Un escándalo empantanado

Dopaje Estado actual de la Operación PuertoEl 9 de mayo pasado, la Sección de Consumo y Medio Ambiente (Secoma) de la Guardia Civil, un grupo policial que seguía la pista a un presunto delito de importación ilegal, falsificación y tráfico de medicamentos, solicitó al Juzgado de Instrucción número 31 de la plaza de Castilla, de Madrid, la intervención, grabación y escucha de los telefónos móviles utilizados por Eufemiano Fuentes, ginecólogo canario que llevaba años trabajando como médico deportivo en atletismo, fútbol y ciclismo, y José Luis Merino Batres, hematólogo propietario de unos laboratorios de análisis en Madrid. Comenzaba la parte visible de la Operación Puerto, una investigación oscura y anónima que, al topar con el mundo del deporte, se transformó inicialmente en mediático y espectacular golpe contra el dopaje. Seis meses después, intervalo de tiempo que se cumple esta semana, Operación Puerto se ha convertido en sinónimo de ineptitud, impericia, caos, catálogo de tácticas obstrucionistas, guirigay judicial, niebla, enredos judiciales y lentitud. Y en símbolo de las miserias que han dejado al ciclismo, en palabras de sus dirigentes, al borde de la extinción.

Pero lo que domina es la confusión kafkiana. Documentos que valen y no valen. Ciclistas que no están sancionados, pero a los que nadie ficha. Un sponsor con dos equipos y un equipo sin sponsor. Denuncias y querellas en varios juzgados. Un director general y un teniente de la guardia civil imputados.

Y dos frases para definirlo todo.

Una, de Jaime Lissavetzky, un secretario de Estado para el Deporte que convirtió la lucha contra el dopaje en una de las prioridades de su política, y ahí está la ley antidopaje para demostrarlo, lo que le ha valido que en uno de los años más espectaculares del deporte español sólo se le reclame en los medios para hablar de escándalos. "Esto es como eso de que cuando el sabio señala la Luna el tonto le mira el dedo", dice a sus amigos. El sabio es él; la Luna, el dopaje; las pruebas de la Operación Puerto, los tontos, todos aquellos acusados, imputados e implicados que han logrado que sea más importante la presunta mugre en las uñas del sabio, los posibles errores en la instrucción del caso, que la Luna, toda la miseria sacada a la luz, el pavor.

La otra frase es de Yolanda Fuentes, hermana de Eufemiano, uno de los principales imputados, también médica y también imputada. "Vamos a estar los de siempre", dice a los amigos, a quienes habla de un nuevo equipo financiado por el cabildo canario de Fuerteventura. "Los de siempre" son los de siempre, los que formaron el Comunidad Valenciana, el equipo que desapareció después de que dos de sus directores, Vicente Belda e Ignacio Labarta, y la médica Fuentes fueran imputados por un presunto delito contra la salud.

- Un documento para limpiar

El 23 de mayo pasado, la Guardia Civil detiene a Fuentes, Merino Batres, Labarta, Manolo Saiz, director del equipo entonces llamado Liberty Seguros, y Alberto León. Posteriormente, registra varios domicilios de Madrid, en los que halla 195 bolsas de sangre congelada o refrigerada, gran cantidad de medicamentos y centenares de documentos. Una gran trama de dopaje especializada en la transfusión de sangre quedaba desarticulada. El juez declara secreto el sumario, pero un mes después, el 25 de junio, EL PAÍS publica algunas de sus piezas más clarificadoras. Este hecho desencadena los acontecimientos.

El mismo domingo 25 de junio, una semana antes del comienzo del Tour, los ciclistas españoles boicotean le Campeonato de España para protestar por el linchamiento al que se creen sometidos.

