El Gobierno intenta salvar el 'billón eléctrico'

El secretario de Estado de Economía, José Folgado, admitió ayer que

el Gobierno ha modificado el pacto de 1997 por el que las compañías eléctricas iban a cobrar por adelantado un billón de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) (de un total de 1,7 billones), forzado por la Comisión Europea y no por el proceso de reordenación del sector eléctrico que se ha abierto con la fusión Endesa-Iberdrola. La modificación, aseguró Folgado en conferencia de prensa, se ha visto influida 'naturalmente, por el diálogo mantenido con las autoridades de la Comisión Europea'.

El Ejecutivo comunitario considera el 4,5% del recibo de la luz que se destinaba hasta ahora a asegurar esos pagos como una tasa 'parafiscal'. La defensa a ultranza de las ayudas eléctricas llevó al Gobierno español en 1999 a denunciar ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión de Bruselas de tramitar los CTC como 'ayudas de Estado'.

El pasado viernes, al tiempo que aprobó con condiciones la fusión de Endesa e Iberdrola -las más beneficiadas por los CTC-, el Gobierno suprimió por decreto el 4,5% de la tarifa dedicada a asegurar los pagos a las compañías. La medida, más formal que real, puesto que esa supresión no se traducirá para el usuario en una rebaja de la factura eléctrica, intenta sortear los obstáculos de Bruselas y salvar el billón de las eléctricas, un dinero que las compañías consideran esencial para su salud financiera y al que no están dispuestas a renunciar porque lo consideran un derecho adquirido por aceptar moficaciones en el marco legal que estaba vigente hasta 1996.

Expediente

La decisión, adoptada poco antes de que la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a España, asunto que se iba a discutir el próximo día 14, supone volver a la situación normativa de 1997. Ésta condiciona el cobro de las ayudas por las empresas a un periodo de diez años -finalizará en 2010- y en función de variables como el precio del kilowatio en el mercado -cobrarán menos cuanto más se aparte el precio de las seis pesetas kilowatio-; los tipos de interés y la demanda.

Según explicó Folgado en la conferencia de prensa convocada para explicar la posición del Ejecutivo en la fusión Endesa-Iberdrola, la decisión de modificar el sistema por el que las compañías eléctricas cobran las ayudas convierten ahora los CTC en una 'cantidad máxima' y no fija, lo que según dijo, no pondrá en peligro la estabilidad financiera de las empresas. 'Los problemas esenciales [con Bruselas]' remachó la directora general de la Energía, Carmen Becerril 'deberían darse por superados' con la modificación 'y esperamos que así lo manifieste la Comisión cuando sea posible'.

El Gobierno da así por cerrada una polémica, la de los CTC, que dura más de dos años y que, sin embargo, Bruselas no considera acabada. De hecho, el pasado viernes, y una vez conocida la decisión del Gobierno español, fuentes de la Comisión Europea adelantaron que se examinará el dinero ya cobrado por las empresas del sector, unos 500.000 millones de pesetas, para determinar si su cobro ha vulnerado las normas de la competencia.

La modificación del sistema de cobro de los CTC afecta a todas las empresas del sector y especialmente a Endesa e Iberdrola ya que el Gobierno ha dispuesto como parte de las condiciones para aprobar su fusión que vendan centrales con la parte de las ayudas que les correspondan y que descuenten del dinero de CTC que teóricamente les corresponden, las plusvalías que obtengan en el proceso de desinversión de activos.

La modificación de las ayudas fue el punto más criticado por fuentes de Endesa e Iberdrola el pasado viernes, hasta el punto de que llegaron a afirmar que podría poner en peligro la fusión que mañana deben ultimar los consejos de ambas compañías. Sobre este punto, Folgado señaló que 'es una decisión soberana de las compañías decidir si la fusión puede o no seguir adelante'.

El secretario de Estado, acompañado por la directora general de Energía y por el secretario general de Política Económica, Luis de Guindos, repasó las condiciones impuestas a la fusión Endesa Iberdrola e hizo hincapié en que los límites impuestos por el Ejecutivo a la nueva empresa (42% del mercado de generación, 48% de la distrubición y 40% de la comercialización) están en línea con las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión de la Energía.

