trata de reducir el uso de combustibles fósiles en favor de energías alternativas, sobraría el apoyo al carbón nacional y sobraría también un sistema de cupos establecido como barreras al desarrollo de determinadas tecnologías.

Hay más puntos flacos en el anteproyecto de ley. Flacos y sobados. Como el fomento de las empresas de servicios energéticos, de las que Industria viene hablando desde hace muchos meses sin resultados aparentes. O el propósito de simplificar los trámites administrativos para las renovables (artículo 104), una cuestión que ya abordó un decreto en 2007, sobre el que informó la Comisión Nacional de la Energía (CNE) este año y de cuyos resultados se ignora todo.

Como también se ignora lo logrado en los últimos años con los planes de ahorro energético en las Administraciones públicas publicitados en cada ejercicio. El artículo 105 del anteproyecto propone reducir consumos de un 20% para 2016. Como no sabemos resultados de planes anteriores puede ser una locura o algo razonable. A saber. El tiempo lo dirá.