CatalunyaCaixa decide hoy si traspasa su negocio financiero a un banco

El Consejo de Administración de CatalunyaCaixa decidirá hoy si pone en marcha el proceso de bancarización de la segunda entidad catalana, fruto de la fusión entre las cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona. El traspaso del negocio financiero a un banco se debe a la necesidad de elevar su capital básico, del 6,7%, hasta las exigencias del Gobierno central, que han elevado el listón hasta el 10%. En el consejo de hoy también podría plantearse la salida de la entidad de su presidente, Fernando Casado, por las diferencias con la dirección de la caja por las funciones que le han sido atribuidas.

CatalunyaCaixa deberá buscar, en cuanto apruebe el proceso para convertirse en un banco, inversores privados que le aporten capital. El Banco de España estimó tras las pruebas de resistencia de la Unión Europea del año pasado que la caja debería recapitalizarse por 1.032 millones. Sin embago, ahora esa cantidad puede ser mayor, a pesar de los ingresos que le reportaron la venta del paquete del 1,68% que tenía en Repsol, que le reportaron 448 millones de euros y que permitieron que su tasa de solvencia aumentara en 0,32 puntos.

Del capital necesario dependerá que la caja deba renunciar a su personalidad jurídica y se transforme en una fundación, puesto que la inyección de capital necesaria podría suponer que la participación de CatalunyaCaixa en el nuevo banco fuera inferior al 50%. Fuentes sindicales aseguran que los representantes de los trabajadores en el consejo de opondrán a que la entidad acabe convirtiéndose en una fundación.

En caso de que la entidad no halle el capital entre inversores privados, será el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) quien aporte ese capital a cambio de acciones. El director general de la caja, Adolf Todó, asumía hace unos días en una carta que distribuyó entre sus empleados que la entidad creará un banco y que la actual caja se convertirá en una fundación, lo que le costó críticas de varios sectores del consejo por no haber informado antes a los órganos de gobierno de la entidad. En la carta, Todó no descartaba que el inversor fuera público.