Los altos cargos del Ministerio de Economía añadieron algunos datos a lo ya explicado sobre la fusión el día anterior por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Así, Folgado aseguró que la unión de Endesa e Iberdrola no afectará a la 'acción de oro' [derecho de veto] que el Gobierno mantiene en la compañía que preside Rodolfo Martín Villa y que se preservarán los derechos de los trabajadores (Endesa e Iberdrola tienen 28.000 empleados) que pasen a los nuevos grupos eléctricos (al menos dos) que van a competir en España.

Preocupación sindical

Los sindicatos, CC OO y UGT, están preocupados por las consecuencias de la fusión. El pasado viernes, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, mantuvo un encuentro con Rodrigo Rato para valorar el proceso. El sindicato, entre otros asuntos, informó a Rato que Endesa mantiene compromisos de exteriorización de pensiones por importe de un billón que deben ser mantenidos.

Ayer, continuaron las reacciones a la gran fusión eléctrica. Frente a las afirmaciones de Rato de que las condiciones impuestas a la operación 'no son fuertes' y mejorarán la competencia, PSOE, IU y los sindicatos criticaron la posición del Gobierno.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, calificó las condiciones impuestas por el Gobierno de 'nuevo regalo' a las 'grandes empresas' y dijo que el Ejecutivo 'sigue fomentando la concentración y el monopolio'. En la misma línea, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, sostuvo que los límites a la fusión no salvaguardan el interés general y tienden a 'defender los intereses particulares en torno al PP'.

CC OO, por su parte, acusó al Gobierno de actuar con 'precipitación e impericia'. Desde la Generalitat, el jefe de Gobierno autónomo, Artur Mas, señaló que 'a simple vista, da la impresión de una tremenda concentración de poder en unas solas manos' y la Diputación de Vizcaya hizo un llamamiento a las empresas para que garaticen su presencia en el País Vasco.El secretario de Estado de Economía, José Folgado, admitió ayer que

el Gobierno ha modificado el pacto de 1997 por el que las compañías eléctricas iban a cobrar por adelantado un billón de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) (de un total de 1,7 billones), forzado por la Comisión Europea y no por el proceso de reordenación del sector eléctrico que se ha abierto con la fusión Endesa-Iberdrola. La modificación, aseguró Folgado en conferencia de prensa, se ha visto influida 'naturalmente, por el diálogo mantenido con las autoridades de la Comisión Europea'.

El Ejecutivo comunitario considera el 4,5% del recibo de la luz que se destinaba hasta ahora a asegurar esos pagos como una tasa 'parafiscal'. La defensa a ultranza de las ayudas eléctricas llevó al Gobierno español en 1999 a denunciar ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión de Bruselas de tramitar los CTC como 'ayudas de Estado'.

El pasado viernes, al tiempo que aprobó con condiciones la fusión de Endesa e Iberdrola -las más beneficiadas por los CTC-, el Gobierno suprimió por decreto el 4,5% de la tarifa dedicada a asegurar los pagos a las compañías. La medida, más formal que real, puesto que esa supresión no se traducirá para el usuario en una rebaja de la factura eléctrica, intenta sortear los obstáculos de Bruselas y salvar el billón de las eléctricas, un dinero que las compañías consideran esencial para su salud financiera y al que no están dispuestas a renunciar porque lo consideran un derecho adquirido por aceptar moficaciones en el marco legal que estaba vigente hasta 1996.

Expediente

La decisión, adoptada poco antes de que la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a España, asunto que se iba a discutir el próximo día 14, supone volver a la situación normativa de 1997. Ésta condiciona el cobro de las ayudas por las empresas a un periodo de diez años -finalizará en 2010- y en función de variables como el precio del kilowatio en el mercado -cobrarán menos cuanto más se aparte el precio de las seis pesetas kilowatio-; los tipos de interés y la demanda.

