El juez niega a la Federación las escuchas sobre los presuntos amaños del Hércules

El Hércules, en principio, seguirá en la Primera División y las grabaciones con suculentas ofertas a jugadores de cuatro equipos rivales, recogidas en el sumario del caso Brugal y referidas a la lucha por el ascenso a la máxima categoría en el curso pasado, quedarán en vía muerta. El juez que investiga la supuesta compra de partidos de fútbol durante la pasada temporada por parte del máximo accionista del Hércules, el constructor Enrique Ortiz, decidió ayer no remitir a la Federación Española de Fútbol (RFEF) ni al Consejo Superior de Deportes (CSD) el contenido de estas conversaciones de Ortiz con familiares y amigos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, argumenta en el auto que entregar esas grabaciones telefónicas supondría "una intromisión en la intimidad" y que así se podría violar el secreto de las comunicaciones. El juez desestima de esa manera la petición del fiscal anticorrupción para que comunicara las irregularidades descubiertas a los organismos deportivos. Aunque cabe la posibilidad de un recurso por parte de la fiscalía, el auto está "bien fundamentado", según fuentes jurídicas consultadas por este diario.

El magistrado alega que el hallazgo de las conversaciones fue "casual"

Ortiz está imputado en el 'caso Brugal' por cohecho, fraude y tráfico de influencias

En el auto judicial se recuerda que la compra de partidos no es un delito penal

Esto cambiará a partir del 22 de diciembre, cuando entre en vigor la reforma del código

El magistrado, además, alega que "el hallazgo de estas conversaciones fue casual", ya que el origen y el motivo de las escuchas telefónicas es el denominado caso Brugal, una investigación judicial iniciada en mayo de 2007 sobre una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la recogida de residuos sólidos en la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante. El principal accionista del Hércules, Enrique Ortiz, está imputado en ese sumario general, aún secreto, por los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. El juez del caso Brugal de Orihuela ya decidió derivar el tema de las escuchas telefónicas relacionadas con el Hércules al juzgado de Alicante, que acordó archivar las diligencias al entender que "los hechos no son constitutivos de delito". Pese a ello, el fiscal pidió que se trasladará el sumario al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol. Petición que ha sido ahora desestimada.

El juez recuerda en el auto que "las intervenciones telefónicas se deben ordenar en el caso de delitos graves" y que el supuesto caso de compra de partidos no es un delito penal. Un escenario que cambiará el próximo 22 de diciembre, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal, que contemplará como delito "alterar de manera deliberada o fraudulenta el resultado de una prueba deportiva.

En unas de estas grabaciones, publicada por EL PAÍS y que hace referencia al partido que enfrentó el Hércules con el Córdoba el 10 de mayo, el constructor alicantino admitía, hablando con un familiar: "Le di 100.000 euros [a Raúl Navas, el portero del Córdoba, según se deduce de la conversación]. En el primer gol de Tote se tira para el lado contrario... Es que fue la hostia, macho... El cuatro a cero"... En otro momento de la conversación, el contratista agrega: "Al Salamanca le ofrecimos 150.000 euros. No quisieron y les metimos también cuatro".

El grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante criticó el mutismo de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, que celebró el ascenso y brindó con Ortiz en el Ayuntamiento al decir: "Enrique, el dinero y los amigos son para las ocasiones". El concejal socialista Lalo Díez considera que la afición "no se merece lo que está pasando y el club debe estar al margen de estas injerencias".