La Fiscalía pedirá penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores
Los primeros trabajadores en pasar ante la Justicia se acogen a su derecho a no declarar.- Zapatero adelanta que hay recursos en el Código Penal Civil para procesar al colectivo incluso antes de la militarización
Una vez normalizada la situación en los cielos y los aeropuertos españoles, ha llegado la hora de depurar responsabilidades y castigar a los posibles responsables del caos aéreo del viernes del viernes provocado por la ausencia masiva de los controladores de sus puestos. Contra ellos, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha adelantado que el Ministerio Fiscal pedirá penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición. En su opinión, la situación es similar al supuesto abandono de un hospital por parte de todos los médicos, dejando tirados a los enfermos, y la ley califica ese hecho "como delito de sedición".
Las declaraciones de Conde-Pumpido desde Zaragoza, donde asiste a una reunión con los responsables de las Fiscales autonómicas para fijar una postura conjunta ante los 20 procesos abiertos en toda España por este motivo, han coincidido con el inicio de las comparecencias de los controladores ante la Justicia ordinaria. Solo en Madrid, la fiscalía tiene un listado de 175 controladores para llamar a declarar por abandonar su puesto. El objetivo de las comparecencias es averiguar las causas de la dejación en sus funciones "dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Tras evaluar los motivos, el Ministerio Público ha anunciado que adoptará las medidas que estime "procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran número de ciudadanos perjudicados en sus derechos".
El sindicato USCA recurre ante el Supremo los decretos de militarización y el del estado de alarma
Los primeros controladores en comparecer ante la fiscalía han sido los estaban reunidos en el hotel Auditorium
Sin embargo, los 12 primeros en pasar por dependencias judiciales hoy se han negado a prestar declaración acogiéndose a su derecho a no declarar. Según fuentes de la fiscalía han argumentado que la competencia recae sobre la jurisdicción militar, dado el decreto de alarma que les somete bajo el control del Ejército, y no a la civil. La fiscalía tiene citados mañana viernes a otros seis controladores y ocho el lunes. Si se aprecia que hay una consigna para negarse a declarar, se planteará no llamar al resto, según informa Lara Otero. Estos operadores son los que la policía identificó el viernes por haber abandonado su lugar de trabajo y que se habían reunido en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.
"Resortes suficientes" para actuar por lo civil
En cualquier caso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha revelado hoy en el Congreso, donde ha comparecido para explicar el estado de alarma, que además de las vías abiertas para procesar a los controladores tras decretar su militarización, existen argumentos y recursos para actuar por lo penal contra ellos por su actuación previa a la orden que les puso bajo control del Ejército y la que impuso el el Estado de Alarma. Tras esta decisión, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podrían haber incurrido en un delito de "sedición" previsto en el Código Penal Militar.
Según ha señalado el jefe del Ejecutivo, la ley "ofrece resortes suficientes para sancionar penalmente las conductas producidas estos días". Así, ha detallado que se aplicará el Código Penal Militar a los hechos producidos tras la militarización de las torres, y el Civil y la Ley de Navegación Aérea a los incumplimientos producidos antes de ese momento. Previas a estas actuaciones, el ente público ha abierto expediente a 442 trabajadores por lo sucedido. Según ha resumido Zapatero, la actitud de los controladores "obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulación reconocido a todos los ciudadanos, con las muy variadas consecuencias de orden personal que ese impedimento lleva aparejadas".
"Premeditado", "concertado" y "colectivo"
A favor de esta tesis, el fiscal general ha advertido de que el conflicto no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España. Según ha defendido, el Gobierno tiene ahora la doble obligación de "impulsar la depuración de responsabilidades" y "facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados", sin descartar posibles sanciones penales. De hecho, ha añadido que la ley, en concreto la Ley Penal de Navegación Aérea de 1964, prevé sanciones para todos los que han participado en el abandono de los aeropuertos ya que todos ellos "han cometido un hecho delictivo", aunque las sanciones serán lógicamente mayor para los dirigentes.
Desde el lado de los controladores, los dos portavoces del sindicato USCA han acudido esta mañana a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para hacer declaraciones a título particular (ante un centenar de informadores), ya que están militarizados. César Cabo ha asegurado que la responsabilidad de lo ocurrido el viernes es compartida entre los controladores que abandonaron sus puestos y AENA, que cerró el espacio aéreo. Cabo ha añadido que se podía haber seguido volando con el número de controladores que había, aunque con dificultades. En su opinión, no era necesario cerrar todo el espacio aéreo español, según informa Lara Otero.