Según explicó Folgado en la conferencia de prensa convocada para explicar la posición del Ejecutivo en la fusión Endesa-Iberdrola, la decisión de modificar el sistema por el que las compañías eléctricas cobran las ayudas convierten ahora los CTC en una 'cantidad máxima' y no fija, lo que según dijo, no pondrá en peligro la estabilidad financiera de las empresas. 'Los problemas esenciales [con Bruselas]' remachó la directora general de la Energía, Carmen Becerril 'deberían darse por superados' con la modificación 'y esperamos que así lo manifieste la Comisión cuando sea posible'.

El Gobierno da así por cerrada una polémica, la de los CTC, que dura más de dos años y que, sin embargo, Bruselas no considera acabada. De hecho, el pasado viernes, y una vez conocida la decisión del Gobierno español, fuentes de la Comisión Europea adelantaron que se examinará el dinero ya cobrado por las empresas del sector, unos 500.000 millones de pesetas, para determinar si su cobro ha vulnerado las normas de la competencia.

La modificación del sistema de cobro de los CTC afecta a todas las empresas del sector y especialmente a Endesa e Iberdrola ya que el Gobierno ha dispuesto como parte de las condiciones para aprobar su fusión que vendan centrales con la parte de las ayudas que les correspondan y que descuenten del dinero de CTC que teóricamente les corresponden, las plusvalías que obtengan en el proceso de desinversión de activos.

La modificación de las ayudas fue el punto más criticado por fuentes de Endesa e Iberdrola el pasado viernes, hasta el punto de que llegaron a afirmar que podría poner en peligro la fusión que mañana deben ultimar los consejos de ambas compañías. Sobre este punto, Folgado señaló que 'es una decisión soberana de las compañías decidir si la fusión puede o no seguir adelante'.

El secretario de Estado, acompañado por la directora general de Energía y por el secretario general de Política Económica, Luis de Guindos, repasó las condiciones impuestas a la fusión Endesa Iberdrola e hizo hincapié en que los límites impuestos por el Ejecutivo a la nueva empresa (42% del mercado de generación, 48% de la distrubición y 40% de la comercialización) están en línea con las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión de la Energía.

Los altos cargos del Ministerio de Economía añadieron algunos datos a lo ya explicado sobre la fusión el día anterior por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Así, Folgado aseguró que la unión de Endesa e Iberdrola no afectará a la 'acción de oro' [derecho de veto] que el Gobierno mantiene en la compañía que preside Rodolfo Martín Villa y que se preservarán los derechos de los trabajadores (Endesa e Iberdrola tienen 28.000 empleados) que pasen a los nuevos grupos eléctricos (al menos dos) que van a competir en España.

Preocupación sindical

Los sindicatos, CC OO y UGT, están preocupados por las consecuencias de la fusión. El pasado viernes, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, mantuvo un encuentro con Rodrigo Rato para valorar el proceso. El sindicato, entre otros asuntos, informó a Rato que Endesa mantiene compromisos de exteriorización de pensiones por importe de un billón que deben ser mantenidos.

Ayer, continuaron las reacciones a la gran fusión eléctrica. Frente a las afirmaciones de Rato de que las condiciones impuestas a la operación 'no son fuertes' y mejorarán la competencia, PSOE, IU y los sindicatos criticaron la posición del Gobierno.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, calificó las condiciones impuestas por el Gobierno de 'nuevo regalo' a las 'grandes empresas' y dijo que el Ejecutivo 'sigue fomentando la concentración y el monopolio'. En la misma línea, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, sostuvo que los límites a la fusión no salvaguardan el interés general y tienden a 'defender los intereses particulares en torno al PP'.

CC OO, por su parte, acusó al Gobierno de actuar con 'precipitación e impericia'. Desde la Generalitat, el jefe de Gobierno autónomo, Artur Mas, señaló que 'a simple vista, da la impresión de una tremenda concentración de poder en unas solas manos' y la Diputación de Vizcaya hizo un llamamiento a las empresas para que garaticen su presencia en el País Vasco.