Dos días después, el 27 de junio, los investigadores elaboran un informe con "las identificaciones y distintas implicaciones de deportistas o personal relacionado". En él se cita en total a 56 corredores. El juez Antonio Serrano levanta el secreto del sumario dos días después y dispone que dicho informe pueda ser utilizado por las autoridades deportivas para proceder a las pertinentes sanciones administrativas. Esa misma noche, la federación española lo transmite por fax desde Madrid hasta Suiza, a la sede de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El día siguiente, 30 de junio, el mismo documento es utilizado por los equipos para aplicar el código ético en sus filas e impedir la participación en el Tour de Ullrich, Sevilla, Basso, Mancebo y el equipo Liberty, que no puede contar con el mínimo de corredores sin implicar. Distribuido por la UCI a las diferentes federaciones con corredores implicados, el documento debería servir de base para la apertura de expedientes disciplinarios a los ciclistas.

- Unos documentos intocables

La justicia no es el único estamento lento en el mundo. Pasan los días, las semanas, los meses, y ninguna federación expedienta a ningún ciclista. Los implicados se instalan en el limbo. Los más importantes, los que militan en equipos del ProTour, sufren la aplicación del código ético: son suspendidos de empleo, no de sueldo. Algunos, como Ullrich o Basso, negocian la rescisión del contrato. Los de los demás equipos, mientras tanto, pueden seguir corriendo. Y lo hacen. Y hasta ganan carreras, como David Blanco, del Comunidad Valenciana, en la Vuelta a Portugal. Y entonces, de repente, el golpe inesperado: el 3 de octubre, Carmelo Jiménez, juez sustituto del 31, prohíbe expresamente a las autoridades deportivas la utilización de los documentos de la Guardia Civil para sancionar a los deportistas. Inmediatamente, la federación española archiva las actuaciones. Cierra el cajón a la espera de nuevas decisiones judiciales.

Las autoridades deportivas de medio mundo cuentan con un mapa único y detallado, el plano del tesoro del funcionamiento de un grupo dedicado a organizar el dopaje en el ciclismo, de pruebas claras que demuestran el dopaje de decenas de deportistas, y no pueden hacer otra cosa que contemplarlas y maldecir.

Tanto escándalo para nada.

¿Para nada?

La decisión del juez tampoco ha sido acogida con unanimidad entre los especialistas de derecho deportivo.

Javier Hervás, abogado de Cuatrecases que lleva los asuntos de algún corredor implicado, piensa que es un error. "Creo que se ha producido un exceso de jurisdicción por parte del juez sustituto: la administración deportiva podría seguir actuando", dice Hervás, que ha propugnado la colaboración de sus deportistas con la investigación policial. "La documentación es válida para ambas vías: en la penal, para probar un delito contra la salud; en la deportiva, para una infracción de dopaje. Y también se pueden utilizar en la vía laboral para justificar un despido. Los planes de medicación hallados valen para sancionar; son pruebas que satisfacen, superiores a un mero balance de probabilidades".

Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, sí que encuentra justificada la decisión del juez. "Lo más complicado son las pruebas que la policía obtiene con autorización judicial. El dopaje es sólo una infracción administrativa: no es delito", dice. "Así se produce una inadecuación entre medios y fines; es como matar moscas con cañonazos. La infracción de derechos fundamentales sólo es permisible en la persecución de delitos, no de infracciones administrativas. Los documentos hallados en los registros sí que deberían poder usarse, sin embargo".

- La jurisprudencia Montgomery

Sin embargo, en Estados Unidos, la USADA (agencia antidopaje) sigue manejando los documentos prohibidos en teoría para el expediente abierto al ciclista Tyler Hamilton. "Es normal que la federación española se haya asustado. En España los deportistas abusan del tribunal de lo contencioso administrativo para buscar suspensiones cautelares", explica un experto internacional que prefiere guardar el anonimato. "La UCI, sin embargo, sí que puede recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) el archivo de las actuaciones y usar la documentación judicial. Y cuenta a su favor con la jurisprudencia que pudo sentar el caso Montgomery".

A Tim Motgomery, atleta estadounidense que nunca resultó positivo en un control, el TAS le sancionó admitiendo como medio de prueba todo tipo de elementos aportados por la USADA. Aunque le bastó al tribunal deportivo con la declaración acusatoria de la atleta Kelly White, la USADA aportó, entre otras cosas, los papeles, documentos y pruebas hallados por la policía en el registro del laboratorio BALCO que una comisión del Senado estadounidense le había hecho llegar. Y también se usaron las filtraciones que de la declaración secreta de Montgomery ante el Gran Jurado publicaron en el San Francisco Chronicle. Así se probó un positivo no analítico.

