Bush busca ayuda urgente para evitar la bancarrota del automóvil

El futuro de la industria automovilística en EE UU está en el limbo después de que el ala republicana levantara un muro en el Senado para impedir que el dinero público fluya hacia los tres gigantes empresariales de Detroit, Chrysler, General Motors y Ford. El tiempo juega en contra, y tanto General Motors como Chrysler consideran la posibilidad de la bancarrota si no les llega pronto un balón de oxígeno. La Casa Blanca intenta dar con una solución alternativa que evite lo peor.

La situación era calificada ayer en Wall Street de surrealista, mientras en Washington y Detroit se señalaban los unos a los otros como los culpables de que se tumbara el crédito puente de emergencia de 14.000 millones de dólares (10.449 millones de euros) al sector. Las dos empresas automovilísticas están prácticamente sin efectivo. GM necesita 4.000 millones (2.985 millones de euros) antes de que acabe el mes, y otros más en enero. Chrysler pide 7.000 millones (5.225 millones de euros) para seguir.

GM dejará de producir 250.000 vehículos y cerrará 20 plantas

Sin la autorización para conceder esta ayuda a tiempo, la liquidez que necesita Detroit para mantenerse a flote sólo podría llegar de dos partes: o bien del masivo fondo de estabilidad del sector financiero que gestiona el Departamento del Tesoro, o a través de un préstamo temporal de la Reserva Federal (Fed). Tanto la Casa Blanca como el banco central se mostraron contrarios a abrir esta vía al sector, por el precedente que puede crear.

Pero ante la gravedad de la situación, la Administración que preside George Bush optó por reconsiderar su postura inicial. Le preocupa el impacto que puede llegar a tener la bancarrota desordenada de GM o de Chrysler en una economía ya muy debilitada por la crisis. Por eso busca una alternativa que le permita inyectar dinero en las empresas y mantenerlas a flote hasta que el Congreso retome la actividad en enero y rompa con el bloqueo.

"En condiciones económicas normales, preferiríamos que fuera el mercado el que determinara en última instancia la suerte de las empresas privadas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino. Entre las opciones posibles, Perino mencionó recurrir al controvertido fondo de estabilización. "Estamos listos para prevenir el inminente colapso", afirma Brookly McLaughlin desde el Departamento del Tesoro.

El Tesoro tiene autorización para manejar a conveniencia la mitad de los 700.000 millones (522.466 millones de euros) aprobados en octubre por el Congreso. Para poder acceder a los 350.000 millones (261.000 millones de euros) restantes necesita la luz verde del legislativo, que puede imponerle nuevas condiciones para su uso. Sin embargo, en ese primer tramo del paquete quedan 15.000 millones (11.195 millones de euros) sin comprometer, a los que podría recurrir la Administración.

Este "plan B", como lo calificó la líder de los demócratas, Nancy Pelosi, ayudó a contener la ansiedad que durante la mañana dominó en el parqué neoyorquino y en las plantas de ensamblaje en Motor City. "Por el amor de Dios, espero que el presidente actúe", exclamó el alcalde de Lansing (Michigan), Virg Bernero. Lo que está por ver es lo que se movilizará y las condiciones que impondrá la Casa Blanca para acceder al crédito.

Esos requisitos podrían ser parecidos a los incluidos en la legislación que se rechazó la pasada madrugada, como limitar las retribuciones a los ejecutivos, eliminar el dividendo y que los receptores de la ayuda garanticen que devuelven el dinero.

Rick Wagoner, consejero delegado de GM, sigue creyendo que la compañía no debería declararse en bancarrota, a pesar del "decepcionante" desenlace en el Congreso. Por eso ayer anunció que durante el primer trimestre hará un drástico ajuste de costes, con lo que dejará 250.000 vehículos fuera de producción y cerrará temporalmente una veintena de plantas en EE UU, Canadá y México.

Los tres grandes de Detroit emplean a cerca de 250.000 personas, que se elevan al millón con las empresas de componentes. El presidente del sindicato United Auto Workers, Ron Gettelfinger, repitió ayer insistente durante una rueda de prensa que la suspensión de pagos "no es una opción" para el sector. Tanto el presidente en funciones como el electo, Barack Obama, urgieron a sus respectivos partidos para que autorizaran el crédito, porque no pueden permitirse el derrumbe de una industria a la que están vinculados tres millones de empleos.