Abolida la pena de muerte en Illinois
El gobernador del Estado aprueba la suspensión de la pena capital tras 10 años de lucha
El Estado de Illinois dice adiós a la práctica cruel de la pena de muerte. El gobernador Pat Quinn ha firmado este miércoles la abolición de la pena capital tras un largo y tortuoso camino que comenzó hace 10 años con otro gobernador, George Ryan, y la moratoria que congeló las condenas a muerte en ese Estado. Hace dos meses, el Capitolio de Illinois votó a favor de prohibir la pena de muerte. Sólo faltaba la firma del gobernador.
Illinois se une así a los otros 15 Estados de la Unión que no tienen la pena capital como castigo en sus legislaciones -de un total de 50-. Otros 34 la permiten. La moratoria de hace 10 años se inició como consecuencia de la sospecha de que al menos 13 personas habían sido condenadas a morir por error. Poco antes de abandonar el poder en 2003, el gobernador Ryan vació los corredores de la muerte de Illinois y conmutó las condenas de 167 presos. La última ejecución de Illinois se llevó a cabo en 1999. Aun así, 15 presos seguían en la actualidad en ese Estado condenados a muerte, sentencias que el gobernador Quinn ha conmutado por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.
La nueva ley que prohíbe la pena de muerte entrará en vigor el próximo 1 de julio. El último Estado en sumarse a las filas abolicionistas fue Nuevo México en el año 2009, aunque la gobernadora republicana Susana Martínez ha expresado deseos de reinstaurarla tras su llegada al poder el pasado mes de noviembre.
Desde que el Tribunal Supremo reinstaurase la pena capital en 1976, en Illinois se han cometido 17 homicidios legales. Andrew Kokoraleis fue el último en fallecer tras una inyección letal el 17 de marzo de 1999 tras ser encontrado culpable de mutilar y asesinar a una mujer de 21 años.
Desde el año 1977, en Estados Unidos han sido ejecutadas 1.242 personas. En total, 3.261 personas esperan en los corredores de la muerte de Estados Unidos a que les llegue su turno, con una espera media de 15 años desde que se dicta la condena hasta que se les coloca la inyección letal en el brazo.
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