El fiscal italiano pide suspender a Valverde

Inexorable, inasequible y autónomo, Ettore Torri, fiscal antidopaje del Comité Olímpico Italiano (CONI), sigue adelante, acorde al plan trazado, a una hoja de ruta prefijada que le indicaba que tal día como ayer, 40 días después de recibirlo en Roma, tocaba solicitar al Tribunal Nacional Antidopaje (TNA) que sancionara con dos años de suspensión a Alejandro Valverde por "tentativa de dopaje". El TNA, un organismo presidido por Francesco Platino, se reunirá en un plazo no superior a tres semanas para decidir sobre la petición después de estudiar tanto las pruebas presentadas por el CONI -presididas, supuestamente, por un análisis de ADN que demuestra que una de las bolsas de plasma halladas en la consulta del doctor Eufemiano Fuentes corresponde a Valverde- como las de la defensa del ciclista.

Valverde: "El CONI actúa de forma ilegal y desobedece a la justicia española"

"Contesto tanto la competencia y la jurisdicción de la justicia deportiva italiana para juzgar a Valverde como al uso de una prueba, una bolsa de sangre, a pesar de la prohibición de la justicia española", dice Federicco Cecconi, abogado milanés que defiende a Valverde. Se refiere Cecconi al auto del juez español Antonio Serrano, el instructor de la Operación Puerto, desautorizando a las autoridades deportivas italianas el uso de una muestra de sangre que su propio juzgado, el 31 de Madrid, le había entregado. Mientras Serrano se refería a que el CONI, para conseguir la muestra, se había pasado por quien no era, una autoridad penal, el CONI, en su alegación, le recordaba que había sido el fiscal penal de Roma, Paolo Ferraro, quien había hecho en realidad la petición. Sin embargo, el CONI no ha esperado a la resolución de esa apelación para seguir con su procedimiento.

"Sopesamos la posibilidad de presentar una querella contra el CONI por desobediencia judicial y fraude", dice José Rodríguez, abogado de Valverde; "contestamos de entrada el principio de justicia universal que se arroga el CONI para juzgar a un ciudadano no italiano por unos hechos no cometidos en Italia".

Valverde no habló ayer, pero en un comunicado expresó su "sorpresa e indignación" ante "la instrucción de un procedimiento disciplinario" por hechos que afirma no haber cometido. "El CONI pretende mantener una competencia para juzgar estos hechos de la que evidentemente carece, con argumentos lamentables desde el punto de vista jurídico e incluso lógico", continúa la nota; "asimismo, el CONI está presentando unos argumentos totalmente erróneos, actuando de forma ilegal, desobedeciendo las órdenes de los juzgados penales españoles y vulnerando los derechos fundamentales del ciclista".

Si el TNA suspendiese a Valverde, la sanción sólo tendría efectos en territorio italiano -lo que le privaría, de todas maneras, de disputar el Tour 2009, con una etapa por el valle de Aosta- hasta que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lograra que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le diera carácter mundial. Sin embargo, se pondría en grave peligro la carrera de Valverde, en cuyo contrato con el Caisse d'Épargne figura una cláusula de rescisión unilateral en caso de sanción por dopaje. Y, aunque así no ocurriera, difícilmente la Vuelta, celosa de la imagen de su prueba, permitiría participar a un corredor sancionado en otro país.

En paralelo a los movimientos del CONI, la federación española, a instancias del Consejo Superior de Deportes (CSD), solicitó el 23 de febrero al juez Serrano la cesión de muestras de sangre de las 99 bolsas conservadas en Barcelona para la apertura de expedientes a los ciclistas implicados en la Operación Puerto. El juez comunicó el martes a las partes que tenían tres días para emitir su parecer. El CSD, a través de la abogacía del Estado, ha informado positivamente.

"Respetamos la autonomía del CONI y el libre ejercicio de actuación en el ámbito de su competencia", señalan en un comunicado conjunto el CSD y la agencia española antidopaje; "no obstante, actuaremos de conformidad con lo que resuelva la justicia española respecto a la petición de todas las pruebas solicitadas por la federación española, de acuerdo con los principios de legalidad e independencia judicial que rigen nuestro Estado de derecho".

Otro ramal de la Operación Puerto, el presunto delito contra la salud cometido por Eufemiano Fuentes, José Luis Merino Batres, Yolanda Fuentes, Alfredo Córdova, Manolo Saiz, Vicente Belda y Alberto León, se resolverá próximamente en juicio oral.