El Banco de España imputa tres faltas muy graves a los consejeros de Cajasur

El Banco de España ha levantado la alfombra en Cajasur y lo que ha encontrado debajo no es solo polvo. El pliego de cargo que está enviando a las personas que han ejercido puestos de responsabilidad en la entidad describe una forma de actuar en la entidad dirigida por el Cabildo catedralicio de Córdoba de barra libre, en el que los requerimientos enviados por el supervisor desde su primera inspección en 2004 han sido sistemáticamente desatendidos por los gestores. La caja cordobesa fue intervenida por el Banco de España el pasado 21 de mayo. El 17 de julio fue adjudicada a la vasca BBK. Hasta el mes de agosto Cajasur había perdido 852,5 millones de euros.

El panorama que describe el Banco de España en los expedientes remitidos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, describe una caja caracterizada por un perfil de riesgos "determinado por operaciones con marcado tinte especulativo y de elevados importes en el sector inmobiliario", "una falta de eficacia y de continuidad en la gestión" y un "aumento de riesgo de liquidez", entre otras características.

Las instructoras destacan la falta de control en el grupo de empresas

El supervisor detalla numerosas operaciones autorizadas por la caja cordobesa con muchas empresas, sobre todo del sector inmobiliario. Según consta en el pliego de cargos, a 31 de diciembre de 2009, Cajasur tenía "excesos a los límites de grandes riesgos" con tres corporaciones superior al 25% de los recursos propios: el grupo de empresa de Cajasur; las empresas agrupadas bajo la denominación Sánchez Ramade; y las empresas del grupo Prasa.

En el pliego se afirma que el alto perfil de riesgos de la caja se inició en 2002. Sin embargo, el Banco de España señala el 2004 como la fecha clave. Una inspección realizada en septiembre de ese año "supuso un cambio total en la percepción supervisora que se tenía de la caja, determinando un perfil de riesgo global de la caja alto", de nivel de prioridad 1. Desde entonces, la entidad estuvo sometida a un continuo seguimiento. El que fuera presidente de la entidad durante casi tres décadas, el sacerdote Miguel Castillejo, conocido como Fray Langostino, no está expedientado.

El Banco de España responsabiliza de esta situación a 35 consejeros, pertenecientes a los dos últimos consejos de administración, y a cinco directores generales. Entre estas personas se encuentran los dos últimos presidentes de la entidad, los canónigos Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra, numerosos sacerdotes, un obispo -el de Bilbao Miguel Iceta- y tres candidatos a la alcaldía de Córdoba: el alcalde, Andrés Ocaña (IU); José Antonio Nieto (PP); y Juan Pablo Durán (PSOE).

No a todos les imputa las mismas faltas. El Banco de España describe tres infracciones muy graves y una grave. La primera está sancionada con multas de hasta 150.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección de hasta 10 años. La segunda puede implicar amonestaciones, multas no superiores a los 90.000 euros e inhabilitación por un año.

La División de Instrucción de Expedientes del Banco de España considera a los 35 consejeros y cinco directores generales responsables de las "deficiencias detectadas en materia de control interno", en el que las dos instructoras que han redactado el pliego califican de "especialmente significativas" las carencias en el grupo de empresas de Cajasur.

Por infracción muy grave por insuficiente cobertura de los recursos propios mínimos imputa a los 20 miembros del último consejo de administración y al director general, Antonio Barral. La propia caja había situado este mínimo en 968 millones de euros pero, en diciembre de 2009, "sus recursos propios ascendían a 444 millones", 523 menos de lo que debía, y el coeficiente de solvencia era del 3,67% (y debería estar por encima del 8%).

También con la misma tipificación de muy grave considera el Banco de España que fue la decisión de 11 consejeros de rechazar la fusión con Unicaja, la única tabla de salvación que tenían para evitar la intervención. Los 11 consejeros son los canónigos Gómez Sierra, Fernando Cruz-Conde (vicepresidente de la caja), Manuel Pérez Moya, Alfredo Montes, Francisco Orozco y Joaquín Nieva. Además, figuran cuatro impositores, el representante del sindicato Aspromonte y el miembro del PP que se abstuvo. El supervisor deja fuera de esta falta a los consejeros que votaron a favor de la unión con la caja malagueña.

Al último consejo de administración y al director general también se le imputa una infracción grave por incumplimiento en materia de límites de riesgos.

Todos los expedientados tienen 30 días para presentar alegaciones.