Daniel Zamit ha explicado que se han presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra los dos decretos que ordenaron por un lado la militarización del espacio aéreo (el viernes) y la declaración de estado de alarma con la militarización de los controladores (el sábado). Zamit ha añadido que, al impedir la legislación militar la existencia de sindicatos en ese ámbito, lo que reclaman al Supremo es que certifique que se ha tomado la decisión de recurrir ambos decretos para que la traslade a la autoridad militar competente.
Los sindicatos llaman a la movilización permanente contra la privatización de AENA y amenazan con una huelga
Los sindicatos CC OO, UGT y USO en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), han decidido llamar a la "movilización permanente" de todos los trabajadores de los aeropuertos, centros de control y servicios centrales en contra de la privatización del 49% del gestor aeroportuario.
Fuentes de UGT han concretado que si no hay una respuesta positiva por parte del Gobierno, que ya les ha citado esta tarde a una reunión de última hora, y éste no responde a sus demandas, "es probable con toda certeza" que se convoque una huelga para primeros de año.
Entre estas movilizaciones, detallaron que se celebrarán asambleas en todas las dependencias a partir del lunes y concentraciones de media hora en los aeropuertos principales de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Desde UGT insistieron en que en el caso de que se lleven estas medidas a cabo, se intentará "minimizar" lo más posible el impacto sobre sus usuarios, tras el reciente caos sufrido en los aeropuertos por el abandono de los puestos de trabajo por parte de los controladores.
Los distintos tipos de procesos abiertos contra los controladores:
- Expedientes disciplinarios de AENA: El gestor aeroportuario ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los controladores que faltaron a sus puestos el viernes alegando indisposición. Este proceso entra dentro del ámbito laboral y puede acarrear sanciones administrativas. Según ha anunciado el ministro de Fomento, José Blanco, se estudiará cada caso y se prevé que a algunos se les aparte de forma definitiva de su puesto, a otros se les suspenda de empleo y sueldo y que haya también expulsiones definitivas, entre otras medidas.
- Expedientes de la Agencia Española de Seguridad Aérea: La AESA también ha abierto actuaciones contra el colectivo por presuntas infracciones de la ley de seguridad aérea.
- Actuaciones de la Fiscalía por el Código Penal Civil: Las distintas fiscalías autonómicas han abierto hasta el momento 20 procesos de diligencias que implican a más de 400 profesionales por lo sucedido en los aeropuertos. Según los indicios que maneja el Ministerio Público, los controladores afrontan delitos "muy graves" de sedición previstos en la Ley de Navegación Aérea de 1964. Su artículo 20 castiga con hasta seis años de prisión a "los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta". Este sería el castigo contemplado por el ministerio público para los controladores que abandonaron su puesto hasta la una de la tarde del sábado, cuando el decreto de estado de alarma se publicó en el BOE.
El delito de desobediencia grave que contiene el Código Penal Civil (el que se aplica a cualquier ciudadano), prevé un castigo de entre seis meses y un año de cárcel que, en caso de que su autor no tuviera antecedentes -como es más que previsible en el caso de los huelguistas- no implicaría en ningún caso el ingreso en prisión.
- Actuaciones de la Fiscalía por el Código Penal Militar: Junto a las diligencias abiertas por lo sucedido entre la tarde del viernes y el sábado por la mañana que puedan ser sancionables por lo civil, la Fiscalía también está estudiando si los controladores podrían haber cometido un delito de desobediencia y otro de sedición a partir de las 13.00 del sábado, cuando se decretó el estado de alarma tras la militarización de las torres de control, con lo que los operadores pasaban a estar movilizados y bajo jurisprudencia militar.
El delito de sedición está recogido en el artículo 91del Código Penal Militar y prevé que "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusar en obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a 15 cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
El delito de desobediencia está recogido en el artículo 102 del Código Penal Militar y prevé penas de hasta seis años de cárcel.
- Actuaciones particulares: Junto a estas iniciativas, está por ver el número de denuncias que finalmente presentan los particulares, tanto a título individual o como colectivo, en los diferentes juzgados españoles por, mayoritariamente, daños y perjuicios.
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