El Gobierno cambia 47 leyes para avivar la competencia en los servicios

El Gobierno ha transformado la adaptación a la Directiva de Servicios en su principal baza legislativa frente a la crisis. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el proyecto de ley que modifica otras 47 normas del mismo rango. La última redacción del texto, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, sustituye la autorización que se exige a empresas y profesionales por declaraciones de responsabilidad. Tampoco será necesario inscribirse en un registro, ya que la Administración mantendrá, de oficio, listados públicos en Internet. Y se liberaliza un amplio abanico de actividades.

La ley ómnibus, que es como se ha bautizado este contenedor de cambios legales, va más allá de remendar los conflictos entre la directiva europea y la normativa estatal. El Gobierno pretende dar un empujón a la competencia en los servicios, un sector que concentra cerca del 70% del empleo y 65% del PIB. Y también algunos de los males de la economía española, como baja productividad y precios excesivos. Un estudio divulgado por el Ministerio de Economía calcula que la supresión de cargas administrativas y la eliminación de obstáculos a la incorporación de nuevas empresas elevarían el PIB en un 1,2% y generarán hasta 200.000 empleos.

La reforma de los colegios profesionales, que acaba con los baremos de precios, abarata las cuotas de los colegiados y limita la obligación de visar trabajos, es el aspecto más conocido del proyecto de ley, pero las modificaciones que incluye la ley ómnibus son de lo más variopinto.

- Otra forma de control. Hasta ahora, buena parte de la prestación de servicios está sometida a una autorización previa para garantizar que se cumplen criterios técnicos y normas de seguridad. Es un proceso que puede consumir mucho tiempo y poner "barreras injustificadas y desproporcionadas" al inicio de la actividad. Con la ley ómnibus, el Ejecutivo opta por eliminar estas autorizaciones en la mayoría de los casos. Empresas y profesionales sólo estarán obligados a comunicar el inicio de actividad o a remitir a la autoridad competente una "declaración responsable". De esta forma, dan fe de que conocen los requisitos legales para ejercer su actividad. La idea es "garantizar la calidad de la prestación a través del refuerzo de los servicios de inspección". La norma incluye un régimen sancionador para penalizar las declaraciones engañosas o incompletas.

- Autoescuelas, mensajeros e instaladores, liberalizados. Junto a la autorización, se suprimen otros requisitos, lo que supone en la práctica la liberalización de un puñado de actividades. Así, se abre el negocio del alquiler de coches sin conductor y se facilita la libre instalación de estaciones de autobuses, siempre que se cumpla con normas básicas. Tampoco se requerirá un permiso específico para la formación teórica de conductores que dan las autoescuelas, lo que permitirá la entrada de otras empresas.

No se exigirá ya autorización ni inscripción en registro a las empresas de mensajería. Los comercializadores de electricidad y gas sólo tendrán que comunicar el inicio de actividad y se sustituyen los registros de operadores por listados en Internet. A los instaladores de frigoríficos, calentadores o ascensores no se les obligará a tener un local o contratar seguros de elevada cuantía. Además, se extiende este nuevo esquema a la industria y se elimina la exigencia de documento público cuando se modifican patentes.

- Registro estatal de gestores de residuos. El Gobierno aprovecha el proyecto de ley para dar validez estatal a las nuevas formas de control de actividades empresariales y profesionales. Eso implica que no será necesario un permiso distinto en cada comunidad autónoma para 22 trámites. Entre ellos destaca la creación de un registro único para las empresas que recojan y traten residuos en España. En las normas medioambientales, se impulsa el acuerdo autonómico para el reconocimiento recíproco de permisos, como los de caza y pesca.

- Un centenar de decretos, a la espera. El Gobierno se ha embarcado en un proceso legislativo de enorme complejidad. La ley paraguas, que fija los criterios básicos de la directiva, ya está en el Congreso. Al proyecto que analizará hoy, con los cambios en las 47 normas estatales, quiere darle trámite de urgencia. Está por aprobar la polémica reforma de la ley de Comercio, que se desgajó de la ley ómnibus. Además, debe modificar al menos 117 decretos y órdenes ministeriales. Y coordinar la adaptación de la legislación autonómica y local. Todo antes de diciembre, cuando cumple el plazo que marca la directiva.