- Los ciclistas siguen en el limbo

No hay sanciones. Y tampoco parecen adivinarse en el horizonte, a menos que la UCI o el Consejo Superior de Deportes intervengan con energía, pero no por ello los corredores implicados pueden pensar que han salido ganando del desarrollo -mejor, de la falta de desarrollo- de los acontecimientos.

Los ciclistas exculpados provisionalmente tras el archivo de la federación española están como antes: leprosos a los que nadie quiere o puede fichar. Todos los equipos del ProTour, salvo dos, el CSC y el Discovery, se comprometieron en pacto de caballeros a no contratar a ningún corredor de la lista de 56 elaborada por la Guardia Civil pese a que ninguno de ellos pueda, por ahora, ser sancionado. El Tour de Francia ya ha anunciado que no permitirá a ninguno de ellos participar en su carrera. El Caisse d'Épargne, de Eusebio Unzue, tuvo que romper inmediatamente las negociaciones que mantenía con Rubén Plaza, del Comunidad Valenciana. Todos esperan acontecimientos. El ProTour está en el aire. La UCI es un organismo debilitado. El Giro quiere a toda costa que Ivan Basso participe. Johan Bruyneel, director del Discovery, no parece haber descartado aún la posibilidad de fichar al mejor ciclista italiano.

El refugio natural entonces de los apestados, que deberían ser los equipos continentales no sujetos al código ético, aunque relegados a participar en carreras de segundo nivel, tampoco se da. No contratan: aprietan sus presupuestos y esperan que el paso del tiempo abarate las pretensiones económicas de los corredores.

Se dan situaciones curiosas, aunque inevitables dado el carácter kafkiano de la situación. Los del Comunidad Valenciana, el equipo desaparecido, que tienen aún contrato en vigor para la próxima temporada pueden elegir entre cobrar del Govern valenciano y no correr en 2007, o correr en otros equipos y no cobrar lo mismo, sino bastante menos.

- Denuncias y querellas

Imputados, acusados e implicados por igual no han dudado en ningún momento en defenderse mediante la vieja táctica de colocar palos entre las ruedas de la justicia, lo que se llama elevar cortinas de humo. Así, en estos momentos nada menos que tres juzgados de Madrid atienden asuntos derivados de la Operación Puerto. El número 31 lleva el sumario abierto por presunto delito contra la salud en el que están imputados ocho personas: los hermanos Fuentes, Belda, Labarta, Merino, Saiz, León y Alfredo Córdova, médico del Liberty. El número 19 admitió el 13 de agosto una denuncia de Saiz por presunta prevaricación y falsedad contra Rafael Blanco, director general de Deportes, a quien el técnico cántabro acusa de haber manipulado el documento elaborado por la Guardia Civil que sirvió de base para la aplicación del código ético en el Tour. La juez ha citado como imputado al teniente de la guardia civil que redactó el documento. Y el número 47 entiende de la denuncia de nueve ex corredores del Liberty contra el secretario de la federación por revelación de secretos.

Ninguna de las denuncias, sin embargo, pone en duda la veracidad de los documentos, escuchas y grabaciones que sacaron a la luz las prácticas dopantes del grupo de Eufemiano.

- Un Astana y dos equipos

Mientras tanto, la UCI decidió mantener la licencia al equipo de Manolo Saiz pese a los indicios de dopaje organizado y a que su último patrocinador, las autoridades de Kazajistán y su marca Astana, han hecho saber que han roto su contrato de patrocinio. Un grupo suizo cuenta, al parecer, con las bendiciones kazajas ahora, pero Saiz mantiene los contratos de sus estrellas, entre ellos Alexander Vinokúrov, el ganador de la Vuelta, quien le ha hecho saber que no quiere seguir con él. El 20 de noviembre deberá Saiz presentar la documentación de su equipo para seguir con licencia en 2007.